En sus actuaciones, Alejandra Gils Carbó aseguró que el pedido formulado por Claudio Bonadio se enmarca en una causa penal que pretende criminalizar una actividad propia del Ministerio Público Fiscal, como es la política institucional de rendir cuentas a la sociedad a partir de la difusión de noticias en el sitio www.fiscales.gob.ar.
“La persecución penal por la difusión de noticias sobre la actuación de los fiscales involucra el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública garantizado por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos”, precisó la procuradora general de la Nación.
La jefa de los fiscales recordó que el requerimiento de remoción de Gonella está fundado en que no se presentó a una audiencia a brindar declaración indagatoria, pero alertó que la validez de la convocatoria está pendiente de revisión por tribunales superiores, por lo que no sólo no se encuentra firme, sino que la no comparecencia no representa una causa de destitución de magistrados, taxativamente previstas por la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Asimismo la procuradora general consideró que la situación “se torna aún más grave si se tiene en cuenta que en la misma resolución el juez federal declaró la rebeldía del fiscal general Carlos Gonella y le prohibió salir del país, desconociendo así la inmunidad funcional de la que goza todo magistrado del Ministerio Público por mandato del artículo 120 de la Constitución Nacional”.
En particular, Gils Carbó precisó que la inmunidad de arresto está expresamente reglamentada por los artículos 14 de la ley 24.946 y 1 de la ley 25.320, sobre la que doctrina y jurisprudencia coinciden en que protege a los magistrados de toda medida restrictiva de su libertad porque es el resguardo de las posibles represalias que puedan dirigírsele en razón de hechos vinculados con el legítimo ejercicio de la función.
“En otras palabras, no se trata de un privilegio personal sino de una garantía de los justiciables”, remarcó Gils Carbó, en un escrito difundido por el sitio www.fiscales.gob.ar, donde agregó: “Impedir que el fiscal general Carlos Gonella salga del territorio nacional se vuelve una medida a todas luces arbitraria que debe ser rectificada con la mayor premura”.
En ese sentido, la procuradora afirmó que “cuando el constituyente decidió establecer las inmunidades funcionales de los fiscales buscó evitar situaciones de este tipo, en la que un juez, sin fundamento alguno y previo al correspondiente proceso de remoción, impide que un fiscal continúe cumpliendo las altas misiones que la suscripta le asigna en el marco de investigaciones transfronterizas y foros internacionales que requieren su presencia en el exterior”.
Ante esta situación, la titular del Ministerio Público Fiscal expresó que es su deber “no consentir este tipo de maniobras inadmisibles y asegurar a cada uno de los magistrados la tranquilidad de espíritu imprescindible para el correcto desempeño de su función”.
“La gravedad institucional que acarrea la manifiesta inconstitucionalidad de esta decisión judicial me obliga a someter esta situación a conocimiento del Consejo de la Magistratura, para que allí se tomen las medidas que correspondan a semejante avasallamiento institucional”, concluyó Gils Carbó.
Gonella es investigado por Bonadio en una causa por presunta "violación de secretos", al haber difundido en el sitio Fiscales.gob.ar información sobre 30 personas vinculadas al lavado de activos del narcotráfico, entre ellas la jueza María Gabriela Lanz, pareja de un traficante condenado.
Días atrás, el magistrado citó a indagatoria al fiscal, quien presentó un escrito en el Juzgado Federal N°11 con el patrocinio letrado de su defensor oficial, Gustavo Kollmann, aunque esta presentación para Bonadio no fue suficiente y lo consideró "en rebeldía", prohibiendo la salida del país.
En ese contexto, el martes, el letrado oficial, apeló ante la Cámara de Apelaciones la resolución del juez federal por "violar el principio de igualdad, de inocencia y el derecho a la libertad durante el proceso".
Ante esta situación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó que asumirá la defensa del titular de la Procelac por considerad que en la imputación "está en juego la libertad de expresión y el acceso a la información".
