(07/01/19 - Lesa Humanidad)-.El diagnóstico elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos, producido a partir de la información remitida por las fiscalías y Unidades fiscales de todo el país, destaca que en 2017 se había detectado un aumento en el ritmo con el que se dictaban sentencias de juicio.
El análisis de los datos correspondientes a 2018 indica que comenzó a detenerse esa reactivación. Este aspecto se combina con las persistentes demoras en diferentes instancias del proceso, debido a las dificultades para conformar los Tribunales intervinientes o la actividad recursiva de las partes que produce dilaciones en la tramitación.
El documento también advierte que, respecto al año anterior, se registró una baja significativa en el ritmo de elevaciones a juicio, celebración de los debates orales y sentencias, debido a la interposición de recursos y dificultades para conformar los Tribunales, entre otras cuestiones. Además, las cifras evidencian que el 65% de las personas privadas de su libertad se encuentra bajo arresto domiciliario.
En un nuevo informe sobre el estado del proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, la PCCH presenta, en primer lugar, el detalle sobre el estado de las causas, el avance de la situación procesal de las personas investigadas y el análisis de trayectorias temporales con la medición de los tiempos de tramitación del proceso de juzgamiento. Además, aporta datos sobre el número de personas detenidas, sus correspondientes modalidades de encierro, y clasifica esta información según rangos etarios.
Por último, los datos muestran que se redujo significativamente el número de personas detenidas en el marco del proceso de juzgamiento, con un marcado descenso a un total de 989 en diciembre de 2018.
El alto número de causas en instrucción
El informe destaca que “persiste un número estable de causas en etapa de instrucción, que constituyen la elevada cifra del 45% del total de causas en trámite: casi la mitad de las causas que hoy están activas, tienen aún por delante prácticamente todo el recorrido del proceso penal”.
Por otra parte, “el análisis de las trayectorias temporales muestra que insume un promedio de cinco años que una causa se eleve, se realice el juicio, y se confirme o no la sentencia en las instancias recursivas posteriores”.
En este sentido, aun suponiendo que en las más de 200 causas en instrucción se presente el requerimiento de elevación en 2019, como mínimo, la finalización del proceso demoraría hasta mediados de 2025.
Las demoras en las instancias de juicio y recursivas
Tal como consigna el informe, “el diagnóstico 2018 permitió identificar una baja significativa en el número de elevaciones y en la cantidad de sentencias dictadas”. Esto otorga indicios de una ralentización más profunda en la instancia de juicio, justificadas por la dificultad para conformar los tribunales intervinientes que se traducen en demoras a la hora de resolver los recursos interpuestos en las distintas instancias.
Las sentencias dictadas durante el 2018 fueron 17. Desde 2010 que no se registraba una cantidad menor a 20 sentencias por año.
En 2018, obtuvieron sentencia un total de 108 personas, menos de la mitad que en 2017. De ellas, 91 fueron condenadas y 17 absueltas. Así, de las 17 sentencias dictadas en 2018, 7 fueron por uno, o máximo dos imputados.
En relación con las personas sentenciadas “sólo el 27% de los condenados y el 15% de los absueltos tienen sentencia firme, lo cual indica que continúan las demoras en las instancias recursivas”, según destaca el Informe.
Además, el análisis de trayectorias confirmó que la instancia de juicio demora en promedio 3,6 años desde la elevación hasta que el TOF presenta los fundamentos de la sentencia, y que las instancias recursivas demoran en promedio 3,4 años desde la presentación de los recursos contra la sentencia y su resolución tanto por CFCP como por la CSJN.
A esto se suman los reenvíos que ambas instancias realizan hacia los tribunales de origen. Este análisis también confirmó que la etapa de juicio aumentó los tiempos de tramitación respecto de 2017, y que la instancia que más demora es la confirmación de la CFCP (2 años promedio).
La consolidación en la baja del número de detenidos y del arresto domiciliario como modalidad principal
Por último, el informe dedica una sección a la información sobre personas detenidas y las modalidades de arresto que cumplen. Los datos muestran que se redujo significativamente el número de personas privadas de su libertad en el marco del proceso de juzgamiento, con un marcado descenso a un total de 989 en diciembre de 2018.
Además, se consolidó el arresto domiciliario como forma de detención predominante entre las personas privadas de su libertad por crímenes contra la humanidad (65% del total). Esa tendencia es definitiva, y se profundiza aún más al analizar el universo de personas mayores de 70 años, para las cuales se eleva al 77% de los casos, y al 82% si consideramos entre ellas a quienes fueron condenadas pero aún no tienen su sentencia firme.
