En ese marco de situación en Centro de Economía Política Argentina elaboró un informe que destaca el rol autista del gobierno ante las necesidades de la gran mayoría de la población.
Conclusiones del informe
En la región de CABA, durante el primer bimestre de 2017 se registraron un total de 74 conflictos: 39 durante el mes de enero, 35 durante el mes de febrero, es decir, más de un conflicto por día. Se adicionan los 44 casos suscitados en 23 días de marzo, que duplican la tasa de conflictividad: casi dos conflictos por día.
En virtud de precisar el análisis de esta creciente conflictividad, que asciende a 118 conflictos entre el 1 de enero y el 23 de marzo, resulta clave indicar que el 70% de estos conflictos se corresponde con el ámbito laboral y el 30% con los conflictos sociales.
Las principales estrategias de los actores sociales en el período mencionado ha sido la “movilización y concentración” (33,9%), “los cortes de calle/ruta” (21,1%), el “estado de alerta y movilización permanente” (14,4%), y el “paro con movilización” (10,2%). Con menos relevancia, se produjeron “paros sin movilización” (5,9%), “toma de espacios” sean públicos o privados (4,2%) y ollas populares (1,7%), ésta última con fuerte peso durante el año pasado.
Entonces, si se suman los métodos que afectan la circulación en la vía pública, representan más del 71% de los casos de conflictos, por lo que se explica la creciente preocupación del gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires para regular esta forma de protesta.
Ahora bien, al analizar las causas de la conflictividad, se observa que han sido las propias políticas de Cambiemos las que han generado problemáticas laborales y sociales.
En CABA durante los meses de enero, febrero y 23 días de marzo de 2017 se registran 118 conflictos de los cuales 84 fueron afectaron la circulación de la vía pública. Del total de estos últimos, 27,3% estuvieron relacionados con reclamos por despidos, 16,9% relacionados con readecuación salarial e incumplimiento de acuerdos, 6,5% se vincularon con conflictos por condiciones de trabajo y casi 4% con atrasos en los pagos.
A todo esto, afín al mundo laboral, se deben adicionar 7,8% de conflictos relacionados directamente con el cuestionamiento a las políticas de ajuste implementadas por Cambiemos y 13% que se corresponden con reclamos por el aumento de las tarifas de servicios públicos.
El análisis en torno a las causas de la conflictividad resulta central para evitar la focalización del debate en torno a la metodología de la protesta, que impide revisar razones profundas, actores, y fisonomía de la misma.
En este sentido, resulta imprescindible destacar que el eje de la solución planteada por el Gobierno Nacional y local, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no reside en resolver algunos de los problemas que originan el reclamo sino en encontrar el mecanismo para que tales demandas sencillamente no lleguen a las calles de la Ciudad.
