A finales de julio, la Sala Penal de la Corte anuló la condena y absolvió de culpa a campesinos del caso masacre de Curuguaty por falta de pruebas para inculparlos del caso.
Activistas de derechos humanos han denunciado que los acusados sufrieron torturas y son sobrevivientes de la masacre.
Ahora, Quiñonez ha solicitado a la JEM dictar sentencia definitiva y remover a los tres magistrados de sus cargos. A juicio de la Fiscalía, los magistrados cometieron errores jurídicos que no pueden ocurrir.
La masacre se produjo en junio de 2012 durante un desalojo policial de una finca ocupada por campesinos. Como resultado murieron 17 personas (11 trabajadores del campo y seis policías).
El integrante de la Organización No Gubernamental (ONG) Articulación Curuguaty, Rogelio Ocampo, denunció la falta de pruebas en las investigaciones del Ministerio Público, que solo tomó en cuenta los testimonios de 84 policías, dejando de lado a los campesinos.
Además denunció que tampoco se hicieron los peritajes ni estudios correspondientes para determinar quién mató a los policías.
La matanza sirvió de base para impulsar la destitución del entonces presidente Fernando Lugo.
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