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"Venimos a devolver la paz"

(08/02/15 - Elecciones 2015, Santa Fe)-.El precandidato a presidente del Frente Renovador, sergio Massa, sostuvo: "Venimos a devolverle a los rosarinos la paz ante tanta sangre y muerte". Fue al presentar al candidato a intendente de esa ciudad, Alejandro Grandinetti, por su espacio político.
  
En este marco, Massa expresó: “Pongamos a tanta violencia, paz. Pongamos a tanta sangre, justicia. Pongámosle, a tanta muerte vida".

Además, Massa destacó: “Rosario necesita un Intendente que sea su jefe de policía, que se ponga al frente de la lucha contra la inseguridad como lo hicimos nosotros, que sienta que vale la pena dar pelea. No hay que tenerle miedo a la palabra orden, Rosario necesita recuperar el orden en la calle. Y esto se logra con policía local, 3 fiscalías federales trabajando el tema delito, narcotráfico, trata de personas; y el sistema de protección ciudadana. Cada rosarino va a tener un botón antipánico, cada rosarino va a tener en su sistema de manzana, un sistema de control de cámara, lector de patentes y reconocimiento facial”.

Asimismo, el diputado resaltó: “Los rosarinos van a poder volver a caminar por la calle. Queremos que la calle sea de la gente y no de los delincuentes. Los rosarinos son los que tienen que ser dueños del espacio público”.

De esta manera, Massa respaldó la candidatura a intendente de Rosario de Grandinett y remarcó que “Alejandro viene a ponerse al frente de la lucha contra la droga y la inseguridad. La historia la escriben los que se la juegan”.

Por su parte Gradinetti resaltó la importancia de trabajar en materia de lucha contra la inseguridad en Rosario, y señaló: “Se necesita convicción para esta lucha. Es mentira que no se puede hacer seguridad desde un Municipio. Se puede y nos vamos a hacer cargo. Hay que terminar los negocios del narcotráfico en Rosario”.

Además, explicó el porqué de su acercamiento a Sergio Massa, y dijo en ese sentido que  “el único que hace   política pensando en la gente es Massa  porque tiene coraje y la convicción. Lo escucho a Scioli y no sé qué quiere hacer. Lo veo a Macri y veo un buen marketing.  No somos un jardín de infantes para que nos vengan a pintar de color naranja y amarillo”.

Por último, Grandinetti señaló: “Pasaron 20 años y gobiernan los mismos. El socialismo parece el PRI mexicano. Queremos la autonomía municipal para Rosario. Y nosotros lo vamos a lograr”.

Massa estuvo acompañado por el intendente de San Miguel, Joaquín De La Torre y la secretaria de Políticas Sanitarias y Desarrollo Humano de Tigre, su esposa, Malena Galmarini.

En dos años se duplicó la cantidad de empleadas domésticas registradas en un empleo formal

(08/02/15 - Trabajo Formal)-.El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, informó que desde que se promulgó la ley para las empleadas domésticas en 2013 "se ha duplicado" la cantidad de trabajadoras registradas en el sector, al destacar que "pasaron de unas 220.000 a cerca de 475.000".

"Hoy hay cerca de 475.000 trabajadoras domésticas registradas y cuando fue promulgada la ley había unas 220.000", explicó en diálogo con Télam.

Al respecto, el ministro consideró que este crecimiento en el registro legal de las trabajadoras de casas particulares "contradice lo que señalan los sectores conservadores de la sociedad en cuanto a que las leyes laborales promueven que haya menos trabajo o más trabajadores no registrados".

"Esto es importantísimo porque estamos hablando de un colectivo de un millón de trabajadoras", reseñó.
El titular de la cartera laboral resaltó que esta ley, junto con el nuevo Estatuto del Peón Rural, "ponen en un pie de igualdad a todos los trabajadores en la Argentina".

"Ahora se aplican las mismas normas generales a todos y eso es un acto de estricta justicia", consideró.

Según el ministro, "no hay ninguna razón por la cual los trabajadores rurales o las trabajadoras de casas particulares tengan que tener menos derechos que el resto de los trabajadores urbanos".

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó en abril de 2013 la ley para las empleadas domésticas, denominada Régimen Especial de Contrato de Trabajo de Casas Particulares.

La norma creó un marco jurídico para las empleadas domésticas, a las que se les reconocen, entre otros derechos, vacaciones pagas y licencias por enfermedad y maternidad.

USa ensaya alternativas ante los reclamos independentistas boricuas

(08/02/15 - Puerto rico)-.Los mandos militares de Estados Unidos están dando las primeras demostraciones de preocupación por la supervivencia del gobierno colonial de Puerto Rico y se dan los toques finales a una maniobra en la que se ensayará la respuesta a un evento catastrófico que podría afectar la continuidad del Gobierno y las operaciones del Estado, además de bajas en masa.

La “Operación Respuesta Borinqueña”, que se llevará a cabo en marzo y contará con la presencia de altos mandos castrenses de EEUU, así como observadores de Honduras y República Dominicana, coincide con el avance en los reclamos por el caso colonial de Puerto Rico ante foros diplomáticos.

De hecho, por primera vez desde la conferencia interamericana de 1948 en Bogotá, Puerto Rico tuvo voz en un evento hemisférico oficial de estados, con la intervención del presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, Rubén Berríos, en la sesión plenaria de presidentes en la III Cumbre de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC). En dicho evento, en que se reiteró de forma unánime el respaldo a la independencia y descolonización de Puerto Rico, Berríos dio un discurso en el que planteó que esta nación es “el verso que le falta al poema libertario de Bolívar”.

Berríos participó en la CELAC como parte de la delegación de Nicaragua y un par de días después, ese país le designó asesor de asuntos internacionales y descolonización.

De igual forma, la operación militar coincide con un avanzado deterioro interno y esfuerzos dramáticos por parte del Gobierno para corregir su propio rumbo ante el descalabro económico, social y político. Así por ejemplo, las estadísticas oficiales sin ajustar del Departamento del Trabajo indican que, en el semestre pasado, se aumentaron en 23.000 los puestos de trabajo en el Estado, lo que ayudó a compensar la pérdida de 50.000 empleos en la agricultura, la manufactura y el comercio durante el mismo período.

Ante estas circunstancias, que van desde la crisis interna hasta los cambios geopolíticos en la región, el ex gobernador Pedro Rosselló, una de las figuras cimeras del movimiento para convertir el país en un estado de la Unión de EEUU, ha planteado que “ya Puerto Rico va a llegar a ese final de su período colonial”.

En medio de ese ambiente de asedio diplomático desde América Latina y crisis interna para la gobernanza colonial, “Respuesta Borinqueña” será la primera maniobra militar notable desde que la Casa Blanca hizo público su plan estratégico para la protección de la frontera artificial de EEUU en el Caribe, cuya zona de operaciones va desde aguas al norte de Puerto Rico hasta Curacao, casi en las costas de América del Sur.

Aunque es un ejercicio normativo que se lleva a cabo en distintos lugares de EEUU de manera rutinaria, su ejecución resulta un tanto llamativa en este punto estratégico del noreste del Mar Caribe, equidistante de Guantánamo y de Caracas.

En 2011 se llevaron a cabo eventos que guardan cierta semejanza, como el simulacro para medir si Puerto Rico tenía la capacidad para manejar decenas de miles de muertos producto de un evento catastrófico y la visita de los ingenieros de inteligencia militar conocidos como los “Leones Negros”. Al menos el primero de los eventos dejó una secuela de preocupaciones y hasta teorías conspirativas debido al envío de ataúdes en grandes cantidades para ser almacenados en Puerto Rico.

Esta vez, funcionarios han mencionado en privado que se debe tener cuidado de que no se filtren informes sobre ciertos lugares e instalaciones que puedan ser aprovechados por grupos hostiles.

Pero además, ha levantado preocupaciones en niveles técnicos el que el escenario de terremoto y tsunami que se utilizará en el ejercicio se complementa con sucesos bélicos y dificultades en la continuidad de la gobernanza al punto que no queda claro el orden de sucesión en cierta oficina importante. Pero eso se ha  mantenido bajo cuerdas y –al menos oficialmente- las agencias del Gobierno expresan su adherencia total a la controversial maniobra militar.

La coronel Marta Carcana, ayudante general de la Guardia Nacional y designada “comandante dual” para Puerto Rico, advirtió que no es procedente que se hagan públicos los detalles del escenario y eventos de la maniobra para evitar que los efectivos que participarán conozcan de antemano las respuestas.

Lo que sí se ha hecho público es que, junto a los soldados de Puerto Rico, participarán tropas de respuesta rápida aerotransportadas de varios puntos de EEUU, agencias federales y de Puerto Rico, así como grupos cívicos. Los más de 400 eventos “inesperados”, se llevarán a cabo en San Juan, la ciudad sureña de Ponce y la base militar Campamento Santiago.

Parte del problema tiene que ver con las dificultades para lenguaje y valores comunes entre los militares y civiles –tanto aquí como en EEUU- por la incrementada presencia castrense, cosa que fue evaluada en un estudio de 2011 del Colegio de Guerra del Ejército. En dicho estudio se cita una directriz de la jefatura del comando conjunto del Pentágono en que se indica la importancia de “la doctrina” para delinear “lo que se enseña, lo que se cree, lo que se defiende y lo correcto”.

Por lo menos desde los ataques del 11-9 de 2001, la institucionalidad política de Washington ha elaborado un plan para la eventualidad de un evento catastrófico que interrumpa la continuidad del Gobierno (COG) y de sus operaciones (COOP) sin que se sepa a quién corresponde asumir el mando. Esos planes aparecen también en documentos de guardias nacionales de estados de EEUU fechados en 2011.

En las maniobras para eventos catastróficos en diversos estados, se practican respuestas ante daños graves a la infraestructura, grandes cantidades de muertos y heridos y hasta protestas sociales violentas, como en el caso de California. Pero el de Puerto Rico parece ser el primero en que podrían llevarse a cabo ejercicios referentes a los planes COG y COOP.

*Por Jesús Dávila, ARGENPRESS

Rabinos judíos del mundo critican políticas de Netanyahu

(08/02/15 - Genocidio Palestino)-.Cientos de rabinos judíos de distintas partes del mundo han criticado al primer ministro del régimen israelí, Benyamin Netanyahu, por sus políticas racistas contra los palestinos.

Mediante una carta abierta dirigida el sábado a Netanyahu, unos 400 rabinos denunciaron la demolición de viviendas palestinas y pidieron el cese de construcciones ilegales de ese régimen en la ocupada Cisjordania afirmando que esta medida contradice las leyes internacionales.

La misiva apostilla que debido a la destrucción de cientos de casas al año, "miles de palestinos se han visto obligados a construir (hogares) sin permiso".

El régimen de Tel Aviv tiene la obligación de garantizar condiciones adecuadas a todos los seres humanos que viven en los territorios ocupados palestinos, independientemente del resultado del proceso de paz, afirmaron los rabinos.

Los rabinos han adoptado esta postura después de que Netanyahu, ordenó el pasado viernes al ministro de asuntos militares, Moshe Yaalon, destruir 400 casas de la Unión Europea (UE) edificadas para palestinos en la ciudad de Al-Quds (Jerusalén), bajo el pretexto de que han sido construidas sin permiso.

Tras el hecho, la UE denunció que "la construcción de dichas viviendas se ha basado en la necesidad de los palestinos de vivir en lugares seguros".

Pese a que la comunidad internacional enfatiza que, en concordancia con el derecho internacional, todos los asentamientos del régimen israelí en Cisjordania son ilegales, el régimen de Tel Aviv ha hecho caso omiso a estas normativas y ha demostrado que no respeta las leyes internacionales.

Más de medio millón de israelíes viven en unos 120 asentamientos ilegales construidos desde la ocupación de los territorios palestinos en 1967 en Cisjordania, incluido Al-Quds. 

- Ver la petición
- Una lista en línea de los rabinos que ya han firmado

"Algunos hacen un uso politiquero de la muerte de Nisman"

(08/02/15 - Causa Nisman)-.El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, manifestó hoy que “algunos hacen un uso politiquero de la muerte de Nisman”, al cuestionar a los dirigentes políticos opositores que asistirán a la denominada Marcha del Silencio convocada para el 18 de febrero próximo en memoria del fiscal.
  
Si bien consideró hoy que participar en la marcha “es un derecho”, Fernández sostuvo que cuando “escuchás la ruindad de (Sergio) Massa y ahí te da cuenta que el objetivo es otro”.

“Algunos hacen un uso politiquero de la muerte de Nisman”, remarcó en declaraciones realizadas hoy a Nacional Rock.
Con todo, el secretario general de la Presidencia resaltó que “sigue siendo saludable la vocación de la marcha si sienten la necesidad de expresarse y tienen todo el derecho en hacerlo” y añadió que “tienen libertad de expresarse”.

Luego calificó como “una burrada” los dichos del fiscal Carlos Stornelli en el sentido de que la muerte de Nisman es “un magnicidio de Estado”.

“Que un fiscal diga que es un magnicidio está diciendo que es un homicidio y está interfiriendo con la Justicia”, consideró, al tiempo que subrayó que “las declaraciones de la Presidenta (sobre el caso) no entorpecen nada”.

En cambio, Fernández rescató las expresiones realizadas hoy el fiscal federal Guillermo Marijuán en cuanto a que la marcha “no es contra nadie”.

"Me da una enorme satisfacción lo que dijo Marijuán, pero después escuchás la ruindad de Massa y ahí se da cuenta que el objetivo es otro”.

Sobre la relación entre Nisman y el ex agente de inteligencia Antonio “Jaime” Stiusso, el secretario general de Presidencia dijo que “tengo claro que Nisman era empleado de Stiusso y que era él el que tomaba las decisiones; Nisman era el comandado".

Acerca del proyecto de la nueva ley de inteligencia, el ex senador adelantó que “va a tener media sanción en el Senado y seguramente el miércoles o jueves ya tengamos ley”.

“Estamos en el mejor de los caminos para usar la inteligencia al servicio de los argentinos”, evaluó.

Ante una pregunta sobre la no participación de la oposición en esta discusión, Fernández manifestó enfáticamente que “no hay oposición en la Argentina, no se les cae una idea ni a garrotazos” y, en esta línea, añadió que “la oposición real son los medios y fundamentalmente Clarín”.

“Cuando aparecen discusiones de fondo, donde se tiene que dar la discusión, se borran”, afirmó para sostener seguidamente que “parece que la preocupación pasa por otro lado”.

Por último, se preguntó: ¿No será que están temiendo que cuando se abran más cajones aparezcan algunos de ellos ligados a la estructura de inteligencia y por eso no quieren participar?”.

Argentina presentó en la ONU la propuesta para un marco legal multilateral para reestructuración de deuda

(08/02/15 - ONU, Fondos Buitre)-.La semana que acaba de culminar tuvo como hecho trascendente económico para nuestro país la presentación de la visión el Estado argentino con el objetivo contribuir al debate formal sobre la creación de un nuevo sistema legal multilateral para la quiebra de países, cuyo cuerpo comenzó también a esbozarse en los últimos días, en el seno de Naciones Unidas.
  
Este acontecimiento fue posible según el cronograma que se gestó tras la histórica votación de septiembre de 2014 que incluyó por primera vez la discusión de problemas de la deuda soberana en este foro, y que a la vez decidió sobre las necesidad de crear un sistema legal multilateral para solucionar este tipo de conflictos.

El cronograma continuará con nuevos encuentros de expertos previstos para abril y mayo, y la propuesta del nuevo marco legal deberá estar lista para ser analizada durante la próxima Asamblea Anual de las Naciones Unidas,

Estas líneas destacan los aspectos salientes de los puntos de vista, premisas y propuestas de la Argentina presentada por la Misión permanente en Nueva York ante la UNCTAD el pasado 23 de enero, a la luz de la traumática experiencia argentina con los fondos buitre, y que se esbozan en un documento de 8 páginas:

* Un enfoque estatutario (marco legal) es una solución más abarcativa y completa que el enfoque contractual de las CAC (Clausulas de Accion Colectiva) reforzadas, que resulta “insuficiente”.

*Un marco legal resulta más predictivo y seguro que las CAC, tanto para los Estados y sus acreedores, así como para la comunidad internacional. Y puede ser utilizado en un mayor abanico de reestructuraciones de deuda, por ejemplo la deuda ya emitida y en circulación de los países.

*Un nuevo sistema legal “obliga a los estados a regirse a los principios y reglas establecidas" en dicho marco, cuando ahora eso "queda relegado a la voluntad de los Estados”.

*Provee la posibilidad de frenar procesos judiciales, facilitando y agilizando las reestructuraciones de la deuda, lo que también trae el beneficio adicional de una reducción de costos.

*Provee condiciones para soluciones a las crisis de deuda de manera durable y sustentable, y de manera que se consideren consecuencias económicas y sociales que aquellas puedan generar.

*Se permite la participación de la comunidad internacional, a través de una Comisión de Supervisión compuesta por tres Estados que podrán participar de manera voluntaria. Un Estado sería designado por el país deudor, y los otros dos por los Estados que adhieran al nuevo marco.

*Si un Estado decide en el prospecto de alguna emisión renunciar a su inmunidad de la que gozan los soberanos, eso no da lugar a que se adopten medidas judiciales que afecten los derechos de los tenedores que entren al canje.

*Las negociaciones entre acreedores y Estados deben ser de buena fe; eso implica, entre otras, la prohibición de conductas fraudulentas por parte lo acreedores. En este sentido, es “de especial significancia” que los acreedores no puedan ser simultáneamente tenedores de deuda soberana, y que a a la vez tengan instrumento de riesgo que puedan generar eventos de no-pago del deudor. Este punto es pura alusión al caso del fondo Elliott, quien es tenedor litigante de deuda en default, y a la vez puede tener derecho a voto para la ejecución de los seguros contra default.

*Las reestructuraciones no podrán ser impedidas o puestas en riesgo por una minoría de acreedores. Esto es, las decisiones que adopte la mayoría, deberán ser obligatorias para la minoría.

*Sólo los tenedores de deuda debidamente registrada como “reclamo”, tendrán derecho a voto para la reestructuración y quien no haga un reclamo explicito podrá participar de la reestructuración pero sin derecho a voto.

*Para evadir conflictos de intereses, la deuda pública de parte del Estado o un ente estatal, no será parte del universo con derecho a voto.

*Un Estado podrá incurrir en nueva deuda mientras se encuentre bajo el proceso de reestructuración de deuda, la cual podría tener un tratamiento preferencial o retorno mayor, al considerarse que esa deuda es necesaria para culminar con el proceso de reestructuración de la deuda.

*Los Estados parte del marco legal tratarán de resolver cualquier disputa que surja entre el soberano deudor y sus acreedores, en relación a la interpretación y aplicación de dicho marco. Si en un determinado plazo la disputa no se resuelve, cualquier estado miembro puede elevarlo a la Corte Internacional de Justicia, a menos que por mutuo acuerdo los Estados la remitan a un tribunal arbitral.

*La finalización del proceso de reestructuración se alcanza cuando lo decida un Estado, cuand ose alcancce un acuerdo con acreedores, o habiendo transcurrido 18 meses desde la constitución de la comisión supervisadora. Este última plazo sería extensible a 12 meses adicionales, si una mayoría de acreedores lo define.

Legisladores porteños cuestionaron al gobierno de la Ciudad por no atender a las víctimas de Cromañón

(08/02/15 - Ciudad de Buenos Aires)-.Tras el reciente suicidio de un sobreviviente de la tragedia de Cromañón, donde el 30 de diciembre de 2004 murieron 194 personas, un grupo de legisladores porteños advirtió que el Gobierno de la Ciudad está descuidando la atención psicológica de las víctimas, pese a que una ley sancionada en 2013 por el Parlamento local así lo establece.
  
Consultados por Télam, los diputados afirmaron que la administración macrista sólo cumple con el aspecto económico de la normativa, que fijó subsidios a modo de asistencia durante cinco años para los familiares de las víctimas y los sobrevivientes.

La ley 4786 fue sancionada el 28 de noviembre del 2013 por la Legislatura porteña en base a un proyecto consensuado de los ex diputados porteños Juan Cabandié, Fernando Sánchez y Laura García Tuñón; en tanto fue reglamentada por el Gobierno de la Ciudad a través del decreto 118/014, publicado en el Boletín Oficial del 27 de marzo pasado.

El decreto -que lleva la firma del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri; y de su jefe de ministros, Horacio Rodríguez Larreta- avala el objetivo del texto original de establecer una “asistencia integral a las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas fatales de la tragedia de Cromañón a través de prestaciones de salud, educación, inserción laboral y asistencia económica".

En ese marco, fija como “beneficiarios” a “familiares de víctimas fatales hasta el 1º grado por consanguinidad” y a los sobrevivientes del incendio del 30 de diciembre del 2004, quienes reciben una asistencia económica mensual por cinco años, al tiempo que refiere a una “recuperación integral” de los asistidos.

Para ello, obliga al Estado a trabajar en “el restablecimiento de las condiciones psicológicas, físicas, sociales, educacionales y laborales” de las personas alcanzadas por la norma mediante “acciones, políticas y programas entre los diferentes niveles de atención”.

Asimismo, fija la creación de una Comisión de Seguimiento que controle el cumplimiento de la asistencia, la que, consigna, estará conformada por representantes del Ejecutivo y de organizaciones civiles vinculadas con la tragedia.

Claudia Neira, legisladora del FpV  En ese sentido, fue la Coordinadora Memoria y Justicia por Cromañón la organización que, en esta última semana, salió a cuestionar fuertemente al Gobierno porteño por el dispar cumplimiento de la ley 4786 al señalar que “es urgente que se reglamente en su totalidad, sobre todo la garantía de un servicio de acompañamiento psicológico y sanitario”.

Este reclamo se profundizó tras el suicidio de Martín Cisneros, víctima de la tragedia de Cromañón, quien vivía en Paso del Rey y sufría ataques de pánico.

La legisladora del Frente para la Victoria (FpV) Claudia Neira aseguró que “la ley sancionada en 2013 apuntaló, más allá de la entrega del subsidio, la incorporación de una mirada integradora sobre la atención médica a los sobrevivientes y a familiares y es justamente esa parte la que el Gobierno de la Ciudad no está cumpliendo”.

“Hay que instar al Ejecutivo a que haga efectiva la ley en su totalidad porque es imprescindible ese abordaje porque hay 17 suicidios de sobrevivientes y otras 25 muertes por razones asociadas a la tragedia”, precisó.

Por su parte, García Tuñón, quien actualmente dirige la Coordinación Comunitaria de la Legislatura porteña, reconoció que “la única parte que se aplica verdaderamente es la asistencia económica, pero no lo establecido en el artículo cuarto que garantiza la recuperación integral a través de todo el sistema de salud, incluso contempla la existencia de un coordinador, nombrado por el Ministerio de Salud”.

A fines del año pasado, en tanto, la Legislatura votó un pedido de informes al Ejecutivo, impulsado por la presidenta del bloque del FpV, Gabriela Alegre, para conocer las acciones que llevaba adelante el Gobierno local frente al tema en vistas a la preocupación de distintas organizaciones que alertaron sobre “la urgencia” de su aplicación “dado que de ello depende el bienestar de sobrevivientes y familiares”.

En tanto, el diputado del MST Alejandro Bodart indicó que la falta de vigencia de la asistencia sanitaria “se encuadra en el gran desastre que viven los hospitales públicos de la Ciudad”.

Pero, además, añadió que “uno de los dramas de la Ciudad es la cantidad de leyes buenas que se sacan, pero que en la reglamentación no se terminan aplicando. Lo preocupante es que en el medio están las víctimas”.

El legislador del PRO y ex secretario de Inclusión y Derechos Humanos porteño, Daniel Lipovetzky, sostuvo que la ley de asistencia “tiene por objetivo dar certeza a la reparación integral de las víctimas y familiares y dar una seguridad jurídica a través de una norma de jerarquía”.

Es que, anteriormente a la sanción de 2013, los sobrevivientes y los familiares de las víctimas recibían tanto la asistencia económica como la sanitaria por medio de los alcances de un decreto del Ejecutivo que año a año se prorrogaba.

Para el diputado macrista, “el Gobierno de la Ciudad viene haciendo lo que la ley dice más allá que hay cosas que se puedan mejorar para cumplirla en su totalidad y para eso se trabaja porque cada caso tiene una necesidad distinta”.