El diario propiedad de las familias Mitre y Saguier obtuvo en octubre de 2003 una medida cautelar que le permitió descontar hasta hoy de su liquidación del IVA lo que pagaba como aportes patronales, con el argumento de que el crédito fiscal seguía vigente hasta que el Poder Ejecutivo encontrara la “solución alternativa”.
Una investigación del periodista Horacio Verbitsky publicada en enero del año pasado en Página 12 detalló, en base a información de la AFIP, que La Nación "dejó de pagar 150 millones de pesos de capital, a los que suma otros 130 millones de intereses, para llegar al total de 280 millones", en ese momento.
La causa se originó en los acuerdos de competitividad de 2001 que intentaron prolongar con "inyecciones de benevolencia fiscal la agonía del sistema de convertibilidad monetaria", revelaba el artículo de Página/12.
En junio de 2001, el decreto 730 permitió que los medios de comunicación no pagaran el impuesto a la ganancia mínima presunta y computaran las contribuciones patronales sobre la nómina salarial como crédito fiscal en el momento de la liquidación del IVA.
La causa se originó en los acuerdos de competitividad de 2001 que intentaron prolongar con "inyecciones de benevolencia fiscal la agonía del sistema de convertibilidad monetaria" Este auxilio debía prolongarse hasta marzo de 2003, pero en noviembre de 2001, otro decreto también firmado por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y el ex Presidente Fernando De la Rúa (1387/01) extendió ese beneficio a todos los contribuyentes para el período fiscal a iniciarse en abril de 2003.
El ingreso al acuerdo de competitividad requería la preservación del empleo y el congelamiento del precio de tapa de los diarios, pero La Nación y otros medios incumplieron ese compromiso, aduciendo el aumento de costos.
Luego, en marzo de 2003, el diario La Nación, al igual que el resto de los medios de comunicación y el sector de transporte de carga, se vio beneficiado con la excepción por el "plazo mínimo y acotado" de cuatro meses del decreto de necesidad y urgencia 746, que eliminaba el cómputo de las contribuciones patronales como crédito fiscal.
Meses después, el 30 de octubre de 2003, el juez en lo contencioso administrativo federal Osvaldo Guglielmino resolvió que mientras el Poder Ejecutivo no encontrara la solución alternativa, los medios podrían seguir descontando los aportes patronales en la liquidación del IVA, tal como pretendían.
El 6 de noviembre de 2008 los camaristas Marta Herrera y Carlos Grecco, de la sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, levantaron la medida cautelar dictada por Guglielmino, pero siete meses después la Corte Suprema de Justicia decidió que "la medida provisoria sería permanente, hasta que la propia Corte Suprema resolviera si es legítimo o no que La Nación siga descontando los aportes patronales".
Cuando la AFIP pidió que la fijación de un “límite razonable” para la vigencia de las medidas cautelares decidida por la Corte Suprema en octubre de 2010, se aplicara también a los impuestos que no paga La Nación, el máximo tribunal convocó a una audiencia de mediación, que no se hizo pública y sobre la cual tampoco hay información disponible en el Centro de Información Judicial (CIJ). Allí la AFIP rechazó que los considerandos del decreto 746 pudieran ser tomados como un compromiso.
Pero alegó que si la justicia lo consideraba así, el Poder Ejecutivo ya había dado dos soluciones alternativas: la ley 26476, de diciembre del 2008 de regularización de deudas tributarias, y el decreto1145 al vencer el plazo el 31 de agosto de 2009. Y que previo a ese fecha el gobierno firmó convenios de canje de pasivos fiscales por espacios de publicidad con varios centenarios de medios de comunicación.
La mayoría de los medios, entre ellos Clarín, regularizaron sus deudas, y luego quedaron pendientes las deudas de La Nación, la editorial Perfil, Radiodifusora del Centro, y El Cronista Comercial.
