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Operativo de vacunación en José Mármol

(29/11/16 - Almirante Brown)-.El gobierno municipal, a través de su oficina de prensa, dio a conocer la realización de un nuevo operativo de vacunación a cargo del área de salud de la administración que conduce Mariano Cascallares.

En esta ocasión el operativo se llevará a cabo en la delegación municipal de José Mármol, ubicada en la intersección de las calles Bynnon y 20 de Septiembre de la localidad browniana.

El operativo es una continuidad de la política de salud que viene desarrollando la gestión de Mariano Cascallares y en este caso se desarrollará mañana miércoles entre las 9 y las 13 horas, aplicando vacunas contra la gripe, así como toda la Batería de vacunas que estás establecidas en el calendario de vacunación.

“Black Friday para fin de año: bono al 30% y sólo paga la mitad”

(29/11/16 - Provincia de Buenos Aires)-.El CEPA, Centro de Economía Política Argentina emitió un informe sobre el bono provincial para estatales, que como es costumbre PRO, cuando se trata de un beneficio para trabajadores o es mentira o está terriblemente inflado. 

El presente informe tiene por finalidad analizar los posibles bonos de fin de año compensatorios del poder adquisitivo de los trabajadores en los niveles subnacionales. En virtud de la información disponible, para el trabajo se utilizó como insumo original y de referencia el sueldo de los docentes provinciales, lo que constituye una aproximación al sueldo de los trabajadores estatales provinciales. 

Si bien la información no abarca al conjunto de los empleados estatales, el seguimiento de la plantilla del personal docente provincial y del gasto en salarios docentes suele ser representativo de las dinámicas de empleo y gasto publico provincial.

En términos nominales, los aumentos de salarios de 2015 y 2016 fueron similares (levemente mayor en 2015: 35,11 vs 34,19).

En este contexto, si se considera la variación de salario y la inflación de punta a punta para cada período, el poder adquisitivo en promedio, aumentó 6,24% en 2015 mientras que en 2016 se retrajo 4,98%.

Al calcular el poder adquisitivo considerando las fechas de pago de cada uno de los aumentos, la pérdida de poder adquisitivo resulta levemente menor para 2016 (3,74%).

A partir de este cálculo, la suma promedio que debería abonarse para equiparar el poder adquisitivo de 2015 asciende $6.568,29, aunque se evidencian heterogeneidades según las provincias.

Algunos ejemplos son el caso de Buenos Aires, donde el bono debería ser de $9.092,80, la Provincia de Santa Fe, cuyo monto debería ascender a $6,671, Mendoza, con $18.215 y CABA con $5.229.

En virtud de lo expuesto a lo largo del informe, se constata que las estimaciones para el pago de un bono de fin de año a los trabajadores estatales provinciales superan largamente los $2.000 acordados con el triunvirato de la CGT y el anuncio para los estatales nacionales.

Por otro lado, un bono de $2.000 para les estatales provinciales, en promedio, sería equivalente a la reapertura paritaria con un aumento del sueldo de 4,87%, aplicable al último trimestre de 2016.
En esa misma línea, en promedio, para lograr una recomposición salarial que “empate” los salarios de 2015, el aumento paritario de los sueldos debería ser 15,57% correspondiente también al último trimestre del año.

Es interesante el análisis del caso de la Provincia de Buenos Aires. Allí se discute la reapertura de paritarias para el último trimestre (octubre, noviembre y diciembre). Un bono de $9.092 que permita no perder poder adquisitivo implica un aumento de 22% sobre el sueldo para el período mencionado, similar al reclamo de ATE. Como contraparte, la Provincia ofrece 3,5% que es menor a un bono de $2.000 repartido en el sueldo durante los últimos tres meses del año (ese monto implicaría un aumento de 5,03%).

Además de los montos necesarios para compensar la pérdida de poder adquisitivo, si bien el Ministro de Trabajo indicó que la mitad de las provincias abonaría bono de fin de año, cabe señalar que de las 11 que anunciaron el pago, 8 ya habían abonado un bono similar en 2105.

Las violencias contra las mujeres en prisión

(29/11/16 - DD HH)-.Organismos de Derechos Humanos han emitido un duro comunicado en el cual denuncian formas de violencia institucional a las que son sometidas las mujeres privadas de su libertad.

Con motivo del 25 de noviembre, “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, los organismos firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por las distintas formas de violencia institucional y discriminación por motivos de género que se despliegan durante la persecución penal y la privación de la libertad a través de distintos dispositivos del poder punitivo. 

En especial, CUESTIONAMOS: 
1- La criminalización de mujeres por aborto

2- La criminalización de mujeres en prostitución

3- La desproporcionada criminalización de mujeres por delitos de drogas 

4- La desproporcionada criminalización de mujeres en la persecución de la trata de personas

5- La criminalización de mujeres en contextos de violencia de género

6- La criminalización de mujeres por daños ejercidos por sus parejas contra sus hijos/as

7- La falta de aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad

8- Los obstáculos para acceder y mantener el arresto domiciliario

9- La violencia en el encierro carcelario

10- La falta de acceso a políticas de salud, trabajo y educación en las cárceles. 

1- La criminalización de mujeres por aborto
La criminalización del aborto impacta en especial en las mujeres más vulnerables, que son las que se exponen a prácticas inseguras y pueden presentar complicaciones post aborto. Estas mujeres en ocasiones son denunciadas por los profesionales que las atienden en violación al secreto médico, lo que desalienta la búsqueda de asistencia sanitaria y genera severos riesgos para su seguridad, salud y vida. En muchos casos, se trata de abortos no punibles, pero las mujeres acuden a prácticas clandestinas por los obstáculos que persisten para acceder a ellos. El aborto inseguro en el país constituye una de las principales causas de muerte materna y un enorme problema de salud pública y de derechos humanos.

2- La criminalización de mujeres en prostitución
En las provincias del país y en la CABA, los códigos contravencionales y de faltas operan como herramientas de criminalización de mujeres y trans en prostitución. Estas normas permiten el ejercicio de formas de violencia institucional y policial contra ellas, incluida la violencia física, sexual y económica. Por otra parte, generan intervenciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad, que habilitan la imputación de delitos de mayor entidad, como la resistencia a la autoridad o la tenencia y comercialización de estupefacientes.

3- La desproporcionada criminalización de mujeres por delitos de drogas
De manera frecuente, las mujeres constituyen los eslabones más expuestos y vulnerables dentro de las estructuras de criminalidad económica. La aplicación de políticas antidrogas generó una importante tasa de encarcelamiento y la imposición de severas sanciones que afectaron desproporcionadamente a las mujeres. En Argentina, el 37 % de las mujeres encarceladas están detenidas por delitos de drogas, mientras que en la población penitenciaria masculina, esos delitos representan el 10 %. Asimismo, estas políticas tienen un enorme impacto en las personas trans, en especial en las extranjeras. En general, se les imputa acciones de menor entidad y suelen ser fácilmente reemplazables en la estructura criminal. En consecuencia, esas políticas, además de discriminatorias, son altamente ineficientes para combatir el narcotráfico.

4- La desproporcionada criminalización de mujeres en la persecución de la trata de personas
El daño agravado que genera la trata de personas a nivel trasnacional impulsó diferentes reformas legales para prevenirla, investigarla y sancionarla. En su enorme mayoría, las víctimas de este delito son mujeres. Paradójicamente, cerca del 40% del total de personas condenadas por trata de personas también son mujeres. En ocasiones, esta criminalización se basa en la incapacidad del Estado para identificar correctamente a las víctimas cuando son arrestadas e imputadas. En contrapartida, es insignificante el número de condenas a los mayores responsables de las redes de trata y de explotación.

5- La criminalización de mujeres en contextos de violencia de género
Si bien el Código Penal incorpora causales generales de justificación o eximición de pena por el ejercicio de la legítima defensa, las interpretaciones legales androcéntricas suelen excluir de sus alcances a las mujeres que, en defensa propia o de sus hijos, resisten los ataques de sus agresores. La criminalización de estos casos, además de configurar un tratamiento discriminatorio, envía un mensaje a la sociedad de que no es legítimo defenderse de la violencia de género, y coloca a las mujeres en el dilema entre preservar su vida y su integridad, o la cárcel.

6- La criminalización de mujeres por daños ejercidos por sus parejas contra sus hijos/as
Es usual que se impute o se investigue a las mujeres por los delitos que sus parejas o ex parejas cometieron sobre sus hijos/as, por considerar que omitieron prestar deberes de cuidado “propios de su condición de madres”, incluso cuando ellas mismas también son o han sido víctimas de la violencia intrafamiliar. Muchas veces estas imputaciones revelan distintos estereotipos de género, que afectan el derecho de las mujeres a un juicio justo e imparcial.


7- La falta de aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad
Si bien las “Reglas de Bangkok” de las Naciones Unidas llaman a los Estados a disponer medidas alternativas a la privación de la libertad en caso de mujeres en conflicto con la ley penal, en la práctica esta herramienta se subutiliza. Por el contrario, la tendencia al encarcelamiento de las mujeres es cada vez mayor.


8- Los obstáculos para acceder y mantener el arresto domiciliario
En nuestro país, la ley 26.472 habilita el acceso al arresto domiciliario para las mujeres embarazadas o con hijos/as menores de cinco años o personas con discapacidad a su cargo. Sin embargo, su aplicación enfrenta numerosos obstáculos, como las interpretaciones restrictivas de la norma, los estereotipos respecto de la capacidad parental de las mujeres en conflicto con la ley penal o la falta de condiciones materiales necesarias para acceder al derecho. Asimismo, la falta de políticas públicas para posibilitar o mantener el arresto domiciliario, hace que la medida solo sea viable para quienes cuentan con recursos económicos y sociales para satisfacer sus necesidades y las de su grupo familiar.



9- La violencia en el encierro carcelario
El marcado crecimiento de la población penitenciaria femenina no fue acompañado de una revisión de las estructuras carcelarias que, como regla, se presentan hostiles a las necesidades propias del género, al desempeño de los roles de cuidado y al mantenimiento de los lazos familiares. En el caso de las mujeres y de las personas trans, se advierte una fuerte desproporción entre el daño social que provocan las conductas que en general se les imputan y el castigo formal e informal que reciben dentro de los establecimientos penitenciarios. Por otra parte, prevalecen prácticas como los registros corporales vejatorios, las sanciones disciplinarias que derivan en aislamientos y la privación de contacto con familiares, que impactan con especial crudeza en estos colectivos. En el caso de las personas trans, se verifican asimismo políticas de alojamiento inapropiadas y una afectación general al derecho a ser consultadas al respecto y a que su opinión sea valorada.


10- La falta de acceso a políticas de salud, trabajo y educación en las cárceles
En las unidades penitenciarias también se encuentran múltiples obstáculos de acceso a la salud en general, y a la salud sexual y reproductiva en particular, en especial en la prevención y tratamiento de enfermedades que afectan principalmente a las mujeres, o en la atención de la salud integral de personas trans. Asimismo, un porcentaje ínfimo de la población carcelaria accede a actividades educativas y laborales, la oferta educativa es deficiente, la propuesta laboral reproduce los estereotipos sociales de género y constituye una alternativa inapropiada para el desarrollo personal y la obtención de recursos.
En atención a los cuestionamientos señalados, los organismos firmantes llamamos a eliminar las prácticas de violencia institucional y a garantizar el acceso a la justicia sin discriminación. 

Para ello, RECOMENDAMOS:
1. La producción de información estadística clara, veraz, actualizada, sistematizada y de publicación regular, atenta a la variable de sexo-género en materia de persecución penal y de población carcelaria.


2. La revisión de los marcos normativos sancionatorios y procesales que impactan negativa y desproporcionadamente en las mujeres y en las personas trans.

3. La sustanciación de procesos justos, con enfoque interseccional y libre de estereotipos de género, sexualidad, clase, nacionalidad, condición migratoria y edad, entre otras variables relevantes.

4. La interpretación y aplicación del derecho vigente desde una perspectiva de género, que repare en el historial de vulnerabilidad de las personas imputadas, en la posible existencia de una situación de coerción, en sus responsabilidades de cuidado y en todo otro dato biográfico o contextual que resulte pertinente para determinar los alcances de la autoría y el reproche. 

5. La utilización prioritaria de medidas alternativas a la privación de la libertad.
6. El cumplimiento de la ley sobre arresto domiciliario para mujeres embarazadas y/o con hijos a cargo, junto con la obligación estatal de garantizar los recursos económicos y sociales necesarios a las titulares del derecho y a su grupo familiar.

7. La satisfacción de los estándares básicos de derechos humanos en materia de encierro carcelario, junto con la eliminación de toda práctica violenta y discriminatoria contra las mujeres y personas trans en ese contexto.

8. La transversalidad de la perspectiva de género en el diseño de las políticas penitenciarias, en particular en las políticas públicas de salud, trabajo, educación y para el ejercicio de roles parentales.

Adhieren:
Ministerio Público de la Defensa de la Nación/ Procuración Penitenciaria de la Nación/ Amnistía Internacional/ Equipo Latinoamericano de Justicia y Género / Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS/ Yo no fui/ Asociación de Mujeres Jueces de Argentina – AMJA/ Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina – AMPA/ Observatorio de Género en la Justicia de la CABA/ Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires/ Asociación Pensamiento Penal – APP/ Asociación de Abogados de Buenos Aires -AABA

(APL)

Los 8 testigos convocados por la Operación Lava Jato desvinculan a Lula

(29/11/16 - Brasil)-.Los ochos testigos convocados por el Ministerio Publico Federal del estado de Paraná (MPF-PR) en esta semana, que actúa en el proceso contra el ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que es acusado de ser dueño del departamento en Grajaú, costa de São Paulo, negaron haber tenido cualquier tipo de conversación con Lula.

El procedimiento se enmarca en el proceso de investigación denominado Operación Lava Jato, que investiga casos de corrupción en la empresa pública Petrobras. Los testigos - entre los que se encuentran ex-senadores, empresarios y ex-ejecutivos de la Petrobras y de la constructora Camargo Corrêa - fueron escuchados por el juez Sergio Moro, en Curitiba, capital de Paraná, a cargo de la investigación.

“Los fiscales de la Operación Lava Jato afirman tener convicción de que Lula obtuvo ventajas ilícitas de una constructora por haber facilitado fraudes en contratos de la Petrobras. Pero ninguno de los testigos convocados por los propios procuradores confirmaron esta tesis”, dijo la asesoría del ex-presidente Lula.

En un nota publica, los abogados defensores manifestaron que queda claro “el carácter frívolo de las acusaciones formuladas contra el ex-presidente Lula, características del lawfare, que es el uso de los procedimientos jurídicos para fines de persecución política”.

Los abogados además dijeron que el juez impidió que ellos hicieran el uso de la palabra en diversas oportunidades durante las declaraciones, yendo a contra mano de la ley n.º 9.906/1994 (Estatuto de los Abogados, en su art. 70, inciso X), “en un aparente esfuerzo por crear un clima de hostilidad”.

Teleoperadores en huelga en España denuncian salarios de miseria

(29/11/16 - España)-.Los trabajadores del contact center en España hacen un llamamiento para que la sociedad se solidarice con sus reivindicaciones y apoye el paro de este lunes con llamadas masivas a atención al cliente de las tres grandes compañías que más subcontratan este servicio.

Los trabajadores del sector del contact center han dando un paso más en su movilización por un nuevo convenio colectivo que mejore sus condiciones laborales y piden apoyo a los ciudadanos para que la huelga de 24 horas que han convocado para este lunes tenga el impacto que necesitan para presionar a la patronal, la Asociación de Contact Center Española (ACE).

Se trata de una propuesta de CGT respaldada por los demás sindicatos convocantes y consiste en un boicot a las tres grandes compañías que más subcontratan el servicio de atención al cliente a las empresas de telemárketing: El Banco Santander (915 123 123), Movistar (1004) y Vodafone (123).

“Es la única forma de que funcione la huelga y de que los consumidores que cada día son atendidos por nosotros puedan apoyar la movilización”, asegura a Público Santiago Alonso, portavoz de CGT y miembro de la mesa negociadora del convenio. “Habrá trabajadores que no secunden la huelga y también muchas llamadas que se atenderán desde empresas en América Latina, pero si se satura el servicio tendrá un gran impacto para poder negociar”, añade.

Segunda huelga
Ésta es la segunda jornada de huelga convocada por los sindicatos. La primera tuvo lugar en octubre, tras 20 meses de fracasos en la negociación de un convenio colectivo que caducó en 2014 y que sigue rigiendo el sector por ultraactividad. Pese al éxito en su seguimiento, según los convocantes, no consiguió que la patronal, perteneciente a la CEOE, cediera lo más mínimo en sus posiciones. De hecho, la última reunión de la mesa negociadora entre los sindicatos y la ACE, prevista para el pasado jueves, no llegó a celebrarse. La patronal aseguró que “no tenía sentido reiterar” las posiciones que ya conocían los sindicatos.

No se trata de boicotear a estas empresas en sí, sino de perjudicar a las compañías de telemárketing que les prestan servicio, apuntan fuentes sindicales, que añaden que, por otro lado, el Banco Santander posee la empresa líder de contact center en España, Konecta, que centra gran parte de las críticas de los trabajadores junto a Atento, que fue propiedad de Telefónica hasta que la vendió a un fondo buitre.

El contact center es uno de los sectores más precarios del mercado laboral español debido a sus bajos salarios, que están entre los 700 y 800 euros al mes; los altos niveles de subcontratación y las dificultades para acumular antigüedad en una empresa, ya que no se subroga a todos los trabajadores cuando la compañía cambia de cliente.

Además, los empleados llevan casi dos años con el salario congelado, ya que no ha llegado el nuevo convenio que demandan. El convenio anterior se pactó siguiendo las directrices de la CEOE de contención salarial, por lo que los empleados han visto cómo su sueldo ha aumentado un 5% menos que los precios, apuntan fuentes sindicales.

Los trabajadores exigen una mejora salarial para recuperar el poder adquisitivo que aseguran haber perdido, mejoras en los horarios laborales y los turnos de las plantillas y la subrogación de todos los trabajadores al cambiar de cliente. No obstante, la patronal sólo ha ofrecido hasta el momento una subida salarial del 0% para 2015 (año ya vencido), un 1% en 2016 y un 0,7% los dos años siguientes, algo inaceptable para los trabajadores.

Se conformó la mesa de prevención de triquinosis

(29/11/16 - Esteban Echeverría)-.El Municipio de Esteban Echeverría constituyó una mesa conformada por profesionales de salud, epidemiología, bromatología y zoonosis para la prevención de la triquinosis.

La mesa buscará, a través de reuniones periódicas e implementación de estrategias, prevenir dicha enfermedad parasitaria que se contagia a través del consumo de chacinados o embutidos de cerdo.

Los síntomas son fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de parpado y picazón. Esta enfermedad está presente durante todo el año, y se relaciona con los hábitos de los productores de chacinados y de los consumidores de productos que no tienen control sanitario.

¿Cómo prevenir?
A los consumidores y locales de comida
-Compre sólo en comercios habilitados los productos chacinados, embutidos y derivados (jamón, panceta, longaniza, chorizos, etc.).

-Verifique que los productos tengan etiquetas y figure que son elaborados por establecimientos autorizados.

-La venta callejera de estos alimentos está prohibida ya que no cumple con el control bromatológico.

-Cocinar bien la carne de cerdo hasta que deje de estar rosada. Tener en cuenta que salar o ahumar la carne no es suficiente para matar al parásito.

A los productores y carnicerías
– Al realizar la faena de un animal, incluso si se realiza de manera doméstica, es importante consultar al veterinario y pedir el análisis de una muestra de entraña de cada res a fin de confirmar la ausencia del parásito que provoca la triquinosis y se garantice la seguridad alimentaria.

A los criadores
-Alimente a sus cerdos evitando que ingieran basura, animales muertos y restos de alimentos de restaurantes o comercios urbanos.

– Recuerde que para realizar la faena del animal, debe hacerle una prueba veterinaria.

Treinta mil millones de pesos para contener la protesta social

(29/11/16 - Gestión Macri)-.El gobierno llegó a nuevos acuerdos con la CGT y los movimientos sociales. Despidos y reclamos salariales. Criminalización a la protesta social. Elecciones en los gremios. Continuará el impuesto al trabajo. Ratifican condena a Pedraza. Postergan traspaso de tribunales laborales a la Ciudad.

El Gobierno nacional aprovechó la Conferencia que organizó la Unión Industrial Argentina (UIA) al comenzar la semana pasada para plantear la necesidad de rediscutir los Convenios Colectivos de Trabajo como condición para que finalmente se produzca la lluvia de inversiones, la reactivación de la economía y el aumento del empleo. La propuesta recibió el apoyo entusiasta de los organizadores.

Sin embargo, en el Ejecutivo salieron el jueves a congelar la revisión de los Convenios colectivos de trabajo anunciada por Mauricio Macri. Explicaron que no hay una iniciativa firme para renegociar los convenios sino que se trató de una respuesta política a la marcha que la CGT llevó a cabo al Congreso junto con organizaciones sociales.

En tanto, el Ministerio de Trabajo sí avanzará sobre el análisis de convenios puntuales, como el del sector energético y el de la construcción, en el ámbito abierto de la Mesa de Diálogo por la Producción y el Trabajo.

Los funcionarios consultados admitieron que, más allá de aquella movilización que la central obrera encaró a media máquina, a Macri y su equipo les preocupa la alianza entre los sindicatos peronistas y los grupos piqueteros.

La columna vertebral del macrismo
De todos modos, el Gobierno anudó el miércoles sendos acuerdos para garantizarse -o apuntalar- un fin de año sin sobresaltos en el frente sociolaboral. El entendimiento incluyó un “pacto antidespidos” hasta marzo entre la CGT y las principales cámaras empresariales, como segundo capítulo de la mesa de diálogo que ya había dado como primer fruto sepultar la reapertura de las paritarias a cambio de un bono de $ 2.000 de base en el sector privado, que más de la mitad de las empresas asegura que no podrá pagar, según una encuesta de Sel Consultores sobre la base de 680 entrevistas efectivas a gerentes y responsables de Pymes y grandes empresas.

El compromiso de limitar los despidos será de cumplimiento voluntario por parte de las principales cámaras empresarias, representadas por el G6 (Unión Industrial, Comercio, Construcción, Bolsa, Bancos y Sociedad Rural). Al respecto, el vicepresidente primero de la UIA y titular de la Confederación de Cámaras de la industria alimenticia (Copal), Daniel Funes de Rioja, reconoció que el pacto es inocuo. Una cosa son las leyes y otra el amor que inspira las prácticas budistas del Presidente Macri.

Además, un día antes, el Gobierno nacional transfirió a los gremios $ 1.784 millones del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) en el marco de la compensación a las obras sociales por las prestaciones de alto costo.

El gesto del Poder Ejecutivo con la CGT no es menor, ya que el manejo del dinero del FSR fue uno de las principales temas del enfrentamiento entre la central obrera y el kirchnerismo durante los últimos años del Gobierno de Cristina Fernández.

La paz social nunca es gratis
Mientras tanto, el acuerdo entre el gobierno nacional y los movimientos sociales se firmó formalmente en el Congreso. Las autoridades de Cambiemos en el Parlamento plasmaron en un acta las medidas para paliar la emergencia social, sumaron más organizaciones sociales al acuerdo y se comprometieron a aprobarla antes de fin de año. “Vamos a tener un diciembre tranquilo”, señaló el dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, destacó en la misma línea que “sin duda será un fin de año en paz”, uno de los objetivos que se planteó el macrismo ante la crisis social generada por su política económica.

Además participaron referentes de las agrupaciones que se sumaron al acuerdo: MP La Dignidad, MTE, Los Pibes, OLP, Mocase VC, Garganta Poderosa, Oktubres, Movimiento Villero Alberto Balestrini, y MTD Aníbal Verón, entre otras.

El acta acuerdo firmada establece la elaboración de un nuevo Proyecto de ley que declarará la Emergencia social a partir de la promulgación de la ley y se mantendrá hasta diciembre de 2019. El nuevo proyecto será tratado en sesión extraordinaria el próximo 6 de diciembre.

Los puntos acordados comprometen cerca de treinta mil millones de pesos para los próximos tres años, en diciembre próximo el aumento de los ingresos para cooperativistas a cuatro mil pesos, un aguinaldo de 2.030 pesos, un bono para los hogares beneficiarios de la Asignación Universal por mil pesos más 250 pesos por cada niño de la familia y un incremento de fondos para comedores comunitarios de casi el 60 %. Se creará un Consejo para discutir el Salario Social Complementario y un registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, institucionalizando a los sectores marginados y sus representantes.

“Va a haber un diciembre tranquilo” porque “las fiestas están cubiertas, ya que en el programa ‘Argentina Trabaja’, que está más localizado sobre las villas del conurbano, los compañeros van a recibir en diciembre cerca de diez mil pesos”, pronosticó Emilio Pérsico comenzando a disipar la nube del conflicto que se avecinaba si no se llegaba a un acuerdo. Pérsico agregó que “esto implica movimiento y recursos para las fiestas y que todos los argentinos tengan un pan, un pollo y una sidra para festejar”. Del reclamo por 1.000.000 de puestos de trabajo solo quedó el número de canastas navideñas.

Por su parte, Stanley coincidió con el dirigente peronista, al apuntar que “sin duda será un fin de año en paz. Todos somos responsables y queremos un diciembre en paz”. La funcionaria macrista destacó que “hoy por hoy todos estamos de acuerdo en que diciembre no debería ser un mes conflictivo” y dejó un mensaje de advertencia al señalar que así quedará “expuesto aquél que quiera abusar políticamente de diciembre para generar una situación de conflicto”.

No obstante, el Polo Obrero rechazó el acta y anuncia que este jueves 1º de diciembre se movilizará en Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Chaco, Mendoza, Misiones, Formosa, Mar del Plata e impulsará decenas de piquetes en todo el país. El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, dijo que “La paz social firmada por la CCC, Barrios de Pie y la CTEP con el gobierno, a cambio de menos de $ 700 por mes para el millón de desocupados que ellos mismos mencionan, favorece a la política de ajuste y crecimiento de la pobreza. No es solo por la miseria de los montos, sino porque siguiendo el camino de la CGT, este “triunvirato” aliado al Papa que no fue elegido por nadie, acuerda con el gobierno ajustador abandonar cualquier tipo de reclamo de los sectores más empobrecidos y se convierte en una garantía en favor del macrismo, que está pensando en las elecciones 2017. Esta cooptación, a cambio de acceder personalmente a la montaña de plata de las obras públicas que llevan adelante los cooperativistas, es opuesta a la política que debemos llevar adelante las organizaciones de lucha, en defensa de los desocupados y trabajadores.”Llamamos a todas las organizaciones y a los militantes honestos de todas las corrientes piqueteras a jugar un papel independiente en la situación política y enfrentar el ajuste en unidad con los trabajadores.”, cerró Belliboni.

También el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) convocó a todas los sindicatos, comisiones internas, delegados y agrupaciones independientes y de lucha del movimiento obrero, organizaciones sociales, estudiantiles y de la lucha de la mujer a realizar una reunión el Miércoles 30 a las 17:00 en la cooperativa Hotel Bauen. La finalidad de esta reunión es la necesidad de organizar colectivamente una gran movilización a la Plaza de Mayo el día 20 de diciembre. “Entendemos que esta política de contención encarada por el Estado y las cúpulas sindicales, pretenden evitar que el movimiento obrero salga a la pelea por sus reivindicaciones. En este sentido, entendemos necesario que el clasismo y las organizaciones obreras recuperadas por sus trabajadores sean la punta de lanza de la lucha de todo el movimiento obrero. Entendemos que tenemos esta responsabilidad frente a miles de trabajadores que quieren salir a la calle a pelear por sus reivindicaciones”, señala en la convocatoria a 15 años de la rebelión popular en la Argentina.

A pesar de “la tregua” continúan las suspensiones y despidos
Los dueños del laboratorio fotográfico Triángulo Color de Rosario decidieron cerrar las puertas de sus tres sucursales sin previo aviso y así dejaron en la calle a 36 empleados.

Los trabajadores de Guilford (Comodoro Rivadavia), llevan ya dos meses de lucha en defensa de sus puestos de trabajo. Este grupo empresario, con plantas en Comodoro Rivadavia, San Luis y Mercedes, está dejando 280 familias en la calle.

La empresa Bahco Argentina propuso suspender a los 200 empleados que trabajan en la planta de Santo Tomé (Santa Fe) como consecuencia de la caída de las ventas en el mercado interno, en el marco del concurso preventivo de crisis que presentó en los últimos días en el Ministerio de Trabajo provincial.

Hace un mes sigue la toma del local de comidas “La Lechería” en el microcentro porteño en reclamo de las indemnizaciones adeudadas por el cierre.

Avenida.com, que pertenece al Ministro de Modernización porteño, Andy Freire, despidió a 120 trabajadores.

En La Rioja, la empresa Hilados efectivizó 130 despidos que había anunciado a principios de mes. La Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones (UETTel-CTA) anunció que en el conflicto suscitado con Telefónica de Argentina S.A. que ha durado 63 días de lucha, muchos despedidos han sido reincorporados acorde a lo votado en asamblea. La semana pasada habían marchado por el microcentro porteño por la reincorporación de 86 despedidos. Al respecto el secretario General de la UETTel-CTA y Secretario Gremial de la CTA Autónoma bonaerense, Jorge Castro, explicó: “El conflicto se inició cuando la empresa subsidiaria Chick S.A. envió una notificación a los trabajadores diciendo que Telefónica de Argentina ya no le enviaba más tareas, en ese marco nos notifican que estamos todos despedidos y empezamos un proceso de salir a la calle a pelear por la fuente de trabajo”.

El Ministerio de Trabajo de la Nación otorgó una conciliación obligatoria que los trabajadores cumplieron a rajatabla, según el dirigente telefónico: “Atravesamos muchas audiencias pero no pudimos llegar a ponernos de acuerdo, porque la empresa solo ofrece retiros voluntarios con indemnizaciones y nosotros estamos defendiendo el trabajo de cada uno de los compañeros. La verdad es que hablan de cifras de mucha plata, pero nosotros queremos sostener la estabilidad laboral, sin confrontar con algún compañero que quiera dejar su trabajo”.

También siguen los reclamos salariales
Tras un largo conflicto sectorial, los trabajadores bancarios lograron una recomposición salarial con suma fija, más porcentual para el mes de diciembre, además de cerrar un preacuerdo para el año 2017.

En la negociación paritaria, la Asociación Bancaria que conduce Sergio Palazzo acordó un bono de fin de año no remunerativo para el mes de diciembre, que va desde los 8.000 a los 12.000 pesos, según la escala salarial.

Además alcanzaron un 4% de incremento salarial a partir del 1º de enero y una suma remunerativa compensatoria que se abonará el 5 de enero, que va entre los 7.000 y 7.630 pesos, según la escala remunerativa.

Asimismo, los bancarios tendrán un anticipo mensual en enero, febrero, marzo y abril que se integrará con una suma fija de 2.000 pesos, a lo que se adicionará un 10% de aumento en todas las remuneraciones.

En la segunda quincena de marzo se reabrirán las paritarias para cerrar el acuerdo definitivo para el resto del 2017.

ATE bonaerense paró y protestó frente a la sede del Ministerio de Economía provincial, en rechazo a la oferta formulada por la gestión de María Eugenia Vidal y en reclamo de una “urgente recomposición de los salarios”.

En ese marco, el dirigente de ATE bonaerense Oscar Sánchez aseguró que la adhesión a la medida de fuerza era “muy alta” debido “al descontento generalizado que hay de todos los compañeros estatales de la provincia de Buenos Aires”. ATE rechazó el martes pasado la oferta de aumento salarial del gobierno bonaerense para este último trimestre que, anualizada, llegaba al orden del 35 %.

En tanto, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, adelantó que “la semana próxima” la gestión bonaerense realizará una oferta final a los trabajadores en el marco de las negociaciones.

También los trabajadores de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) hicieron un paro por 48 horas el miércoles y jueves en demanda de la reapertura de las negociaciones paritarias con el gobierno de María Eugenia Vidal, para superar el aumento salarial del 32,5 % otorgado en el mes de mayo.

El secretario general del Sindicato de trabajadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Guillermo Imbrogn, señaló que los trabajadores de la Impositiva se movilizaron el miércoles frente a la sede central del organismo “para reclamar por una reducción salarial que afecta a más de 16.000 empleados”.

El Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (SIPRUS-FESPROSA), realizó el pasado lunes asambleas, debates y consultas en toda la provincia de Santa Fe, en los que se ratificó la Jornada Provincial de lucha dispuesta para los días miércoles y jueves de la semana pasada. “La negativa a reabrir la paritaria salarial, expresada por el gobierno en la reunión del día viernes, y el anuncio de una suma fija, generó el rechazo mayoritario de los trabajadores. Se suma también la continuidad de cesantías en el nodo Reconquista”, contó la Presidenta Provincial del SIPRUS, María Fernanda Boriotti. El jueves, hubo marcha a Santa Fe.

El SiPreBA volvió a expresar que la paritaria del 24,9% anual, firmada por un gremio vaciado, la Utpba, cuyos afiliados se pasan día tras día al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, es insuficiente y reclamó a la Cámara de empresarios de medios, AEDBA, la inmediata rediscusión de dicho magro porcentaje.

La manifestación frente a la cámara patronal que consistió en una olla popular, contó además con la participación de trabajadores de Prensa Escrita de medios como Página 12, Perfil, Clarín, Télam, Ámbito Financiero, Revista Veintitrés, así como de trabajadorxs de Radio América, Radio Nacional, Telefé y la TV Pública, entre otros.
Con un 77% de adhesión se cumplió el miércoles 23 de noviembre el paro de 24 horas que AGMER (docentes entrerrianos) convocó en reclamo de recomposición salarial y exigiendo el pago de un doble medio aguinaldo en diciembre.

El martes se realizó una Jornada Nacional en Defensa de la Ciencia y la Universidad para protestar contra el recorte presupuestario en ambos ámbitos. La medida fue convocada por distintas gremiales estudiantiles, como la FUBA, la FULP y la FUC, Centros de estudiantes de todo el país, Gremiales docentes como CONADU y CONADU Histórica, ATE-Conicet y Científicos autoconvocados, entre otros. Se realizó entre las 12:00 y las 14:00 un cese de actividades en los distintos institutos, universidades y laboratorios.

Ganancias: se mantiene el impuesto al trabajo
Ni Mauricio Macri ni Sergio Massa cumplirán con su promesa de campaña de eliminar el Impuesto a las Ganancias sobre los trabajadores en relación de dependencia.

La llamada “cuarta categoría” pasó de representar el 1% del PBI en 1999 al 3,21 % en la actualidad. Abarca a 1.400.000 trabajadores más 400.000 jubilados. En los ’90 solo impactaba en el personal jerárquico. Actualmente el aumento de la importancia de la recaudación se explica en un 68% por el mayor pago por parte de los trabajadores.

Lejos de las promesas de campaña, en el proyecto oficial más trabajadores, jubilados y autónomos van a estar alcanzados por el impuesto. En tanto, los que ya pagan tendrán el año próximo un alivio poco significativo (5%). Tampoco actualiza el Monotributo.

El proyecto presentado por el Frente Renovador tampoco elimina el impuesto, aunque los ajustes y deducciones son más generosos para los contribuyentes y la pérdida de recaudación aparejada se prevé compensarla con la creación de una serie de nuevos impuestos (a los plazos fijos, Lebac, al juego, a las utilidades obtenidas por el dólar futuro, etc.).

Juan Carlos Schmid, uno de los miembros del triunvirato de la CGT, declaró que no apoyarán ninguno de los dos y planea “ir a trabajar con los legisladores para que escuchen nuestras preocupaciones” (sic). Daer y Acuña, los otros dos integrantes del triunvirato, son legisladores por el Frente Renovador.

Elecciones en los gremios
El 24 de noviembre se realizaron las elecciones internas de Ademys. Los afiliados decidieron por mayoría reafirmar la conducción del Frente Multicolor (con el 71,7% de los votos) por un nuevo período de tres años.

De un total de 1.109 votos, el Frente Multicolor obtuvo 793 y el Frente de Unidad Docente 313.

De acuerdo con los resultados, Jorge Adaro seguirá siendo el Secretario general del sindicato y, según lo establecido por el sistema D´Hont, el Consejo Directivo estará conformado por 11 miembros del Frente Multicolor y 4 del Frente de Unidad Docente.

El Congreso de FESPROSA mostró una vez más que un nuevo modelo sindical es posible. La contundencia de la votación fue el resultado del esfuerzo realizado para incluir a todas las corrientes de opinión y todas las regionales. De los 100 delegados que representan a los 30.000 afiliados de 22 regionales, participaron 89. La lista 1 Naranja obtuvo 87 votos.

Pese a la actitud claramente antisindical de la empresa (Grupo Olmos) y con gran participación en Revista Veintitrés eligieron Comisión Interna con la presencia solidaria de dirigentes sindicales y compañeros de otros medios.

Al enemigo ni justicia
El mismo día que el Gobierno nacional informó a las Naciones Unidas que la dirigente social Milagro Sala continuará detenida, la justicia jujeña liberó a cuatro militantes de la Tupac Amaru, entre los que se encuentra Raúl Noro, el esposo de Sala.

En tanto, la justicia contravencional de Jujuy suspendió el comienzo del juicio contra la dirigente social, bajo el argumento de permitir que se incorporen nuevas pruebas a la causa.

Sobre la suspensión, Ariel Ruarte, uno de los abogados defensores de Sala, expresó su sorpresa y afirmó que “el juez sabía que la prueba (pedida por la acusación) no se había incorporado y que podría ser un inconveniente. Es todo rarísimo”.

Por su parte, Milagro Sala recibió la visita de varios dirigentes de organismos de Derechos Humanos, entre los que se encontraba la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. “Yo voy a salir por el mundo a hablar de Milagro Sala, voy a pregonar lo que está pasando en nuestro país”, prometió, acompañada de Hugo Yasky, Victoria Montenegro y Horacio Pietragalla Corti, entre otros.

También la visitó una delegación del Parlasur el sábado, para transmitirle el apoyo institucional a la resolución del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de la ONU que pidió su inmediata libertad.

En paralelo, en la sede de la Tupac Amaru, un plenario de Comités por la libertad de Sala lanzó la campaña “Por una Navidad sin presos políticos”.

El Sindicato de Azucareros en Ingenio Ledesma convocó a una movilización el miércoles 30 de noviembre, en Buenos Aires. Si bien tuvieron logros salariales y mejoras en cuanto a las condiciones de trabajo, los últimos acontecimientos de violencia con la policía se han vuelto cotidianos y una práctica “normal”.

Además, días atrás el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de la Provincia, ordenó a Rafael Vargas, Secretario General del sindicato, prestar servicios comunitarios no remunerados por el término de 18 meses, a causa de una Denuncia Penal Formulada por la Empresa LEDESMA S.A.A.I.

De esta manera la “justicia” de la Provincia, siempre con un guiño amistoso a los planteamientos de la Empresa Ledesma, criminaliza al líder sindical, por haber ejecutado el derecho de huelga y ser una figura inflexible ante las arbitrariedades y menosprecio del gigante azucarero a sus trabajadores.

La semana anterior trabajadores de los hospitales bonaerenses convocados a una reunión para discutir la reincorporación de despedidos y la precarización de miles de trabajadoras, fueron recibidos y golpeados por la Infantería, al intentar ingresar a una entrevista acordada con el Subsecretario de Administración y Gestión, Gustavo Reija.

La Corte Suprema ordenó sacar de sus puestos de trabajo a cuatro empleadas de Lotería Nacional que habían sido reincorporadas a principio de noviembre gracias a un fallo de la Cámara Laboral.

“La estabilidad del empleado público en sentido propio, excluye en principio, la cesantía sin causa justificada y debido proceso y su violación trae la nulidad de la medida y la consiguiente reincorporación”, había dicho la Corte en mayo del 2007. Corrían otros tiempos políticos.

Un par buenas
La misma Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a 15 años de prisión a José Pedraza por el asesinato del joven militante Mariano Ferreyra. El fallo de la Corte rechazó por inadmisibles los recursos de queja presentados por las defensas de Pedraza y de otros once condenados por el homicidio de Ferreyra y las severas lesiones causadas a Elsa Rodríguez por el grupo agresor que respondía a Pedraza, hasta entonces titular de la Unión Ferroviaria, el mayor sindicato ferroviario.

La Corte también ratificó las condenas impuestas a Juan Carlos Fernández y Cristian Favale, entre otros acusados por el ataque con armas de fuego perpetrado en el barrio porteño de Barracas a manifestantes que reclamaban la efectivización de los trabajadores del Ferrocarril Roca que tenían contratos precarios tercerizados.

Se postergó el traspaso del fuero laboral a la Ciudad
Una masiva respuesta de los trabajadores judiciales, abogados y jueces, en categórico rechazo al traspaso del fuero laboral a la Ciudad, se consumó el martes 22/11 en el Acto convocado por el conjunto de organizaciones sindicales representativas de los trabajadores judiciales y la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. A pocas horas de esa movilización, desde el Ministerio de Justicia de la Nación se admitió que no estaban dadas las condiciones para el traspaso y postergó su proyecto. 

“La realidad señala, más allá de los discursos, que el gobierno le dejó a los empresarios una zona liberada para despedir. Y es en ese contexto que se explica el proyecto de traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad, bajo la ambición de tener, para ese programa político, a una Justicia controlada”, expresó Matías Cremonte, presidente de la AAL y uno de los oradores del acto, en el que participaron dirigentes de la CGT, las dos CTA, la UEJN y los delegados de la Comisión Interna del fuero del Trabajo.

Ya adhirieron a la Multisectorial la Confederación General del Trabajo (CGT); CTA Autónoma; CTA de los Trabajadores; Asociación de Abogados Laboralistas (AAL); Federación Judicial Argentina (FJA); Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas; Federación de Trabajadores de la Industria (FETIA); Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro; Asociación Trabajadores del Estado (ATE); Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE); Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Aceiteros); Federación Obrera Regional Argentina (FORA-AIT); Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines; Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA).

Paralelamente, los empleados del Poder Judicial del fuero nacional anunciaron un paro de 48 horas miércoles y jueves en rechazo a la medida.

“Lo que hay en juego acá es un proyecto de flexibilidad laboral”, señaló Martín Mascolo, Secretario Gremial de la Comisión Interna del Fuero del Trabajo de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. “El traspaso se aceleró hace una semana por parte del gobierno y vamos camino a tener el conflicto gremial más importante de los últimos 20 años”.

En materia de justicia laboral, hay 80 juzgados, de los que se pretende trasladar 30 a la Ciudad. “El resto quedarán residuales, o sea que desaparecerán. Mientras tanto, esos 50 juzgados absorberán las causas de los otros 30, que ingresarán limpios de causas a la órbita porteña, lo cual traerá una enorme saturación. Entran 150 causas por mes a cada juzgado, hay que repartirse más trabajo y quedaremos menos salas para seguir atendiendo los futuros reclamos”, señaló Mascolo.

A lo que se suma otra cuestión: 34 de los 80 juzgados no tienen Juez titular. O sea que hay jueces titulares de los restantes juzgados que subrogan en los vacantes, con lo que se demoran las sentencias. Mascolo apuntó que “los 30 juzgados del fuero laboral que pasarán a la Ciudad están todos vacantes. O sea que encima veremos un reparto de cargos de jueces, sabemos el color político que gobierna la Capital, que es el mismo que ahora está en la Nación”.

Con todo, el mayor temor es el posible desguace. Para Mascolo, “el fuero laboral sirve para equilibrar al empleador con el empleado. Macri mismo lo advirtió hace poco, diciendo que le gustaría mayor equidad en la justicia laboral. Lo dice porque en la justicia laboral se ampara a los trabajadores. Quieren usar esto como punta de lanza para luego promover una reforma laboral. Sin la red de protección que significa este fuero, irían por lo otro, sin ninguna duda”.

* Por Mario Hernandez (ANRed)

Fuentes:La Capital, www.soeail.com, www.sipreba.org, www.ambito.com, Resumen Latinoamericano, www.infogremiales.com.ar, Clarín, Tiempo Argentino, La Izquierda Diario, Anred, Red Eco Alternativo, www.infonews.com, agenciacta.org y Página 12.