La carta fue enviada por los legisladores federales David B. McKinley y Alex X. Mooney, como un intento de persuadir al gobernador Ricardo Roselló.
“Hasta en este asunto ambiental está involucrado nuestro problema de subordinación colonial”, denunció Dalmau al sostener que los dos congresistas, por quienes nadie en Puerto Rico votó, vienen con actitud despótica a defender los intereses de una millonaria compañía norteamericana.
Según Dalmau, esperan que el gobierno no se acobarde y se deje presionar por dos legisdores, que obviamente responden a los intereses de la carbonera AES. Asimismo, explicó que el gobierno de Puerto Rico puede ser más estricto que las leyes federales, al manejar las cenizas de carbón.
“Destilan prepotencia al intentar utilizar sus posiciones en perjuicio de los puertorriqueños al pensar que pueden usar nuestro país como si fuera un cenicero industrial”, agregó.
La posición de los dos miembros de la Cámara baja estadounidense se produce luego que el criterio del alcalde de Peñuelas (sur), Walter Torres, prevaleciera en el Tribunal Supremo de Puerto Rico en contra de la empresa EC Waste, dueña del Peñuelas Valley Landfill.
‘Hasta ahora las ordenanzas municipales sometidas por el PIP y aprobadas por los municipios han sido la base legal para detener el depósito, por lo que es urgente que aprobemos un proyecto a nivel legislativo’, puntualizó Márquez.
