Según consigna el sitio Fiscales, del Ministerio Público Fiscal, la devolución de los documentos fue requerida por la empresa durante el proceso, y se trata de actas de directorio, actas de asamblea e inventario.
El hecho investigado ocurrió el 11 de julio de 1977 en la Ruta Nacional 9, cuando Ponce de León se dirigía a la Ciudad de Buenos Aires y su automóvil colisionó con una camioneta que viajaba en sentido contrario.
En el informe “Nunca Más”, confeccionado por la Conadep en 1984, se detalló que al momento de su muerte, el religioso "se dirigía a la Capital Federal con el objeto de llevar documentación a la Nunciatura Apostólica, relativa a la represión ilegal implementada en la Diócesis de San Nicolás (Buenos Aires) y Villa Constitución (Santa Fe)".
En la apelación a la devolución de los libros societarios, la fiscal Moretti, quien se desempeña como subrogante, fundamentó que los documentos "resultan fundamentales para el correcto esclarecimiento" de los hechos, dado que su estudio permitirá corroborar, entre otros aspectos, si a la fecha de los hechos la firma tenía actividades comerciales en Entre Ríos”.
La acusación pretende establecer si los ocupantes de la Ford F100 que pertenecía a la empresa Agropolo viajaban a Entre Ríos cuando se produjo el incidente de tránsito en el que murió Ponce de León.
"Todos los libros secuestrados en autos datan de la década del setenta, cuestión que genera cuanto menos curiosidad respecto a la urgencia de su devolución, si se considera que han transcurrido cuarenta años", sostuvo la funcionaria judicial en su apelación. Moretti remarcó además que “al día de la fecha no se pudo acreditar cuál era la actividad de la empresa en cuestión, ni que tuviese actividades agrícolas en la provincia de Entre Ríos".
Otro dato que resulta llamativo para la fiscal es que en 1977, el domicilio de la firma se encontraba cercano al del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. En ese sentido, la representante del ministerio público indica que “uno de los hermanos de los socios fundadores de Agropolo se desempeñó como Personal Civil de Inteligencia del Ejército”.
“La actual presidenta de la firma tiene 85 años y dijo que desconoce el giro comercial de la empresa, que nunca participó en reuniones de directorio, que ejerce esa función por la amistad con el estudio de contadores de la sociedad. Recién en 2002 la empresa se inscribió en la Administración Federal de Ingresos Públicos para tributar el impuesto a las ganancias”, argumentó Moretti al apelar la medida.
