"Había sin resolver un pedido de indagatoria formulado hace alrededor de dos años. Ahora seleccionamos los casos mejor acreditados e instamos al juez (federal Marcelo Bailaque) a que estos imputados sean indagados con la mayor celeridad posible", dijo hoy Villate a Télam, puntualizando que en algunos de los imputados también los acusa de asociación ilícita.
La solicitud comprende, entre otros, a ex funcionarios civiles de la dictadura como Jorge
Alberto Fariña (foto), ex jefe de Operaciones Especiales de Inteligencia (OEI) del Destacamento de Inteligencia 121 y Rubén Osvaldo Cervera, designado interventor del municipio de San Lorenzo tras el golpe de estado de 1976.
También, al ex agente de inteligencia Rodolfo Daniel Isach, a otros dos funcionarios de la dictadura en el municipio (Horacio Hugo Maderna y Pedro Alberto Rodríguez) y a un ex jefe militar de la zona cuyo nombre no fue revelado por ser el único de todos los imputados en esta causa que permanece en libertad.
Villatte pidió además al juez Bailaque que se revoque la falta de mérito que benefició a otros tres imputados y también se los indague.
Entre los argumentos esgrimidos para reclamar "celeridad" en las citaciones a indagatoria el fiscal aludió a las cuatro décadas transcurridas y sostuvo que se debe "evitar que se torne ilusorio el derecho a la justicia que tienen víctimas y familiares", de edad avanzada igual que los acusados.
Entre los imputados en esta causa, Fariña ya fue condenado en las causas "Guerrieri I", "Guerrieri II" y "Hospital Militar de Paraná" y está siendo juzgado junto a Isach en "Guerrieri III".
Por su parte, Cervera, Maderna y Rodríguez fueron condenados en 2013 por el secuestro y las torturas de las que fue víctima Manuel Ricardo Casado, en esa época secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Lorenzo, localidad próxima a Rosario.
También este mes, Villate pidió un centenar de indagatorias por crímenes cometidos contra obreros huelguistas en la ciudad santafesina de Villa Constitución entre enero de 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón y después de su derrocamiento, hasta septiembre de 1976, ya en plena dictadura.
Entre los 102 imputados para los que Villatte pidió que presten declaración indagatoria se encuentran ex funcionarios gubernamentales, integrantes de grupos paramilitares, empresarios, ex policías federales y provinciales, ex prefectos y militares retirados.
Los casos de la represión en San Lorenzo y Villa Constitución, que golpearon ante todo a trabajadores, "dan cuenta de cómo fue la represión en el 'cordon rojo del Parana', como llamaban los represores al cordón industrial" del Gran Rosario y localidades vecinas, explicó el fiscal.
En la investigación preliminar se acreditó que dentro del Area 211 de la represión terrorista de Estado funcionó la denominada subárea 2111 o 211.1, comprendía a San Lorenzo y estaba a cargo del Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán, donde además funcionaba un centro clandestino de detención, y otra llamada 2113, emplazada en Villa Constitución.
