El progreso de los countries: privatización, abandono y discriminación
Apuntan también contra la empresa estatal AYSA por haber incumplido su compromiso de demorar una obra hidraúlica que hace aún más peligroso el ingreso por el Arroyo Garín cuando aumenta la correntada en tiempos de lluvia. La empresa aún pretende lograr la escrituración de estas tierras, conocidas como “la vía muerta”, que eran el único acceso vehícular a Punta Querandí.
La pérdida del “camino de la vía muerta” nunca se reparó: la calle perimetral está usurpada por el barrio privado San Benito y el ingreso por calle Brasil se hace a través de un bote. Cuando hay correntada por lluvias es imposible cruzar y esta situación peligrosa se agravó con la construcción de una zanja enorme realizada por AYSA para desagotar el agua de las lluvias en el arroyo.
El problema es que “cuando hay correntada se hace un terrible remolino y se viene todo abajo, la calle Brasil y nuestras casas”, dice Charly. Y Alejandra agrega: “No se puede cruzar y hay chicos que van a la escuela, gente que trabaja. Hoy quedaron dos chicos míos del otro lado, venían de trabajar y no podían pasar con el bote”
Los vecinos habían reclamado a las autoridades de AYSA que refuercen ambas orillas de la costa y colaboren para reponer el puente de acceso antes de concluir la obra. “El puente precario que había antes lo sacaron ellos”, recuerda Carlos Arrambide. “Yo había creído totalmente en la palabra del hombre de AYSA, ahora no atienden los teléfonos”, dice decepcionada Alejandra, quien recuerda: “Estuvimos en una reunión en septiembre con los de AYSA y nos prometieron que iban a presentarnos un proyecto para ver si estábamos de acuerdo, para que tengamos mayor accesibilidad”. Esto incluía el compromiso de “hacer una estacada e iban a ver si nos ponían el puente caído que saco el municipio de Tigre o dar alguna solución”.
La promesa quedó en el olvido. “Rompieron lo que quedaba de la calle Brasil y pusieron los caños”, relata Alejandra. “Nos dijeron que recibieron carta documento del Municipio de Escobar” para terminar el trabajo, manifiesta Charly, quien trató de frenar los trabajos el 31 de octubre pero un patrullero acudió rápidamente a un llamado al 911 y lo amenazó. “La policía me dijo que no soy quien para parar las obras. Le expliqué que soy el principal damnificado. Me dijeron que tengo que hacer una denuncia. ¿De qué me sirve una denuncia cuando se me cayó la casa abajo? Las denuncias son lentas y por eso estamos encerrados”. ‘Te vamos a tener que llevar a la comisaría’, fue la reacción del oficial. Para Charly fue una “intimidación porque vieron que yo no arrugaba”.
Sin accesos por complicidad estatal
Aunque las autoridades del barrio privado San Benito dejan pasar a los habitantes de la zona de Punta Querandí la situación irregular da lugar a todo tipo de arbitrariedades. “Esto es como el famoso muro, en nuestras casas no puede venir nadie, ¿hay que ponerse la bandera estadounidense de ellos para que podamos entrar? Por ejemplo venía la profesora particular de uno de mis nenes y no la dejaron entrar. ¿Si mañana viene un amigo que es de piel negra no lo van a dejar pasar? Hay que hacer algo”, expresa Alejandra Ramirez, vecina del paraje Punta Canal entre el Canal Villanueva y el Arroyo Garín.
“A mi madre no la han dejado pasar el día de mi cumpleaños y se dio toda la vuelta y se vino caminando desde la parada del 720 con 40 grados a la sombra (son unas 15 cuadras). Mi vieja ya tiene 80 años”, cuenta Carlos Arrambide, quien vive en el lote lindero a Alejandra. “Felix Dufourq (intendente del country) puede dar las órdenes que quiera adentro, pero no es quién para decidir quién viene a mi casa y quién no viene”, denuncia Charly.
La falta de acceso de los vecinos fue uno de los argumentos de la sentencia del juez federal Carlos Héctor Alvarez para fallar contra la “Desarrolladora San Benito” (EIDICO) en el juicio en el que la empresa pretende lograr la escrituración de las tierras ferroviarias, en septiembre de 2015.
Sin embargo, en una reciente audiencia en la sede de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, los vecinos observaron una predisposición a favor de la empresa o al menos, una falta de comprensión del conflicto en su totalidad. Allí estuvieron el Presidente de la Sala II, Dr. Ricardo Víctor Guarinoni, y el juez Dr. Alfredo Silveiro Gusman, además de los abogados de EIDICO, Santiago Sánchez Sorondo, Tomás O’Reilly y el propio Jorge O’Reilly (presidente de la empresa). Desde el Movimiento en Defensa de la Pacha pedimos que hagan el esfuerzo de respetar los derechos colectivos.
Antes del 2009, el acceso vehicular a Punta Querandí era por “la vía muerta” y en el arroyo Garín existía un puente peatonal. En el 2010, AYSA reemplazó esta pasarela por un puente vehicular alquilado al ejército argentino, pero sólo por un año, ¿El motivo? Pasar camiones con tierra para la construcción de la Planta Potabilizadora Juan Manuel de Rosas ubicada a 2 kilómetros. Esa fue la ocasión ideal para que la empresa EIDICO desaparezca completamente el camino ferroviario y lo convierta en el acceso náutico para San Benito y San Marco, debido a que la Justicia consideró que el ingreso ya estaba garantizado para los vecinos y dio de baja una medida cautelar que había logrado Carlos Arrambide para proteger estas tierras por las que hasta 1967 circulaba el tren que unía Maschwitz con Dique Luján.
Lo que pasó después ya fue explicado muchas veces, pero vale la pena repetirlo. Cuando a mediados de 2010 venció el alquiler del puente, los vecinos se quedaban sin nada. Hubo que hacer bastante movimiento para lograr una solución muy precaria. El 20 de octubre ese año, la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió la Resolución 129/10 que exhortó a las municipalidades de Tigre y Escobar “la adopción de las medidas necesarias que aseguren a quienes viven en Punta Canal el libre y permanente acceso, peatonal y vehicular, a sus viviendas”. El 4 de noviembre, hubo una masiva manifestación frente al Palacio de Gobierno tigrense.
Las autoridades locales se vieron obligadas a poner un puente en diciembre de 2010 pero lo hizo “de mala gana”: nunca lo instalaron correctamente, dejaron las barandas tiradas a pocos metros y dejaron que se cayera en agosto de 2015, a pesar de las advertencias que hicieron los vecinos desde el principio. ¿Quién era el funcionario de Tigre responsable cuando se instaló este puente? Pablo Dameno, a cargo de la estratégica área de Planeamiento Urbano, quien venía ser directivo de EIDICO y está implicado en la transferencia de las tierras ferroviarias.
Desde agosto de 2015, la única manera de cruzar el arroyo es nadando o con un bote, pero luego de las lluvias la correntada hace imposible ese objetivo. Por eso, los vecinos resistieron el ensanchado de la zanja de la calle Brasil por parte de AYSA para desagotar los excedentes de lluvia en el arroyo.
“Se hicieron todos los actos administrativos a los distintos organismos en su debido momento y terminamos en la misma”, dice Charly. Algunos ejemplos: “se hizo el reclamo del puente un año antes que se cayera, se hizo el reclamo en el camino de la vía muerta y la rompieron, se hizo el reclamo de la calle (perimetral) desde el 2009 y nada. Entonces uno siente impotencia o que le están tomando el pelo o lo toman por boludo. ¿Qué otros papeles o denuncias tengo que hacer? ¿Tengo que pagar un abogado para defender una calle que es pública?”.
