Fidel Escun, integrante la junta directiva de los 48 cantones de Totonicapán, explicó que los pueblos originarios se sumaron a la iniciativa de reforma constitucional porque varias razones, y detalló: que están a favor de erradicar la impunidad, crimen organizado y el tráfico de influencia.
Escun insistió que es necesario transparentar los procesos de elección de magistrados y la justicia e insistió en que se reconozca el carácter pluricultural del Estado, se fortalezca la independencia judicial, la democracia republicana y prevalezca el Estado de Derecho y la unidad.
En Totonicapán la autoridad indígena ha resuelto unos mil 300 casos de conflictos, lo significa un ahorro para el Estado, destacó Escun, quien mencionó han resuelto casos complejos.
“No venimos a limosnear sino a que se tome en cuenta la participación de los pueblos indígenas, porque cuando se criminaliza a las autoridades indígenas también se criminaliza a las mujeres”, manifestó Ana Laynes del Gran Consejo Nacional de Autoridades Indígenas de Ixim Ulew.
Proponen reforma
Miguel De León Ceto, líder Ixil, insistió en que han respaldado el proceso de reforma porque modernización el sistema de justicia. Ceto presentó una propuesta para que se enmiende el artículo 203 de la Constitución.
La propuesta busca que se permita que las autoridades indígenas impartan justicia de conformidad con la Constitución, leyes ordinarias y los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
También que quede registrado que “las autoridades ancestrales indígenas ejercen funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias instituciones, normas, procedimientos y costumbres con respeto a los Derechos Humanos”.
“Creemos importante que se reconozca lo que hemos venido practicando durante miles de años. Nuestra propuesta no nace de la imaginación o un deseo, surge de la necesidad que tienen los pueblos para que no se siga criminalizando a las autoridades indígenas en el ejercicio de sus funciones”, abundó De León Ceto.
El líder indígena sentenció que apoyan la reforma constitucional siempre y cuando el Congreso no desvirtué su espíritu que va enfocado en eliminar el tráfico de influencias y fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y contribuir a la unidad nacional.
“Creemos que es importante que se reconozca lo que hemos venido practicando los pueblos durante miles de años. Nuestra propuesta no nace de la imaginación o un deseo, sino de la necesidad que tienen los pueblos para que ya no se siga criminalizando a las autoridades indígenas en el ejercicio de sus funciones”, aseveró De León Ceto.
Conclusiones
Rigoberto Juárez, del gobierno Plurinacional Q´anjob´al, Chuj, Poptí, Akateko, planteó que su propuesta, “no admite ningún tipo de subordinación de la justicia que hace las autoridades indígenas”.
Aseguró que la justicia indígena es respetuosa de los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza y que buscan en la Constitución “un verdadero pacto social que refleje la realidad plural del Estado”.
“Rechazamos rotundamente cualquier descalificación o criminalización de nuestras formas de mantener la convivencia social, en nuestros pueblos y comunidades. Nos reservamos el derecho de accionar ante las autoridades contra quienes realizan dichas descalificaciones”, aseguró Juárez.
