El juez federal a cargo del Juzgado Federal N° 2 de esa jurisdicción, Gustavo Villanueva, dispuso el procesamiento de Pedro Laurentino Duarte, Víctor Marcelo Ortíz y María Ester Borghelli, ex juez federal, ex fiscal federal y entonces defensora –respectivamente-, por haber efectuado aportes al plan sistemático de represión ilegal de la última dictadura militar, en sus roles como funcionarios judiciales con desempeño en el Juzgado Federal de Neuquén en el período que abarcó desde el año 1976 y hasta el año 1984, cuando cesaron en tales cargos.
La investigación comenzó en el año 2012 con los primeros requerimientos impulsados por la Fiscalía Federal de Neuquén a fin de que se profundizara la investigación del accionar de los entonces funcionarios judiciales, quienes fueron indagados por el Juez Federal a partir del año 2015, luego de reiterados pedidos presentados por la actual Unidad Fiscal de DDHH neuquina, a cargo de Miguel Palazzani.
Los hechos objeto del pronunciamiento se vinculan directamente con secuestros, privaciones ilegítimas de la libertad, imposición de tormentos físicos y psicológicos, el alojamiento de los detenidos en condiciones inhumanas y, en algunos casos, con la desaparición forzada de personas y su presunta eliminación física, seguida de la ausencia de información para sus familiares acerca de la localización de sus cuerpos, todo ello en el marco del terrorismo de Estado.
Los aportes reprochados consisten en el incumplimiento de sus deberes como funcionarios judiciales, quienes a sabiendas del contexto en el que ocurrían los hechos, asignaban a las presentaciones de Habeas Corpus y denuncias de los familiares de las víctimas de secuestros y detenciones ilegales un trámite meramente formal a los expedientes, omitiendo promover las investigaciones y archivando expedientes sobre la base de información falsa. 21 son las víctimas y familiares damnificadas.
Por otra parte, el juez federal Villanueva dispuso que los delitos por los cuales fueron procesados Duarte, Ortiz y Borghelli resultan conexos de los delitos calificados como de lesa humanidad, todos los cuales concursan en forma real.
Entre las evidencias consideradas por el magistrado para dictar los procesamientos, surge que los tres funcionarios de la justicia federal habrían sido promovidos como magistrados por el General José Luis Sexton, quien se desempeñó durante casi la totalidad del período dictatorial como Comandante de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén, que fue precisamente la sede del comando del Subzona 52 con intervención en la totalidad de la provincia de Neuquén y parte de Río Negro. También valoró la existencia de prueba documental y testimonial que indicarían que estos funcionarios visitaban el Comando de Brigada.
La imputación formulada por la Unidad Fiscal comprendía además los casos de José Luis Cáceres, Juan Raúl y José Franciso Pichulmán, Carlos Alberto Schedan, Rodolfo Luis Marinoni, Onofre Rosendo Mellado, María Cristina y Silvia Beatriz Botinelli, Jorge Américo Villafañe, Luis Alfredo Miguel Genga yJosé Luis Albanessi, respecto de quienes en el mismo pronunciamiento el juez Villanueva ordenó el sobreseimiento de Duarte, Ortiz, Borghelli y otros funcionarios judiciales de la órbita provincial.
