Tras las inspecciones oculares realizadas al ex edificio del Juzgado Federal y el Penal de Mujeres de Santiago del Estero, el tribunal integrado por Carlos Lascano, Domingo Batule y Abel Fleming, decidió suspender la audiencia prevista para hoy y establecer un receso de dos semanas por la feria judicial.
En distintas audiencias y durante más de dos meses, los testigos ofrecidos por la fiscal Indiana Garzón y las querellas, en su mayoría ex presos políticos, ofrecieron su testimonio por los secuestros, torturas, violaciones, robos y negación de justicia a los que fueron sometidos durante la administración del gobernador peronista Carlos Juárez y luego el de la dictadura militar.
Entre los imputados de la "Megacausa 3", se encuentran el ex fiscal federal Santiago Olmedo Arzuaga, el mayor (RE) Jorge D´Amico y el ex jefe de Inteligencia santiagueño Antonio Musa Azar, que actualmente cumple tres condenadas por delitos de lesa humanidad y otra por los asesinatos de las jóvenes Leyla Nazar y Patricia Villalba, en el denominado Doble crimen de La Dársena.
En el mismo proceso judicial son juzgados los comisarios retirados Miguel Tomás Garbi y el oficial retirado Ramiro López Velloso, quienes secundaron a Musa Azar en la Dirección de Informaciones Policiales (DIP), denominada "Gestapo santiagueña" ó "Side santiagueña".
También ocupan el banquillo de los acusados los policías santiagueños Juan "Sérpico" Bustamante,Pedro Carlos Ledesma, Dido Isauro Andrada y Roberto "Sifón" Díaz.
La nómina de imputados de la "Megacausa 3" se completa con el ex jefe de la Policía de Santiago del Estero, coronel (RE) Warfi Herrera y el civil Raúl "Cashulo" Silva, que durante varios años se desempeñó como asistente de los gobernadores Carlos Juárez y Mercedes "Nina" Aragonés (foto).
En el caso del ex fiscal Olmedo De Arzuaga, llegó a juicio después de más de 13 años, acusado de cometer los delitos de "violación de los deberes de funcionario público, privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita", cometidos antes y durante la última dictadura militar en la década del 70.
En tanto, los militares y policías acusados fueron procesados por los delitos de "desaparición forzada de personas, privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidios calificados, todos en concurso real" y como integrantes de una "asociación ilícita".
