Hasta que se han convertido, de facto, en imposiciones. Es un socio especial por tamaño y poder en la eurozona, con más legitimidad en el reclamo de autonomía pero también mayor presión de la cúspide comunitaria.
Hay quien ve que en Francia una prueba definitiva para la gobernanza económica de Bruselas y el éxito de las políticas neoliberales: si se consigue que un estado tan potente ataque los principios fundamentales de su ley de protección del trabajo, se abre una senda clave para las demandas comunitarias.
Es el análisis que plantea la plataforma pro transparencia pública Corporate Europe Observatory (CEO), para la que cuatro grandes momentos del “gobierno económico” de la UE están detrás de la llamada Ley ‘El Khomri’, la reforma del Ejecutivo francés contra la que miles de trabajadores galos vienen manifestándose masivamente desde el pasado mes de marzo. “Aunque los trabajadores franceses no sean conscientes de ello, están librando una guerra europea”, asegura el colectivo.
Se trata del fortalecimiento del procedimiento de déficit, el llamado ‘semestre europeo’, el paquete legislativo “two pack” y el programa de vigilancia macroeconómica en la eurozona conocido como procedimiento de desequilibrio excesivo (MIP). Todos estos mecanismos, avalados por la Comisión Europea y también por el Consejo, habrían avanzado en la búsqueda de mayor mayor rentabilidad para las empresas mediante la reducción de salarios en Francia, aunque el responsable último no sea otro que el Gobierno de Hollande.
En primer lugar figuran las amenazas de sanciones por incumplimiento de déficit, que se tornaron más exigentes en 2011 con el llamado paquete legislativo ‘six pack’: preveía multas de miles de millones de euros y una erosión grave en la confianza y la relación con el resto de socios para el país multado. No en vano el “procedimiento de déficit excesivo” introdujo el sistema de voto inverso en el Consejo Europeo. De esta forma, si la Comisión plantea una sanción, habría que lograr una mayoría cualificada entre los 19 para bloquearla.
En segundo lugar, CEO recuerda que hasta 2013 apenas se aludió a la legislación laboral de los estados miembro. Pero en adelante las recomendaciones para el control del déficit tuvieron otro tono en el caso de Francia. La Comisión Europea pidió al Ejecutivo galo “reformas estructurales de gran alcance” en el marco del llamado “semestre europeo”, un ciclo anual de coordinación por el que los países de la UE acompasan sus políticas económicas, presupuestarias, de empleo y de otro tipo. Esas reformas estructurales se definen como cambios sobre “los motores fundamentales del crecimiento mediante la liberalización de trabajo, productos y mercado de servicios”.
Las recomendaciones del semestre europeo no eran vinculantes en 2011, pero comenzaron a serlo dos años después, con el llamado “two pack”. Para Francia, como para otros socios, supuso un nuevo tono en las recomendaciones de la Comisión, que vincularon las reformas en su legislación laboral y el sistema de pensiones a las posibles multas por incumplimiento del déficit.
El procedimiento de desequilibrio excesivo (MIP) es una herramienta de supervisión macroeconómica de Bruselas que busca “mejorar la gestión económica”, de forma paralela a la vigilancia del déficit. Permite a la Comisión controlar las economías de la eurozona en base a determinados indicadores. Uno de ellos es el coste laboral unitario: vigila así que la competitividad no sufra al aumentar los salarios, y ordena medidas en caso contrario. Francia ha estado mucho en el punto de mira de la Comisión por ello durante mucho tiempo.
La UE ha identificado qué factores de la ley de trabajo en Francia contribuyen a “la limitación de la capacidad de las empresas para negociar ajustes salariales a la baja”, y el Gobierno ha sido advertido de ello. En 2014, la Comisión avisó de que la rentabilidad de las empresas seguía siendo baja en Francia, lo que limita “las perspectivas de desapalancamiento y la capacidad de inversión”.
Los dos últimos años han sido claves en la presión de la UE sobre el mercado laboral francés: en 2015 la Comisión llegó a señalar a Bulgaria y Francia como los casos más urgentes, lo que les situó a un paso del inicio del temido “procedimiento de desequilibrio excesivo” y las multimillonarias sanciones. En el caso de Francia, hasta 11.000 millones de euros.
En ese punto el Ejecutivo dirigido por Manuel Valls pidió dos años más para llevar a cabo una reforma inevitable. Modificó levemente la legislación laboral con la llamada ‘ley Macron’ y postergó los ajustes duros, que se han presentado en 2016 y han hecho arder, literalmente, las calles de París y provincias.
Según destaca CEO, la última especificación de la reforma desde Bruselas fue “reformar la ley laboral para proporcionar más incentivos para los empleadores que contratan a indefinidos; facilitar la toma de decisión en materia legal de las empresas y excepciones en cuento al tiempo de trabajo sobre la actual legislación”.
“En otras palabras, las mismas reformas más contestadas de la ley El Khomri”, apunta CEO. Cree que la reforma de Hollande es un “corta-pega” de la propuesta de la Comisión Europea, que entusiasmó a la patronal francesa: los empresarios la incluyeron en su barómetro de 2016 como conjunto de medias “extremadamente importante”.
