A menos de 24 horas de la votación, la Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña, a solicitud del Fiscal General del Estado, había abierto una investigación para determinar si la cesión de locales públicos para la votación constituía un delito, debido a la suspensión de la consulta dictada por el Tribunal Constitucional (TC) español.
La decisión -que incluye un pedido de información a la Consejería de Educación para que indique quien autorizó la utilización de los edificios públicos-escuelas-, a los responsables de los establecimientos, y del envío de propaganda institucional por correo, es el paso previo a una orden judicial que pida a los Mossos d'Esquadra (policía catalana) el precintado de los lugares de votación.
Frente a los movimientos de la Justicia, el gobierno catalán emitió un breve comunicado en el que asegura que es "el único responsable de autorizar el acceso a locales públicos" que se usarán para la votación, por lo que "no se puede pedir identificar a los voluntarios".
"Tengan la tranquilidad de que mientras yo sea presidente del Gobierno la Constitución se cumplirá, la soberanía nacional estará a salvo y nadie romperá la unidad de España", aseguró hoy Rajoy en la víspera de la consulta, tras pedir al presidente catalán, Artur Mas, que "recupere la cordura" y se siente a dialogar sobre Cataluña dentro del marco legal.
Tras mostrar firmeza, el presidente también resto importancia a la cita del 9N (Noviembre): "no es ni un referéndum, ni una consulta, ni nada que se le parezca", ni tampoco "produce efecto (legal) alguno", subrayó.
La consulta estaba rodeada de una gran incertidumbre, ya que se desconocía si la Justicia actuaría a última hora ordenando a la policía la retirada de las urnas, una decisión a la que están preparados para responder los partidarios de la independencia, previsiblemente con acciones de protesta.
Ante la posibilidad de una orden judicial que pida la actuación policial, el consejero de Interior catalán, Ramón Espadaler, dejó claro que se acataría la decisión.
Consultado sobre este asunto antes de conocer las medidas de la Fiscalía, el presidente catalán afirmó en una entrevista televisiva que "por poco sentido común que tengan, cualquier actuación fuera de lugar sería un ataque directo a la democracia". "Estamos utilizando nuestro derecho a la expresión, aunque con un simbolismo político importante”, remarcó.
Por su parte, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), plataforma cívica que estuvo detrás de las grandes movilizaciones pro independentistas de los últimos tres años, dio instrucciones a miles de socios para “defender la votación”, siempre de forma pacífica, ante cualquier intento de impedir que los catalanes se exprese libremente.
No están claras cuáles serían las consecuencias de desobedecer el veto judicial tanto para los ciudadanos como para el presidente catalán.
La cita con las urnas perdió peso político después que el presidente catalán decidió rebajarla a un nivel simbólico para sortear los obstáculos judiciales que se le presentaron cuando el referéndum soberanista inicialmente propuesto por su gobierno para el 9 de noviembre también fue vetado por el Constitucional.
Mas defiende el valor de la nueva consulta, a la que denominó “proceso de participación ciudadano”, y que pretende ser el aval para forzar una negociación con el Ejecutivo de Rajoy para celebrar un futuro referéndum oficial.
Esta semana, Mas llamó a los catalanes a “vencer el miedo” y votar “en defensa legítima del pueblo”, mientras el gobierno español insistió en que la consulta es ilegal y se trata de un referéndum encubierto, puesto que mantiene la fecha y las preguntas de la consulta inicial.
En un intento por rebajar la tensión que rodea todo este proceso, el gobierno de Rajoy sugirió que permitiría la celebración de la consulta si no era “promovida” directamente por el gobierno catalán, pero Mas no renunció a liderar el proceso, si bien delegó en los voluntarios su gestión, de la que igualmente participa aportando logística y propaganda.
La consulta soberanista llega después de que en los últimos años la opción de la independencia ganara adeptos en Cataluña en un terreno abonado por el descontento social por la crisis económica y las políticas centralistas del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Las grandes movilizaciones, sin precedentes desde la transición democrática, comenzaron en 2010 cuando, en una decisión humillante para los catalanes, el Tribunal Constitucional, a solicitud del PP, recortó el nuevo Estatuto de Autonomía -ley de autogobierno- que los catalanes se habían dado durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Pero la ola independentista creció al calor de las políticas neoliberales del Ejecutivo de Rajoy y del gobierno de Mas, quien estuvo a la vanguardia en los recortes. A partir de 2012, se crearon dos grandes plataformas que movilizaron a cerca de un millón de personas a favor de Estado independiente. Artur Mas, quien no tenía en su agenda la independencia, se puso al frente del reclamo soberanista.
El principal argumento de los independentistas es que Cataluña estaría mejor económicamente si se separara de España, aunque existen estudios contradictorios al respecto.
Con 7,5 habitantes, Cataluña es la región económicamente más fuerte de España, aporta en torno al 18% del PIB español, pero también es una de las más endeudadas.
Las encuestas muestran a los catalanes prácticamente divididos frente a la independencia (50%), aunque una aplastante mayoría, en torno al 70%, exige poder votar libremente sobre su futuro.
