La Justicia en lo Contencioso Administrativo de La Plata dispuso este viernes que la ministra de Salud provincial, Zulma Ortiz, abone una multa de 325 mil pesos por no cumplir con una medida cautelar que obligaba al Estado a dar cobertura médica y asistencial a un hombre.
La medida fue adoptada por el juez Luis Federico Arias, quien impuso esa suma a la funcionaria bonaerense, y ordenó el embargo de hasta el 20 % de su sueldo para hacer frente a esa sanción.
El perjudicado, identificado con las siglas M.A.F, buscaba atención sanitaria, como consecuencia de una afección que requiere complejos análisis médicos y, al no ser atendido en la Fundación Favaloro, presentó una medida cautelar en diciembre pasado.
En el fallo, el magistrado platense estableció que “el 1 de diciembre de 2015 se hizo lugar a una medida cautelar por la que se ordenó al Ministerio de Salud de la Provincia, a través de su Programa Federal Incluir Salud, a garantizar la cobertura médica y asistencial integral de las prestaciones, tratamiento, intervenciones y medicamentos que requiriera el demandante”.
Acto seguido, precisó que “el 12 de agosto de este año, se intimó a la ministra de Salud a que en el plazo de dos días hábiles de notificada, acredite el efectivo cumplimiento de la medida cautelar, bajo apercibimiento de hacer efectivas las sanciones que se establecieron en la suma de 5 mil pesos por cada día de demora”.
Arias también relató que la Fiscalía de Estado respondió que en contacto con la Fundación Favaloro “se coordinó que se va a garantizar la atención ambulatoria (consultas) del beneficiario”.
Sin embargo, en el texto redactado por el magistrado “se desprende que pese al tiempo transcurrido desde la medida cautelar, el Ministerio de Salud permanece renuente en la cobertura que requiere el complejo cuadro de salud del actor”.
Por tanto, Arias resolvió elevar una multa de 325 mil pesos a partir de la suma del monto de 5 mil pesos que fuera apercibido por la cantidad de 65 días que transcurrieron una vez vencida la intimación.
Además, ordenó a la Fundación Favaloro brindar atención al afectado, consulta, diagnóstico actualizado y prescripción de los medicamentos y/o tratamientos.
(AND)
