Publicado por: Redacción
Hora de publicación: 8:00
Sociedad
(10/08/17 - Pesticidas)-.Ante la intención manifiesta del gobierno nacional de reducir las distancias para la aplicación aérea y terrestre de agrotóxicos alrededor de poblados (200 metros para aplicación aérea y 100 metros para la terrestre) acercamos la siguiente declaración.
Declaración de la Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas de América Latina frente a las afirmaciones del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, y el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, en la inauguración del congreso de 25° Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), sobre el dictado de una resolución con distancias que deberán respetarse en la aplicación de agroquímicos respecto de los centros urbanos.
Javier Souza Casadinho (coordinador regional)
Dice el diario La Nación “En la época del ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y luego con su sucesor Norberto Yauhar, entidades del sector privado, desde productores a empresas de agroquímicos, con la participación de organismos como el INTA, trabajaron en un documento con recomendaciones para la aplicación de agroquímicos. Se pusieron 200 metros para la aplicación aérea y 100 metros para la pulverización terrestre. La actual cartera de Agroindustria vino manteniendo esa propuesta de distancias”.
Dichas distancias son insuficientes dada la posibilidad que los plaguicidas, según sus propias características fisicoquímicas, pueden evaporarse, ser arrastrados por las corrientes de aire, solubilizarse en las fuentes de agua, biomagnificarse o poseer efecto “saltamontes (evaporización, arrastre y solidificación) y así alcanzar a la población expuesta o a los alimentos. Está más que probada la incidencia de los plaguicidas en la salud socioambiental. Además, si se impusieran dichas distancias se vulnerarían las normativas municipales que imponen mayores restricciones por ejemplo el caso de los distritos de Luján, Cañuelas o Ramallo en la provincia de Buenos Aires.
En la misma nota el ministro Bergman afirma que “en la actualidad es "un caos" lo que ocurre en materia de las distintas normativas. Por ello, indicó: "Estamos consensuando una resolución para que después adhieran las jurisdicciones. Saldrá como una resolución de Agroindustria en conjunto con nosotros"
Es un caos porque no se tienen en cuenta las investigaciones que prueban la incidencia de los plaguicidas en la salud, y los diputados y senadores nacionales no han sabido escuchar, pese a las innumerables audiencias públicas realizadas en los recintos legislativos, las voces de las comunidades afectadas. ¿Llamarán a las reuniones para alcanzar el consenso a las comunidades e instituciones de la sociedad civil que trabajamos sobre la dinámica de uso de los plaguicidas y su efecto socioambiental?
“El ministro apuntó que también se está trabajando con el sector de la industria de agroquímicos para acelerar el cambio a productos amigables con el entorno"
Se sigue una línea argumentativa en la cual se piensa y actúa como si los productos no fueran tóxicos en sí mismos, se piensa en las buenas prácticas, en las categorías toxicológicas que nos hablan de productos que “normalmente no ofrecen peligro”, haciendo caso omiso a las investigaciones y registro de casos de intoxicaciones que demuestran que más allá de la categoría toxicológica es imposible “asegurar” un “buen uso”. Respecto a los plaguicidas una vez aplicados es imposible controlar su relación con los factores ambientales pudiendo, más allá del modo de aplicación, generar intoxicaciones crónicas y agudas
Dice el diario La Nación “Según fuentes de la industria, más del 60% de los productos que se usan ya son de la denominada banda verde, es decir que bien empleados no generan riesgos.”
Nos preguntamos ¿cuál es el buen empleo? ¿Quién lo certifica? Habitualmente los plaguicidas pueden comprarse sin receta, se aplican sin verificar las condiciones climáticas, los envases se queman, arrojan en rutas hasta en basurales… Además, las categorías toxicológicas se determinan en ensayos de laboratorio en un lapso breve de tiempo, por parte de empresas privadas y aún no se tienen en cuanta la toxicidad crónica.
Buryaile afirmó que desde el Gobierno se respeta "el federalismo y la capacidad de autodeterminación para generar leyes" por parte de las distintas jurisdicciones, pero subrayó que los municipios no debieran tener posiciones "muy disímiles". "Hay actitudes políticas en algunos casos respecto de otros"
Todas las decisiones pueden considerarse políticas, defender la salud de las comunidades una de ellas, y si los municipios a partir de las tareas y luchas de las comunidades han puesto restricciones al uso de agrotóxicos debe ser respetado y aún más monitoreado el cumplimiento de dichas disposiciones
El desafío de las cámaras de diputados y senadores a nivel Nacional junto con las legislaturas provinciales es acompañar las decisiones tomadas en muchos distritos, como algunos ubicados en la provincia de Buenos Aires, comenzando por prohibir las aplicaciones áreas de agrotóxicos además de poner 4000 metros de restricción para la aplicación en forma terrestre. Por último, se deben prohibir los plaguicidas altamente peligrosos, así como instaurar políticas y sus instrumentos que posibiliten la transición de los actuales modos productivos demandantes de insumos hacia sistemas agroecológicos.
Por Silvia Ferreyra
