Entre los victimarios se encuentra el PCI (personal civil de inteligencia) Raúl Antonio Guglielminetti, alías "Mayor Rogelio Guastavino".
En su alegato Romero sostuvo que las agresiones sexuales sufridas por una de las víctimas secuestradas en el centro clandestino de detención "La Escuelita", en agosto de 1977, también deben ser consideradas delito de lesa humanidad.
El representante del Ministerio Público Fiscal pidió también para todos los imputados inhabilitación absoluta, accesorias legales y costas, por ser reincidentes.
Los pedidos de condena a 25 años son para el ex jefe del Batallón Militar donde funcionó el centro clandestino, el general (R) Enrique Braulio Olea; el ex jefe de la comisaría de Cipolletti (Río Negro), Antonio Alberto Camarelli; el ex agente de Inteligencia Raúl Antonio Guglielminetti; el ex médico militar Hilarión de la Paz Sosa; el ex jefe de la Policía de Neuquén, Antonio Laurella Crippa; y el ex jefe militar de la comisaría de Cipolletti, mayor (R) Gustavo Viton.
También solicitó 25 años de cárcel para los ex policías de Río Negro Saturnino Martínez y Miguel Ángel Quiñones, así como para el ex segundo jefe de la delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Alberto Soza.
El fiscal pidió la misma pena para los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 182 de Ejército, coronel (R) Jorge Di Pascuale, el capitán (R) Marcelo Jorge Molina Ezcurra y el
teniente coronel (R) Sergio Adolfo San Martín.
También solicitó 12 años de prisión para el general (R) Néstor Rubén Castelli, ex oficial de la Policía Federal Miguel Ángel Cancrini; el ex comisario de la Policía de Neuquén Emilio José Rozar; el comandante de la Gendarmería Nacional (R) y experto en inteligencia Ramón Saboredo; y el teniente coronel (R) Enrique Luis Sires.
Para el ex oficial de la Policía Federal de Neuquén Gustavo Sommer requirió 10 años; 12 para el ex policía de Río Negro Julio Héctor Villalobo y para el ex policía rionegrino Gerónimo Enerio Huircaín pidió 13 años. de condena.
En su alegato, el fiscal Romero pidió que "se califique a todos los delitos como crímenes de lesa humanidad, que se tenga presente que los ilícitos que aquí se juzgan son imprescriptibles e inderogables, no admiten beneficios del indulto ni leyes de amnistía, ni similares, y se rechacen las propuestas que pretender otorgarle ultraactividad a las leyes de obediencia debida o punto final".
Además, exigió la destitución de quienes ostentan cargo militar y que se suspenda el goce de toda jubilación, pensión o retiro que pudieran percibir.
Finalmente, Romero requirió la revocatoria de la excarcelación que gozan Miguel Ángel Cancrini, Gerónimo Enerio Huircain, Saturnino Martínez, Miguel Ángel Quiñones, Emilio José Rozar, Ramón Luis Ángel Saboredo, Luis Enrique Sires, Julio Héctor Villalobo, Gustavo Vitón; Néstor Rubén Castelli.
