“Por este centro pasaron más de cien víctimas del terrorismo de Estado y nos organizamos para reclamar su entrega con el fin de instalar acá un sitio de la memoria”, dijo a Télam el titular de la Comisión Provincial de Derechos Humanos Ramón Artieda, en el acceso a la Compañía de Monte 12 del Ejército, en Corrientes, donde funcionó el Regimiento de Infantería 9.
La inspección se realizó por orden del juzgado federal a cargo de Carlos Soto Dávila, a raíz de un pedido del jefe de la Compañía, el teniente coronel Cristian Miradelli, quien solicita la restitución del predio y la edificación donde funcionó un centro clandestino de detención de la dictadura, para su uso con fines
militares.
Sobre esa cuadra del ex Regimiento 9 rige una medida cautelar con orden de no innovar, resuelta en 2004 por el juez Soto Dávila durante la instrucción de la causa por crímenes de lesa humanidad que se juzgó en 2008 y por la cual fueron condenados 3 militares y un gendarme en Corrientes. Pero asimismo se encuentra en etapa instructoria la causa denominada “Séptima Brigada”, que investiga las responsabilidades de las jerarquías militares en la represión ilegal durante la dictadura en
Corrientes.
Por ese motivo quien encabezó la inspección de hoy fue el secretario de Derechos Humanos del juzgado, Javier Otazo, que recorrió las instalaciones junto al fiscal federal Juan Martín García, el abogado de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, Ramón Leguizamón, así como otros funcionarios del ministerio público y la justicia y un abogado del Ejército.
“El inmueble se encuentra en un estado de deterioro pero no con peligro de derrumbe”, consideró en un contacto con Télam una fuente judicial que dialogó con las partes en el predio.
Por su parte, los representantes de los organismos de Derechos Humanos de Corrientes se concentraron en el ingreso del ex regimiento donde formalizaron una convocatoria para el jueves 3 de noviembre a las 18 en el Archivo de la Memoria municipal, con el objeto de unificar posturas de cara a una solicitud formal de entrega de la barraca y su posterior utilización como sitio de memoria.
“En ese galpón, durante 1976, fueron detenidos y torturados militantes montoneros bajo custodia de soldados conscriptos de Santiago del Estero y Formosa, mientras que en 1977 hubo detenciones de miembros del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) con custodia de Gendarmería”, explicó a Télam, Ramón Artieda.
Fuentes del ministerio público precisaron a Télam que en la causa juzgada en 2008 por ese centro clandestino se registraron hechos contra 15 víctimas y que en el expediente sobre la Séptima Brigada hay declarados 102 víctimas que pasaron por el regimiento, cuyo terreno fue donado con cargo al Ejército por la familia Torrent de Corrientes.
