“Cualquier medida encaminada a desincentivar la jubilación anticipada y permitir la ampliación de la vida laboral por encima de los 67 años tendría efectos positivos sobre la sostenibilidad financiera del sistema de la Seguridad Social”. Con esta frase, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, esgrimió la bandera del miedo durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso.
Linde tiró del argumentario —la propuesta no es novedosa— más básico e indicó que prolongar la edad de jubilación hasta los 67 años es una opción que se justifica por el aumento de la esperanza de vida, el retraso en la entrada en el mundo laboral, la menor necesidad física que requieren la mayoría de trabajos en la actualidad y la mejora de las condiciones físicas en edades más avanzadas.
El Gobernador del Banco de España añadió que algunos países han optado por incluir también en sus mecanismos de sostenibilidad un enlace automático entre la esperanza de vida y la edad a la que se permite la jubilación. Es el llamado factor de sostenibilidad.
En ese sentido, Linde puntualizó que otros países lo han enmarcado en un sistema de cuentas nocionales de contribución definitiva. Sobre este modelo, que es el que se aplica en Suecia, Linde afirmó que tiene algunas ventajas para mejorar la transparencia del sistema. Pero no son pocos los que lo critican por su falta de solidaridad.
Linde aprovechó la ocasión para pedir a los diputados que se suministre a los ciudadanos toda la información necesaria sobre su futura pensión para que les permita tomar una decisión sobre su ahorro.
Por otra parte, explicó que también se podría plantear extender el papel del ahorro para la jubilación, de modo que permita complementar los recursos del sistema contributivo público con la acumulación de activos financieros con los que suplementar las futuras pensiones públicas. Traducido al cristiano: implantar un sistema mixto que combine un sistema público de reparto con otro privado en el que sean los trabajadores los que financien su pensión a través de sus aportaciones a fondos de pensiones u otras formas de ahorro.
Sin embargo, Linde decidió echar el freno de mano en su propuesta: matizó que estos mecanismos privados de capitalización son complejos y requieren un análisis previo para ver cómo se implanta, si es voluntario u obligatorio y la rentabilidad que puede ofrecer.
