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Sociedad
(05/02/17 - DD HH)-.Se trata de Gregorio Badeni, un abogado constitucionalista que milita en contra del matrimonio igualitario y otros derechos civiles, y que tiene el nefasto antecedente de haber firmado una solicitada a favor de la Dictadura durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Badeni, junto a otras personalidades destacadas de la política, las ciencias y los medios de entonces, suscribió mediante su firma a la idea de que las Fuerzas Armadas, que estaban siendo juzgadas por delitos de Lesa Humanidad, merecían “reconocimiento y solidaridad”, por haber defendido a la Nación “en la guerra desatada por la agresión subversiva” y por haber derrotado “a las organizaciones terroristas que pretendieron imponernos un régimen marxista”.
La Sociedad Interamericana de Prensa, que reúne a los propietarios, editores y directores de los más prestigiosos diarios de América Latina, está a punto de cometer un error imperdonable: si no media una rectificación, a fines de marzo le otorgará el “Premio Chapultepec” por su “destacada aportación a la lucha a favor de las libertades de expresión y de prensa” a Gregorio Badeni, un afamado constitucionalista, controvertido en sus posiciones, que supo defender el accionar genocida de la última dictadura militar argentina.
En tiempos en los que el Gobierno de Mauricio Macri y el de María Eugenia Vidal amparan a funcionarios cuyo aval a las desapariciones, torturas, robos de bebés y asesinatos llevados a cabo por el Gobierno de facto es explícito, la premiación de la SIP reviste el carácter de trago amargo.
Es que Badeni, que es docente de Derecho Constitucional de la UBA –ingresó en esa casa de altos estudios en 1976, cuando los concursos estaban cerrados y la Facultad de Derecho intervenida- y director académico de la Escuela Nacional de Periodismo desde 2005, tiene, en rigor, un perfil por demás polémico.
En el ámbito universitario se le achacan posturas contrarias a toda legislación progresista, especialmente contra el matrimonio igualitario, al que tildó como un caso que “linda con el absurdo”, por su carácter contrario “al orden natural”, y contra sus promotores, a quienes califica como “esnobs”, de acuerdo a notas publicadas por La izquierda diario.
Lo más grave del perfil de Badeni pasa, sin embargo, por otro lado: su adhesión, inmortalizada en una solicitada que se publicó en los principales diarios nacionales –como La Nación y La Prensa- a favor de la dictadura militar, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Badeni, junto a otras personalidades destacadas de la política, las ciencias y los medios de entonces, suscribió mediante su firma a la idea de que las Fuerzas Armadas, que estaban siendo juzgadas por delitos de Lesa Humanidad, merecían “reconocimiento y solidaridad”, por haber defendido a la Nación “en la guerra desatada por la agresión subversiva” y por haber derrotado “a las organizaciones terroristas que pretendieron imponernos un régimen marxista”.
La solicitada es ampliamente conocida en los corrillos políticos por cuanto exhibe la firma de Joaquín De la Torre, actual Ministro de Gobierno bonaerense, ex intendente de San Miguel y activo militante del Opus Dei. Pero el nombre de Badeni salió a la luz por el oportuno tuit del consultor político Juan Manuel Sabarís.
El galardón entregado a Badeni se reflejó en noviembre del año pasado en una publicación de Clarín. Este abogado exhibe estrechos lazos con el Grupo que dirige Héctor Magnetto, tanto como con el diario La Nación. Fue el propio José Claudio Escribano, directivo del matutino porteño, quien lo presentó en la Escuela Nacional de Periodismo.
Como abogado, fue un férreo opositor a la Ley de Medios, sancionada por amplia mayoría en el Congreso y convalidada por la Corte Suprema de Justicia. En una editorial publicada en octubre de 2013, condenó el accionar del Máximo Tribunal de Justicia del país y lo calificó como un “grave retroceso para establecer la vigencia de la libertad de expresión en la Argentina”.
“Los jueces que declararon la validez de la ley de medios comenzaron a transitar la misma senda hacia el populismo que siguieron los jueces de Venezuela, Ecuador y Bolivia, al cercenar el libre desenvolvimiento de los medios audiovisuales”, escribía por entonces.
Con su decisión, la SIP, que jamás se ha preocupado por consultar la opinión de los periodistas a pesar de que se arroga un rol de protector de la libertad de expresión, son esos los galones que pesaron más que la apología de un régimen que se llevó la vida de treinta mil argentinos y que sembró todo un país con horror, tortura y desapariciones.
