El procedimiento se enmarca en el proceso de investigación denominado Operación Lava Jato, que investiga casos de corrupción en la empresa pública Petrobras. Los testigos - entre los que se encuentran ex-senadores, empresarios y ex-ejecutivos de la Petrobras y de la constructora Camargo Corrêa - fueron escuchados por el juez Sergio Moro, en Curitiba, capital de Paraná, a cargo de la investigación.
“Los fiscales de la Operación Lava Jato afirman tener convicción de que Lula obtuvo ventajas ilícitas de una constructora por haber facilitado fraudes en contratos de la Petrobras. Pero ninguno de los testigos convocados por los propios procuradores confirmaron esta tesis”, dijo la asesoría del ex-presidente Lula.
En un nota publica, los abogados defensores manifestaron que queda claro “el carácter frívolo de las acusaciones formuladas contra el ex-presidente Lula, características del lawfare, que es el uso de los procedimientos jurídicos para fines de persecución política”.
Los abogados además dijeron que el juez impidió que ellos hicieran el uso de la palabra en diversas oportunidades durante las declaraciones, yendo a contra mano de la ley n.º 9.906/1994 (Estatuto de los Abogados, en su art. 70, inciso X), “en un aparente esfuerzo por crear un clima de hostilidad”.
