Con el cambio legal, la emergencia fiscal decretada por el gobierno de Puerto Rico se prolongará hasta que finalice el 2017 y podrá ser extendida mediante orden ejecutiva por periodos de seis meses mientras esté en operaciones la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Por otro lado, los cambios en materia contributiva buscan aumentar la liquidez del gobierno de modo que se pueda cumplir con el plan fiscal, según precisó el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés en un comunicado de prensa.
Los cambios al IVU suponen que aquellos contribuyentes que generan más de $50 millones anuales tendrán que remitir a Hacienda lo que cobran de IVU en sus ventas cada quince días, de modo que el flujo de efectivo del gobierno sea más estable para el gobierno, aseguró Rosario Cortés en las declaraciones escritas.
“La medida firmada, en cumplimiento con la política pública del gobernador, no cambia el término para remitir el IVU de la las pequeñas y medianas empresas”, explicó Rosario Cortés.
En el área turística, el estatuto permite que el gobierno cobre el impuesto por ocupación de habitación a los usuarios de plataformas digitales como Airbnb y Homeaway.
Rosario Cortés, indicó que esta medida ayudará a mejorar la captación de este tributo que, de ordinario, sufraga las operaciones de la Compañía de Turismo. Del mismo modo, provee para que las hostelerías no tengan una ventaja competitiva en materia tributaria sobre los hoteles o paradores.
“(La iniciativa) incentiva la industria turística de los hoteles y paradores que estaban en desventaja competitiva por la ausencia de uniformidad en la recolección de los cánones entre los sectores de la industria”, dijo el funcionario.
