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El gobierno de Myanmar acordó con Bangladesh permitir el retorno de cientos de miles de emigrados Rohingya

(24/11/17 - Myanmar)-.Un acuerdo para facilitar el retorno de miembros de la minoría musulmana rohingya que han huido a Bangladesh escapando de la violencia y la persecución estatal en Myanmar fue firmado hoy por los gobiernos de ambos países, en medio de creciente presión internacional por el éxodo y la subsecuente crisis de refugiados. 

Más de 620 mil rohingyas, según cifras de la ONU, huyeron de la provincia occidental birmana de Rakhine y se refugiaron en el vecino Bangladesh desde el 25 de agosto pasado, escapando de una operación de tierra arrasada lanzada por el Ejército de Myanmar contra poblaciones de esa minoría.

El gobierno de Myanmar, la ex Birmania, asegura que la campaña respondió a una ola de ataques de insurgentes rohingyas que dejaron decenas de muertos, pero la ONU concluyó que el operativo fue parte de un "plan sistemático" con el fin premeditado de expulsar a los miembros de esa minoría islámica y, sobre todo, de impedir su retorno.

El éxodo se convirtió en una gran crisis humanitaria y desató condenas internacionales contra el gobierno de Myanmar, una nación mayoritariamente budista, encabezado por la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, que sigue negando que se hayan cometido abusos.

Tras semanas de discusiones, el canciller bangladesí, Mahmud Ali, y el ministro Kyaw Tint Swe, consejero de Suu Kyi, firmaron hoy un acuerdo en Naypidó, la capital birmana, para allanar el camino al regreso de los rohingyas, informaron los gobiernos de ambos países del sudeste asiático.

Sin especificar cuántos rohingyas serán admitidos, el despacho de Suu Kyi dijo en un comunicado que el acuerdo "sobre el retorno de personas desplazados de Rakhine" aplicará una fórmula establecida en un pacto firmado entre las dos naciones en 1992 luego de otro espasmo de violencia previo.

En virtud de ese acuerdo, los rogingyas fueron obligados a presentar documentos de residencia, que muy pocos de ellos poseen, para poder ser autorizados a reingresar en Myanmar.

"Vamos a continuar nuestras conversaciones bilaterales con Myanmar para que estos ciudadanos de Myanmar (los rohingyas) puedan retornar a su país", dijo el primer ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina.

"Llamo a Myanmar a empezar a aceptar el pronto regreso de sus ciudadanos de Bangladesh", agregó, citado por la agencia de noticias estatal de su país UNB.

En un comunicado previo, la Cancillería de Bangladesh dijo que el proceso comenzará dentro de dos meses, que "se establecerá un Grupo de Trabajo Conjunto en tres semanas desde la firma y se creará un instrumento bilateral específico para la repatriación de forma rápida", informó la agencia de noticias EFE.

Los rohingya han sido blanco de la violencia comunitaria y del sentimiento antimusulmán en Myanmar durante años. 

Pese a que viven en Rakhine hace varias generaciones, el gobierno birmano despojó a la minoría de la ciudadanía en 1982, convirtiendo a sus miembros en apátridas.
Además de no poder viajar libremente, no pueden practicar su religión ni trabajar como médicos ni como docentes, y también se ha restringido severamente su acceso a los alimentos, la salud y educación. 

Al acuerdo firmado hoy se llegó en el marco de una fuerte presión internacional por la situación de los refugiados rohingyas y las denuncias de la feroz violencia desatada por las fuerzas birmanas contra ellos.

Ayer, el gobierno estadounidense consideró que existe un intento de "limpieza étnica" en el país asiático, por la violencia y los abusos ejercidos contra esa minoría.

En un comunicado, el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, quien visitó Myanmar la semana pasada y se reunió con Suu Kyi, afirmó que "el gobierno y las fuerzas de seguridad" del país asiático deben "respetar los derechos humanos de todas las personas dentro de sus fronteras y responsabilizar a quienes no lo hacen".

El acuerdo llega también pocos días antes de la visita que el papa Francisco hará a Myanmar y Bangladesh, en cuya agenda figura un encuentro con refugiados rohingyas.

En medio de las bienvenidas por el acuerdo, grupos de derechos humanos han expresado su preocupación sobre el proceso, incluyendo dónde se reubicará a la minoría después de que se arrasaron cientos de sus aldeas, y cómo se garantizará su seguridad en un país de mayoría budista donde el sentimiento antimusulmán es creciente.

La organización Amnistía Internacional (AI) dijo dudar que pueda haber un retorno seguro o digno de los rohingyas a Myanmar "mientras sigue en pie un sistema de apartheid" y agregó esperar que quienes no quieren volver no sean obligados.

"Es completamente prematuro estar hablando de regresos cuando cientos de rohingyas continúan huyendo de la persecución y arribando a Bangladesh casi a diario", dijo un vocero de AI.

El portavoz agregó que AI también estaba preocupado por el hecho de que la ONU, y en particular su organismo para los refugiados (Acnur), "ha sido completamente marginado de este proceso. Esto no es un buen augurio para garantizar un acuerdo robusto de repatriación voluntaria que cumpla con los estándares internacionales".

El mes pasado, AI denunció que las fuerzas de seguridad de Mynamar mataron a cientos de hombres, mujeres y niños rohingyas en el marco de su "campaña sistemática" para expulsarlos del país.

En base a entrevistas con más de 120 refugiados rohingyas, AI dijo que fuerzas de seguridad birmanas que rodearon sus poblados, dispararon contra civiles que huían y prendieron fuego a casas, provocando la muerte de ancianos, enfermos y discapacitados.

En algunas aldeas, mujeres y niñas fueron violadas o sometidas a otras formas de violencia sexual, según el informe.

El Consejo Económico y Social de Ituzaingó participará en la audiencia pública para debatir las tarifas eléctricas

(20/11/17 - Ituzaingo)-.El Consejo Económico y Social de Ituzaingó participará en la audiencia pública para debatir las tarifas eléctricas. Se trata de la audiencia pública convocada por el ENRE para tratar las tarifas de las distribuidoras de EDENOR y EDESUR.

El Consejo Económico y Social de Ituzaingó se reunió en la sede de UCIADI para debatir sobre el paquete de reformas laboral, provisional e impositiva propuestas por el Gobierno Nacional y Provincial. En ese marco sus integrantes resolvieron participar en la audiencia pública convocada por el ENRE para tratar las tarifas de las distribuidoras de EDENOR y EDESUR.

La reunión contó con la presencia de funcionarios municipales, la Cámara de Comercio local, representantes de iglesias católicas y evangélicas, representantes sindicales y de SUTEBA, entre otros. Se decidió que el Secretario de Desarrollo Humano y Relaciones con la Comunidad Claudio Righes, sea el encargado de participar en la audiencia pública en representación del Consejo Económico y Social de Ituzaingó.

“Fue un encuentro propicio, es tiempo de intercambiar opiniones, que cada uno desde su lugar aporte las inquietudes de cada sector y estemos en estado de alerta frente al avasallamiento de derechos que está llevando adelante el Gobierno Nacional. Por eso, ahí estaremos en la audiencia pública por las tarifas de electricidad, y seguimos analizando los puntos de las reformas que pretende encarar el Gobierno”, señaló Righes que estuvo acompañado por la Secretaria de Producción, Sandra Rey.

Además durante el encuentro se anunció que el hoy jueves 23 de noviembre a las 18:30 hs. en la sede de UCIADI (Olazábal 841) el Consejo Económico y Social ofrecerá una disertación a cargo del ex Viceministro de Economía Emmanuel Alvarez Agis. La charla será abierta a la comunidad.

“Para que no sea insustentable esto, este gobierno lo que necesita es seguir endeudándose”

(23/11/17 - Gestión Macri, Deuda Externa)-.Así lo indicó la ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires en el marco de una entrevista radial. Además, la ex funcionaria criticó con dureza la reforma previsional impulsada por el macrismo.

La ex ministra de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de Daniel Scioli, Silvina Batakis (foto), fue entrevistada por el medio de comunicación popular Identidad Colectiva. En este contexto, criticó con dureza la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri. 

De esta manera, consideró que “hay que lograr que la sociedad, la gente común, la clase media entienda que este no es el camino. Se tiene que hacer un esfuerzo de todos los dirigentes, y de quienes van a ocupar las bancas en el Congreso de explicarle a la gente de porque se vota de tal forma, y esperemos obviamente que voten en contra de estas reformas que van en contra de la mayoría del pueblo”.

En esta misma línea la economista explicó en relación a la reforma previsional: “Hay cinco millones de jubilados. Si queres le sumamos dos millones de pensionados y llegamos a un gran total de siete millones de personas que la van a pasar mal junto con toda su familia”.

De esta forma, Batakis desarrolló que “el tema previsional es grave porque  la canasta básica de un jubilado, es totalmente distinta a la canasta básica de un activo, y la que se usa para medir la inflación es la canasta básica del activo. Entonces, el poder adquisitivo de un jubilado se va a ver vulnerado muchísimo, los jubilados con la reforma la van a pasar muy mal, peor de lo que la están pasando ahora”.

Además, analizó: “En el Senado si hay una relación muy directa con los gobernadores, y no creo que haya individualidades ahí. Si creo que representan a los gobernadores. Cuando vos tenes provincias que no pueden pagar los salarios, y se comprometen a que te van a dar todo para que vos puedas pagar los salarios, es un apriete de otro lado”.

“Para que no sea insustentable esto, este Gobierno lo que necesita es seguir endeudándose, entonces termina siendo insustentable en mediano y largo plazo”, sintetizó Batakis.

"Nadie más lo va a reconocer como peronista"

(23/11/17 - Partido Justicialista)-.El titular de SUTEBA y referente de la CTA manifestó su oposición a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y sostuvo que, mientras los funcionarios se llevan la plata con empresas offshore, los trabajadores pierden el dinero de su esfuerzo en tarifazos.

 El secretario general de la CTA Buenos Aires y de Suteba, Roberto Baradel, habló con Política Argentina Radio sobre la implementación de la reforma laboral que busca instaurar el Gobierno de Mauricio Macri y resaltó el gesto de unidad entre Cristina Fernández de Kirchner y Pablo Moyano.

Baradel manifestó que "es lógico que Cambiemos presente estas reformas porque es para los ricos y este es un Gobierno para los ricos" y agregó que "la suba de tarifas se suma a las reformas que van contra los trabajadores y que presentan una situación crítica en nuestro país".

Además, alertó que el Gobierno busca aprobar velozmente el paquete de reformas pero advirtió que "no les va a dar, nosotros nos vamos a movilizar cuando se trate el proyecto en el Senado. Hasta ayer a las 12 de la noche no había entrado el proyecto de reforma laboral". 

En este marco, destacó "el gesto de CFK con Pablo Moyano" porque "hay que alentar la unidad más allá las diferencias de otro momento. Hay que saber cual es la contradicción principal, de la contradicción secundaria. Es una unidad para los intereses de los trabajadores".

Respecto al rol de la oposición, hizo referencia a Miguel Ángel Pichetto, titular del bloque PJ-FPV en la Cámara de Senadores, quien adelantó que no permitirá que CFK se integre a ese espacio sino que la ex mandataria deberá crear uno propio, Baradel sostuvo que "está acostumbrado a votarle cosas al Gobierno. Nadie más los va a reconocer como peronistas a los que voten estas reformas".

En este sentido, se preguntó si "¿no se le ocurre a ningún legislador ponerse a discutir las ganancias de las empresas y dónde se llevan las divisas? o ¿Cuáles son las inversiones si los funcionarios tienen offshore y se llevan la plata afuera. 

(El ministro de Energía Juan José) Aranguren tiene una offshore profesional, que es Shell, que se lleva los recursos de los países para las casas centrales ¿Saben cuántos bolsos se llevan afuera por el circuito legal? Se llevan miles y miles afuera del país". Sin embargo, "el dinero de los esfuerzos de los trabajadores se van en tarifazos a empresas internacionales que no invierten en Argentina".

Repudian allanamientos a miembros de una multisectorial por la libertad de Jones Huala

(23/11/17 - Pueblos Originarios)-.El Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu (MAP) repudió hoy los allanamientos realizados el sábado en Neuquén y Río Negro en viviendas de miembros de la multisectorial que reclama la liberación de Facundo Jones Huala, principal referente de aquella agrupación. 

"Esta persecución se debe a que las víctimas de los allanamientos se habían manifestado el día anterior" ante el Juzgado Federal de Neuquén para exigir que se le garantice a Jones Huala "un juicio oral y público que pueda ser cubierto por la prensa", afirmó el MAP en un comunicado.

La orden judicial que dispuso los allanamientos le ordenó a la Policía buscar cartelería, soportes electrónicos y "prendas de vestir con identificación de agrupaciones y todo elemento relacionado a la RAM", en relación a la escurridiza “Resistencia Ancestral Mapuche” a la que se le atribuyen diversos atentados –por lo general, incendios- tanto en la Patagonia chilena como en la argentina.

El allanamiento fue dispuesto, precisamente, en el marco de la causa originada en el supuesto atentado incendiario sufrido por una instalación de la petrolera Pluspetrol.

"Lo único que encontraron fueron agendas, notebooks y cartelería referida al pedido de liberación y no extradición del lonko Facundo Jones Huala", detenido en el penal de Esquel (Chubut) a la espera de un segundo juicio de extradición a Chile, afirma el comunicado del MAP.

Según la Confederación Mapuche de Neuquén, que repudió también los allanamientos, éstos afectaron a "quienes apoyan la lucha de los pueblos originarios" y la imagen que pretende asociar a los mapuches con hechos de violencia apunta a "ocultar que existe un conflicto de fondo que tiene raíces históricas y que está relacionado con el derecho a la tierra y territorios" de los aborígenes.

Entre las víctimas de los allanamientos mencionó a "militantes de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, del PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas), comunicadores populares de Radio Zona Libre", la referente mapuche Carmen Antilef, Ruben Wani, Marcos Peinevil y el ex detenido-desaparecido y ex concejal Eduardo Paris.

También la CTA Autónoma de Río Negro condenó "los abusos policiales y judiciales" que, según afirmó, "buscan desprestigiar a quienes se solidarizan con la causa del pueblo mapuche" y forman parte de "un plan de persecución contra militantes sociales y populares".

Masiva marcha en Santa Cruz cierra movilización nacional en apoyo a la repostulación de Evo Morales

(23/11/17 - Bolivia)-.Una masiva concentración de militantes y simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), agrupados en organizaciones sociales, cerró la noche de este martes la movilización nacional de sectores en apoyo a la repostulación del presidente Evo Morales en 2019.

El monumento del Chiriguano, en la capital cruceña, fue el sitio elegido para congregar a cientos de personas que se dieron cita para demandar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un fallo favorable al recurso de amparo presentado por el oficialista MAS que busca que se declare “constitucional” una nueva postulación de Morales a la Presidencia.

“100.000 personas llegaron de todas las provincias, distritos de Santa Cruz (…) agradecer a toda esa población que se movilizó. Fue una jornada que demuestra el cariño que se tiene a este proceso y al presidente Evo Morales. Hemos cerrado con broche de oro las movilizaciones que hubieron en otras ciudades y esta en Santa Cruz ha sido una hermosa coronación de un esfuerzo de miles de personas”, aseveró la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, en el programa Que No Me Pierda de la red UNO.

Los organizadores sociales habilitaron tres tarimas para los oradores, representantes de las organizaciones sociales, asambleístas departamentales y nacionales, y autoridades de municipios que se adscribieron al pedido de repostulación del Jefe de Estado, según difundió la estatal ABI.

“Estamos seguros que habrá una respuesta favorable y sin presiones, sólo estamos ejerciendo nuestro derecho democrático de pronunciarnos de forma pacífica en función a recursos que son constitucionales y están enmarcados en el derecho internacional”, subrayó el diputado supranacional, Edgar Romero.

En el acto también estuvo presente el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien aseguró que “en función a concentrar gente para las movilizaciones no competimos con nadie, lo hacemos entre nosotros, porque no hay oposición, y dije que esta sería la más grande del país porque refleja el clamor de todo un pueblo que quiere que la Agenda Patriótica 2025 se concrete de la mano de nuestro presidente”.

La primera de este tipo de movilizaciones tuvo lugar el 26 de octubre en la ciudad de Cochabamba; la segunda en La Paz el 7 de noviembre; el 10 de noviembre en Sucre; y la última hoy en Santa Cruz.

Morales juró como Presidente en enero de 2006 y fue reelegido en 2009 y 2014. El 21 de febrero de 2016, en el referéndum constitucional convocado para consultar sobre sí Morales debía repostular de nuevo, el 51% de los votantes optó por el No a una nueva postulación.

Puigdemont no acata el 155 y se considera aun presidente catalán

(23/11/17 - Cataluña)-.El cesado presidente catalán rechaza acatar el artículo 155 de la Constitución española y aceptar el sueldo de ex presidente porque se considera aun presidente.

Carles Puigdemont, quien se encuentra en Bruselas (capital belga), ha renunciado este miércoles al sueldo que le correspondería como expresidente catalán porque considera que todavía es el presidente “legítimo” de Cataluña, han explicado fuentes cercanas, citadas por el diario local El Nacional.

El líder independentista no acepta haber sido cesado por el Gobierno español a raíz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, por lo que consecuentemente tampoco acepta la condición de expresidente ni el sueldo que eso conlleva, que consistiría en unos 112.000 euros al año.

No obstante, el cesado presidente catalán, que en la pasada legislatura renunció a su retribución como diputado en el Parlamento regional, sí prevé darse de alta para cobrar el sueldo de parlamentario que le corresponde durante los meses que transcurran hasta que comience la nueva legislatura.

Esta decisión se produce después de que el ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, le diera el martes un plazo de diez días hábiles para decidir si solicitaba acogerse al Estatuto de expresidentes de la Generalitat y cobrar así la pensión que le correspondería. Si pidiera la pensión, Puigdemont estaría acatando implícitamente su cese y la intervención de la Generalitat en base al artículo 155.

El Estado continúa siendo una máquina de humillar instituciones y ciudadanos. Montoro debería dedicar su tiempo a recuperar el dinero perdonado del rescate bancario”, afirma el destituido presidente catalán, Carles Puigdemont.

Puigdemont ha confirmado en un tuit la noticia y ha aprovechado para criticar al Estado español. “El Estado continúa siendo una máquina de humillar instituciones y ciudadanos. Montoro debería dedicar su tiempo a recuperar el dinero perdonado del rescate bancario”, ha afirmado.

Al darse a conocer esta noticia, el titular de Hacienda ha respondido que “no tiene sentido” que Puigdemont renuncie a su pensión cuando no es otra cosa que expresidente de la Generalitat. “Me parece una postura fuera de lugar, que renuncie no tiene el mayor sentido”, ha considerado, insistiendo en que a lo que tendría que renunciar es “a una postura que está haciendo daño al conjunto de los catalanes y los españoles”.

Contra Puigdemont y los consejeros que lo acompañan en Bélgica pesa una orden internacional de busca, captura y prisión, por estar acusados de rebeldía, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, en relación con la declaración ‘ilegal' de independencia de Cataluña. Los ‘políticos permanecen en régimen de libertad vigilada hasta que la Justicia belga decida si los extradita a España.