(21/03/15 - Libia)-.Esgrimiendo el uso de aviones para la represión de las protestas pacíficas, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó una resolución, el 19 de marzo de 2011, para imponer sanciones contra el gobierno oficial de Libia.
En virtud de esta resolución, en los cielos de Libia se estableció una zona de exclusión aérea, por la que los países que conforman la Organización del Tratado para el Atlántico Norte (Otan) lanzaron bombardeos contra las fuerzas e instalaciones gubernamentales en el país para derrocar al líder de la revolución del país norafricano, Muammar Al Gaddafi, hecho que se concretó con su asesinato en octubre de ese año, y luego apropiarse de las inmensas reservas de petróleo y del mar de agua dulce que se encuentra debajo de las arenas del desierto de Libia.
Según la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (Opep), Libia posee reservas petroleras de unos 50 mil millones de barriles recuperables. Las acciones de la italiana ENI, la española Repsol, la francesa Total y la británica BP se dispararon el día de la caída de Trípoli.
Lo que antes hacía una empresa estatal petrolera libia, pronto lo continuarían las petroleras europeas. Ello se tradujo en un millón y medio de barriles de producción diaria, que ya no está en manos de la población del país árabe, mientras que las ganancias anuales superan los 30 mil millones de dólares, refiere el sitio web elmalvinense.com.
Igualmente, sus reservas gasíferas se calculan en 500 millones de metros cúbicos y el inmenso desierto de Libia, también constituiría una de las reservas ideales de la energía solar y eólica para Europa, continente en búsqueda angustiosa de alternativas para salir de su profunda crisis económica.
La coalición “humanitaria”
Como ha sucedido en los últimos 30 años, Estados Unidos impulsó la intervención de la Otan, apelando a la “colaboración” de sus aliados —Francia, Gran Bretaña, Italia, Qatar y Emiratos Árabes Unidos—, a diferencia de la invasiones que encabezó en Afganistán e Irak, donde desplegó su fuerza militar de forma unilateral.
Con esa zona de exclusión aérea aprobada por la ONU, se prohibió el vuelo de aviones de la Fuerza Armada libia en su propio territorio con la excusa, de las potencias occidentales, de permitir agilizar la “ayuda humanitaria” y así “proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles que estén bajo amenaza de ataque”.
Sin embargo, en Estados Unidos sectores del Partido Republicano hablaban aquel año de establecer “un protectorado de la Otan” en Libia. Paul Wolfowitz, que fue subsecretario de defensa de ese país, más tarde, presidente del Banco Mundial, y uno de los arquitectos de la guerra en Irak, publicó una carta abierta al presidente estadounidense, Barack Obama, incitándole a convertir Libia en un “protectorado bajo el control de la Otan en nombre de la comunidad internacional”.
Así las cosas, durante siete meses, Estados Unidos y la Otan llevaron a cabo 30.000 misiones de las cuales 10.000 eran ataques ofensivos de aire, con más de 40.000 bombas y misiles. Además, las fuerzas especiales se infiltraron en Libia y también se financió y armó grupos tribales hostiles al gobierno de Trípoli. La operación en su totalidad fue dirigida por Washington.
El saldo oficial de la masacre al pueblo libio es: 120 mil muertos, 240 mil heridos, 70 mil personas encarceladas sin haber sido procesadas, 28 mil desaparecidos y más de un millón de desplazados de esa “guerra humanitaria” de la Otan y el llamado Consejo Nacional de Transición (CNT), que contó con el auspicio de la ONU.
Medios de comunicación y el apoyo a la conspiración
El ataque indiscriminado de la coalición occidental contó con el espaldarazo de las grandes corporaciones mediáticas que crearon mitos y mentiras sobre la situación libia, así como una ola de racismo en esa nación.
Al respecto, en aquellos días el periodista de Telesur Rolando Segura, enviado especial a Trípoli (capital libia), manifestó que “en Libia había una cantidad de inmigrantes, negros, chinos. Los chinos tuvieron la oportunidad de que su país lo repatriaran, pero a los africanos les quedó sólo la salida por tierra y la mayor parte tuvieron que salir por mar. Se habla de miles de muertos africanos que intentaron salir por mar”.
Asimismo, indicó que “muchas de las personas que se han visto en fotos asesinadas son personas negras. Es una ironía porque Libia hizo una lucha por la unidad africana y los pueblos de África”.
Segura enfatizó también que otras grandes mentiras se propagaron por los medios de comunicación, que hicieron ver que el conflicto en Libia fue interno entre los rebeldes y el Gobierno.
“Mi primera impresión es que esto es una guerra de la Otan, de las grandes potencias internacionales. Se habla que desde el 2005 la CIA (Agencia Central de Inteligencia) ya venía trabajando en la conspiración contra Libia”, resaltó.
La periodista Leonor Massanet Arbona publicó el 11 de octubre de 2014, en el sitio Tercera Información el artículo “En Libia no hay guerra civil”, en el que explica cómo la política belicista de Estados Unidos pasó de acciones directas a arremetidas solapadas, bajo la mirada cómplice de los medios de comunicación.
“Es importante comprender el cambio en la política de invasión de EEUU y los países autodenominados ‘avanzados’. Mientras en el pasado EEUU mandaba a sus jóvenes a invadir otros países, la experiencia les enseñó que se creaban demasiados enemigos dentro del pueblo norteamericano y les hacía quedar muy mal, sobre todo cuando sus planes son de cambiar las fronteras de medio mundo a costa de las personas. Por esto, el nuevo sistema de invadir países es utilizando empresas de la guerra que adiestran y pagan a mercenarios de todo el mundo y especialmente los de la misma raza del país a invadir y, sobre todo, controlando los medios de comunicación lo que les permite engañar a la gente y hacer creer a la población lo que les interesa”, reflexionó la comunicadora.
En la actualidad, tras la invasión estadounidense a Libia y la caída de Muammar Al Gaddafi, la economía de ese país se ha desmoronado, los campos petroleros y los puertos están inmovilizados; la educación, vivienda y alimentación, que eran considerados como derechos fundamentales, han colapsado y se han incrementado las guerras internas por el control de los recursos naturales, desatados entre grupos rebeldes y el gobierno de transición.
