Según este articulo los agentes del Ministerio Publico pueden interpretar toda crítica en contra del presidente Juan Orlando Hernández como un acto de apología del odio, por ello la preocupación del Colegio de Periodistas.
La Sociedad Interamericana de Prensa, así como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Honduras recomiendan a los congresistas hondureños la derogación del decreto.
La técnica parlamentaria hondureña establece que este tipo de leyes deben contar con la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la moción de ley nunca fue enviada a ese poder del Estado.
El Colegio de Periodistas ha dicho que las autoridades del Parlamento hondureño se niegan a reformar el artículo de la Constitución que criminaliza las críticas al Gobierno, no solo de los medios de comunicación sino de la población en general.
La moción de este decreto fue presentada al Congreso Nacional por el presidente de la bancada del partido de Gobierno Oscar Álvarez.
De no reformarse el articulo quedará a expensas de un juez determinar si un periodista es culpable o no de promover la apología del odio, delito que es castigado con 4 u 8 años de cárcel.
