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Primera promoción de la Escuela de Guardavidas

(13/07/17 - Ensenada)-.El Intendente Mario Secco y el Director de Deportes, Adrián Espósito, entregaron los diplomas a la primera promoción de la Escuela de Guardavidas de la ciudad.

Adrián Espósito remarcó que “el Estado se puso al frente de la seguridad en la costa y por eso logramos la muerte cero en el río”. En este sentido, explicó que un aporte fundamental fue el lanzamiento de la Escuela de Guardavidas que llevan adelante el Municipio y el Centro de Educación Física n° 62.

El Director de Deportes recordó que antes de la Gestión de Mario Secco en la Municipalidad, se quiso privatizar el servicio de los guardavidas, cosa que se impidió a partir de la lucha del Sindicato de Municipales que conducía Secco.

“Soñábamos que podíamos competir y ser mejores” afirmó Espósito y repasó que la capacitación permanente del cuerpo de guardavidas permitió la “muerte cero en el río” por varios años.

La Escuela de Guardavidas es una iniciativa llevada a cabo entre la Municipalidad de Ensenada y el CEF N° 62.

El gobierno analiza cuatro mil despidos en Correo Argentino

(13/07/17 - Gestión Macri, Despidos)-.El ajuste en la entidad fue anticipado por el diario “La Nación” que también consignó diferencias que surgieron entre la jefatura de Gabinete y los ministerios de Comunicaciones y Modernización (a cuya órbita pasará el Correo) por el furibundo plan de achique.

El proyecto contemplaría recortar unos 4.000 empleos y cerrar unas 800 sucursales. La reducción estaría enfocada, sobre todo, en las ciudades de menos de 10.000 habitantes.

De acuerdo al matutino, el Correo estima pérdidas por $ 2000 millones para este año y desde la Jefatura de Gabinete sostienen que no existe margen para postergar los recortes.

El Correo paga cada mes, entre otros beneficios sociales, 126.205 jubilaciones y pensiones, 271.154 Asignaciones Universales por Hijo, 300.019 asignaciones familiares, 85.981 planes Progresar y 1072 seguros de desempleo. Estos servicios le exigen tener una infraestructura prácticamente en cada pueblo del país.

Tanto Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones hasta el viernes, como Andrés Ibarra, titular de Modernización, no estarían de acuerdo con los recortes que habría planteado el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, que depende de la jefatura de Gabinete. Sus preocupaciones giran en torno al impacto que podría tener el ajuste a pocas semanas de las elecciones primarias, sumado a las complicaciones de modificar el canal de pago de jubilaciones y planes sociales.

El Correo Argentino se ocupará además de la logística del inminente proceso electoral, que contempla los preparativos de los 14.500 establecimientos de votación y el traslado de las 98.700 urnas.

Uno de los principales cuestionamientos a la gestión del Correo se centraría en los aumentos salariales acordados en mayo: 12% retroactivo a abril, más un 6% en agosto y 5% en enero próximo. Además de una suma fija de $ 8.000 en tres cuotas. Un tercio del déficit proyectado para este año, señala el matutino de acuerdo a cifras oficiales, sería producto de los incrementos convalidados.

El secretario de DD.HH. bonaerense, Santiago Cantón, encabezó la señalización de un ex CCD

(13/07/17 - Memoria Verdad y Justicia)-.La Secretaría de Derechos Humanos bonaerense señalizó en Morón como Sitio de Memoria a la ex Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), organismo que bajo la órbita de la Fuerza Área coordinó el circuito represivo en el oeste provincial y también funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura. 

"En este lugar se secuestró, se torturó, se desapareció y esto se repitió por todas la provincia y el país", expresó el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón, durante el acto que se concretó hoy con la participación también de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria y la municipalidad de Morón.

Cantón dijo que "la señalización de los ex centros clandestinos de detención es una política del Estado provincial, es la construcción de la memoria, es la reparación a las víctimas" y que, "con la señalización de la ex RIBA, estamos dando un paso más en ese sentido”,
Cantón también destacó que la señalización apunta también a garantizar el compromiso estatal de preservar el valor probatoria que tiene para causas judiciales por delitos de lesa humanidad sitios emblemáticos del terrorismo de estado, como este ubicado en el cruce de las calles San Martín y Entre Ríos, de la ciudad de Morón.

La ex RIBA fue parte del aparato represivo de la última dictadura en la denominada Subzona 16, que comprendía los partidos bonaerenses de Moreno, Merlo y Morón (que por entonces incluía los actuales municipios de Hurligham e Ituzaingó) y dependía de la Jefatura II de Inteligencia de la Fuerza Aérea.

Su funcionamiento como lugar de cautiverio fue revelado durante la investigación de las desapariciones de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit, quienes estuvieron secuestrados allí desde octubre de 1978.

El 8 de septiembre de 2016, el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín condenó por el secuestro y las torturas infligidas a Patricia y José al ex jefe de la Fuerza Aérea , Omar Domingo Rubens Graffigna, al ex jefe de la RIBA Luis Tomás Trillo y al ex agente civil de inteligencia (PCI) Francisco Gómez.

Además, Gómez fue condenado en 2005 como el apropiador del hijo de la pareja, Guillermo Pérez Roisinblit, nacido durante el cautiverio de su madre tras su traslado de la RIBA a la ESMA, uno de los mayores centros clandestinos de detención de la dictadura, dependiente de la Armada.

En esa sentencia, el tribunal también había ordenado investigar delitos cometidos contra más de un centenar de personas secuestradas en la ex RIBA e instó a que el lugar donde funcionó el ex centro clandestino de detención se transformase en un Sitio de Memoria.

La Fiscalía confirma financiamiento de Odebrecht a las campañas presidenciales de Santos y su rival

(13/07/17 - Colombia)-.La Fiscalía concluyó “certeramente” que la constructora brasileña Odebrecht —hoy protagonista del escándalo más grande de corrupción que haya sacudido a América Latina— sí “asumió costos” en las campañas presidenciales de los dos candidatos que en 2014 pasaron a segunda vuelta: Óscar Iván Zuluaga, quien representaba al Centro Democrático, y Juan Manuel Santos, entonces presidente en ejercicio postulado por el Partido de la U. 

Así se lo informó el organismo investigativo al Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual, el 31 de marzo de este año, había anunciado que investigaría sobre este asunto de financiación política.

En ese momento, el CNE prometió que tenía la competencia y los medios para indagar si a las campañas de Santos y de Zuluaga habían ingresado dineros de una empresa extranjera como lo es Odebrecht, lo cual está prohibido por la Ley 1475 de 2011. No obstante, en su edición del pasado domingo, El Espectador advirtió que este asunto caduca el próximo 15 de julio, y aún no arroja resultados. Un dato que no pasó inadvertido en la Fiscalía: al día siguiente, el 10 de julio, el organismo investigativo le envió una comunicación al presidente del CNE, el magistrado Alexánder Vega Rocha, señalando una a una las pruebas que le han enviado “oportunamente” sobre este tema.

Palabras más, palabras menos, la Fiscalía le dijo al CNE —la única con potestad para indagar por las fuentes de financiación de las campañas políticas— que ha tenido a su disposición todos los elementos para determinar si Odebrecht aportó a las mencionadas campañas, algo que para la Fiscalía parece ser evidente. Lo que no se sabe aún es qué ha hecho el Consejo Nacional Electoral con esas evidencias. “La falta de alguna decisión demuestra las precariedades del diseño institucional electoral actual y la urgencia en hacer las reformas constitucionales dirigidas a darle independencia, autonomía y capacidad técnica y territorial al máximo órgano electoral”, indicó la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios.

Entre las pruebas que la Fiscalía ha remitido al CNE sobre la campaña de Juan Manuel Santos están la declaración de Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, quien admitió que esa multinacional le había pagado US$1 millón a la sociedad panameña Paddington, vinculada con la empresa de publicidad colombiana Sancho BBDO, para hacer un trabajo que favoreciera la imagen del presidente Santos. También está una copia del contrato con Paddington, el cual se consiguió en una inspección judicial adelantada en la sede de Odebrecht; y de las declaraciones juradas de Félix Otto Rodríguez, cuya empresa panameña Impressa Group recibió US$400.000 de Odebrecht para imprimir dos millones de afiches de Santos para la campaña de 2010.

El CNE, indicó la Fiscalía, también tiene en su poder copia de interrogatorios claves para este asunto. Uno es el de José Roberto Prieto, a quien supuestamente, aseguró el exsenador Otto Bula, Odebrecht le envió cerca de US$1 millón. Otro es de Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura, quien declaró bajo juramento que Roberto Prieto sí tenía un “interés especial” en el contrato del tramo Ocaña-Gamarra, una adición a la Ruta del Sol II que Odebrecht consiguió también por medio de sobornos a Otto Bula y a otras personas cuya identidad no se ha confirmado. Igualmente, el CNE tiene las declaraciones de ejecutivos de Odebrecht como Luis Carlos Batista Filho y Yezid Arocha.

Con respecto a la campaña “Mano firme, corazón grande” de Óscar Iván Zuluaga, la Fiscalía señaló que le ha enviado al CNE pruebas como la declaración que dio en Nueva York del gerente de su campaña, su hijo David Zuluaga; la que dio Luiz Eduardo da Rocha, quien ejercía como cabeza de la División de Operaciones Estructuradas (el área que pagaba sobornos), y los documentos que acreditan el pago de US$1,6 millones de Odebrecht a José Eduardo Mendonça para que éste se encargara del marketing político de su campaña. Esos pagos, dice la Fiscalía, se hicieron a través de la compañía Topsail Holding de Panamá, que giró tres transferencias bancarias a una cuenta en Suiza.

Condenaron a veinte años de prisión al asesino del líder opositor Boris Nemtsov

(13/07/17 - Rusia)-.El autor del asesinato del líder opositor ruso Boris Nemtsov, el checheno Zaur Dadaev, fue condenado hoy a 20 años de prisión por el tribunal militar que lo juzgó en Moscú. 

"La pena definitiva es de 20 años de privación de libertad y una multa de 100.000 rublos (1.500 euros)", dijo el juez al leer la sentencia en medio de gran expectativa y numerosos medios de comunicación.

Dadaev fue previamente declarado culpable de la muerte de Nemtsov, quien fue tiroteado en febrero de 2015 en pleno centro de Moscú, después que el Kremlin y la Fiscalía militar solicitara cadena perpetua para él.

Una jornada para desvelar operaciones mediáticas

(13/07/17 - Almirante Brown)-.Con la presencia del embajador de la República Bolivariana de Venezuela y el legislador del Parlasur, Oscar Laborde, se debatió en Esteban Adrogué sobre gobiernos populares y reformas constitucionales.

Con la actuación del concejal Ángel Akike como presentador y moderador, se desarrolló en el local partidario ubicado en Avenida Espora a metros de Avenida San Martín, la charla debate La Patria Grande y el Nuevo Constitucionalismo, Venezuela: Paz y Democracia, Procesos Constituyentes 1999 y 2017.

Un local colmado de público, que hizo imposible desplazarse por el lugar y alrededor de una decena de asistentes escuchando desde la vereda, fue el marco en el que se desarrolló la jornada.

Luego de las palabras de presentación de Akike, realizó su exposición el diputado del Parlasur Oscar Laborde, quien se refirió a la imperiosa necesidad de construir una república desde las bases que responda a las necesidades del pueblo, y refirió que para que ello ocurra hay que recuperar el poder en las elecciones de octubre a fin de poner freno al gobierno antipopular de Mauricio Macri.

Luego, el general Eduardo Martínez Mendoza, Embajador de Venezuela en Argentina, se refirió a los procesos constituyentes venezolanos, al realizado en los primeros años del gobierno de Hugo Chávez y al que se encuentra en marcha actualmente.
Martínez Mendoza se refirió a la importancia del proceso para la paz.

No obstante rápidamente, y ante el interés de los asistentes por conocer particularidades del proceso de violencia terrorista opositora que se vive en su país, refirió algunos aspectos poco conocidos de estos hechos.

Uno de los puntos en que se detuvo fue en la descripción del fenómeno de las guarimbas, minúsculos focos terroristas muy violentos, pagos por la dirigencia opositora, y contó una anécdota familiar al señalar que en muchos casos quienes los contrataron han dejado de pagarle, como en el municipio donde vive su propia madre, y que en estos casos, los vecinos de clase media alta, que los habían recibido como a héroes libertadores, ahora eran rehenes de estos delincuentes, los que les cobran peaje para entrar y salir de sus propias casas ante el cese del pago por parte del intendente local que responde al opositor MUD.

También se refirió a la escasés de alimentos, que, dijo, no es tal, sino una brutal acaparación y desabastecimiento por parte de los grupos económicos.


Finalmente Martínez Mendoza manifestó una visión optimista del futuro al asegurar que el gobierno podrá superar esta agresión interna financiada por intereses foráneos, y basó su apreciación en que el electorado que les había dado la espalda en las últimas elecciones legislativas ya ha vuelto a asumir la causa del Partido Socialista Unido Venezolano como propia y que eso se iba a ver demostrado en la constituyente.  

Gases y Balas de Goma contra trabajadores desocupados

(13/07/17 - Gestión Macri, Represión)-.Tras rodear a los despedidos, la Infantería avanzó con balas de goma y gases. Hay heridos y detenidos. La policía cazaba a los empleados que estaban dentro de las instalaciones. Además le pegaron a los periodistas.

Cerca de 200 gendarmes se hicieron presentes este jueves en la planta de la multinacional alimenticia PepsiCo, en la localidad bonaerense de Florida, partido de Vicente López, e iniciaron el desalojo de la fábrica. La Policía ingresó al lugar y hay diez detenidos hasta el momento. Un grupo de trabajadores se encuentra en el techo del establecimiento.

“Vamos a resistir acá en el techo, y si algo nos pasa, hacemos responsable a [el presidente Mauricio] Macri, a [la gobernadora María Eugenia] Vidal y a la jueza” Andrea Rodríguez Mentaste, advirtió en horas de la mañana Camilo Mones, delegado de la Comisión Interna, según consignó la agencia DyN.

Durante la madrugada, un importante operativo policial se trasladó hacia las inmediaciones de la fábrica con la intención de desalojar a los trabajadores que permanecen en el lugar en reclamo por los recientes despidos ocurridos en la empresa.

Quince móviles de Gendarmería, con efectivos de Infantería, se agruparon la noche del miércoles en la intersección de la Avenida Constituyentes y General Paz y pasadas las 3 de la mañana partieron camino a la planta. A las 8 comenzaron con el desalojo.

La protesta de los trabajadores de PepsiCo comenzó el 20 de junio, cuando los empleados que debían cumplir el turno de guardia ese día feriado, al arribar al lugar, se encontraron con un cartel en la puerta que anunciaba el cierre de la planta.

La empresa argumentó que lo hizo “debido a los obstáculos inherentes a la ubicación de la planta en un área mayormente residencial, su compleja estructura de costos y extensos requerimientos logísticos”. En ese contexto, anunció además que mudará la producción de snacks a Mar del Plata y, del total de trabajadores de la planta, 691 personas, reubicará sólo a 155 e indemnizará al resto.

Ante este escenario, los miembros de la comisión interna de la planta anunciaron la toma de la fábrica.