“Al eliminar las garantías legales contra la tortura, el Gobierno turco dio un cheque en blanco a las fuerzas del orden para torturar y maltratar a los detenidos como quieran”, ha declarado hoy martes el director para Europa y Asia Central de la organización Human Rights Watch (HRW), Hugh Williamson, por medio de un comunicado.
La nota insta al Gobierno de Turquía a reintroducir garantías contra la tortura, aprovechando la publicación, hoy mismo, de un informe titulado “Un cheque en blanco: la suspensión de las garantías contra la tortura tras el golpe militar de Turquía”.
Williamson recuerda que, con el decreto del estado de emergencia, se aprobó una disposición que absuelve a los funcionarios de cualquier responsabilidad de sus actos, lo que afecta directamente a los detenidos bajo custodia policial.
El informe de HRW detalla en 43 páginas trece casos de denuncias de maltrato de presos con privación de sueño, palizas, abusos sexuales y amenazas de violación cometidos en dependencias policiales.
Precisa además que las víctimas son en gran parte personas acusadas de formar parte de la cofradía del líder opositor exiliado Fethulá Gülen, al que Ankara acusa de instigar el fallido golpe de julio contra el Gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan.
Pero también se han extendido los mismos métodos a supuestos simpatizantes del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, la guerrilla kurda de Turquía) y de otros grupos de izquierda contrarios al Gobierno, agrega el estudio.
Por su parte, Amnistía Internacional instó en el mismo mes de julio a las autoridades turcas a cumplir sus obligaciones en virtud de la normativa internacional sobre derechos humanos, y a no infringir los derechos de los detenidos invocando el estado de emergencia.
