El Decreto, que fija las amnistías, indultos y tratamientos penales diferenciados para los subversivos, complementa la Ley 1820 de 2016 o ley de amnistía, que es la que sienta las garantías jurídicas para los guerrilleros de las FARC y que ordena cesar la acción penal contra los subversivos que decidan dejar las armas y reintegrarse a la vida civil.
Entre otras, el Decreto señala que para quienes permanezcan en la cárcel por delitos que no abarca la Amnistía de Iure (para delitos políticos y conexos) y que estén vinculados a varios procesos en el marco del conflicto serán beneficiados con la libertad condicionada, “siempre y cuando hayan permanecido cuando menos 5 años de privación efectiva de la libertad por uno o varios procesos o sentencias vigentes”.
En la norma advierte además que, de encontrarse alguna falsedad documental, material o ideológica en los soportes de quienes pidan la amnistía, se negará o revocará dicho beneficio.
Se indica también que la única autoridad que podrá determinar el vínculo entre los hechos y conductas cometidas con ocasión del conflicto será la Jurisdicción Especial para la Paz.
Según el Decreto, el trámite para conceder la amnistía no podrá ser mayor a 10 días contados a partir del momento en que se presente la solicitud.
