Con 94% de los votos escrutados, un 97,18% se pronunció a favor de la anexión; 1,5% prefirió la independencia, y 1,32% se inclinó por mantener el actual estatus de estado libre asociado a Estados Unidos, que data de 1898, reportó la agencia de noticias DPA.
La asistencia a las urnas fue de 22%, muy por debajo de la de los últimos procesos electorales; de hecho, en los comicios generales de noviembre de 2016 se había registrado una participación de 78,22%.
La consulta, para la que estaban habilitados 2,3 millones de electores, no tuvo el aval de Washington y fue rechazada por la oposición.
Los resultados no son vinculantes pues solo el Congreso estadounidense tiene potestad para cambiar el estatus de Puerto Rico.
Los primeros informes de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) reportaron pocos incidentes, la mayoría relacionados con fallas en el funcionamiento de máquinas de escrutinio.
Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses pero no tienen derecho a elegir presidente ni legisladores federales.
La oposición rechazó el proceso del plebiscito por considerar que fue armado para favorecer la iniciativa que postula la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos.
El gobernador Ricardo Rosselló y el Partido Nuevo Progresista gobernante impulsan la anexión, que tiene poco eco en Washington.
El mayor motivo de oposición a la anexión entre funcionarios y legisladores federales es la situación económica de Puerto Rico, que acaba de reestructurar una deuda de 70.000 millones de dólares.
Si fuera un estado norteamericano, podría acogerse a la ley de insolvencia y declararse en quiebra, como hizo en su momento el estado Detroit. En ese caso, el Gobierno federal debería hacerse cargo de una parte de los pasivos.
