La crisis surgió por desavenencias entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que han impedido la realización de elecciones que debían efectuarse hace cuatro años.
En esos comicios, que tienen como fecha tope el 12 de enero, deben ser electos 20 senadores, 112 diputados, 140 autoridades municipales y mil 140 asambleístas y representantes comunales.
Esa fecha es importante porque ese día concluirá el mandato de dos tercios del Senado y de la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados, y el Parlamento dejará de ser operativo.
En marzo último, con la mediación de la Iglesia Católica, se firmó un pacto nacional entre el Poder Ejecutivo, el Parlamento y los partidos políticos, y se fijaron elecciones antes de fin de año.
Pero el acuerdo fue rechazado por seis senadores negados a aprobar una reforma a la ley electoral, y por otros seis partidos de la oposición más radical, supuestamente empeñados en respetar la Constitución.
Finalmente las elecciones fueron aplazadas sin fecha el pasado 26 de octubre y en un nuevo intento por superar esa situación, el presidente Michelle Martelly se reunió con representantes de los sectores sociales.
Como resultado de esos encuentros creó un Comité Consultivo compuesto por 11 personalidades representativas de esos sectores y les encomendó analizar las distintas opciones para superar la situación.
La Comisión Consultiva entregó en el plazo fijado, el 9 de diciembre, un informe en el que hizo una serie de recomendaciones que el mandatario agradeció y comenzó a cumplir de inmediato.
El grupo recomendó la destitución del primer ministro, Laurent Lamothe, quien renunció pocos días después tras pronunciar un discurso donde hizo un balance de las tareas cumplidas en su mandato.
Otras exigencia de la Comisión fueron la sustitución del presidente del Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ), Anel Alexis José, y de los jueces del Consejo Electoral Provisional (CEP).
Asimismo, solicitaron a los senadores sancionar las enmiendas a la ley electoral, planteadas en el diálogo nacional, para facilitar la celebración de las elecciones, y la liberación de líderes opositores, lo que ya ocurrió.
Además, reclamaron que Martelly se reuniera con las fuerzas opositoras, algo que el mandatario siempre promovió a pesar de la renuencia de algunas de ellas a asistir a cualquier encuentro.
La oposición se mostró dividida en torno al informe final del Comité Consultivo que sólo fue bien acogida por partidos moderados como la Fusión Socialdemócrata, Organización del Pueblo en Lucha e Inité.
Otros grupos radicales como Aysyen Pou Ayiti rechazaron el texto y continuaron las movilizaciones callejeras a través del Movimiento Popular de la Oposición Democrática (MoPod) y de otros aliados.
Del 16 al 19 de diciembre Martelly celebró intensas negociaciones a puertas cerradas con los líderes de la oposición moderada en el Hotel Kinam de Pétion-Ville, como recomendó la Comisión Consultiva.
También estableció una Comisión de Seguimiento formada por asesores estatales que registran los reclamos y opiniones, para continuar las discusiones.
Los líderes de los partidos de la oposición que asistieron a las discusiones se negaron a hablar de los temas allí abordados pero la prensa haitiana dijo que se trató la formación de un nuevo gobierno.
En tanto la oposición radical siguió sin aceptar la invitación de asistir a las reuniones y protagonizó una nueva manifestación en esta capital que terminó en la céntrica Plaza Marte sin incidentes violentos.
Las demostraciones callejeras, que en los últimos meses han dejado dos muertos y una docena de heridos, ocurren a pesar de que el Comité Consultivo recomendó detenerlas para encontrar una solución a la crisis.
Los opositores radicales, entre los cuales están Fanmi Lavalas, el Movimiento Patriótico de Oposición (MoPod) y Pitit Dessalines, insisten en exigir la renuncia de Martelly y formulan reivindicaciones sociales.
En el caso de la Fanmi Lavalas, que lidera el expresidente haitiano Jean Bertrand Aristide, reanudó las conversaciones con Martelly, pero sigue en las calles con otros grupos que reclaman cambio presidencial.
Ya se aprestan a renunciar los miembros del CEP y el presidente del CSPJ y está previsto que antes del día 24 sea votada la ley electoral en el Senado y se instale un nuevo gabinete, pero la crisis aún no ha concluido.
La ministra de salud de Haití, Florence Duperval-Guillaume, asumió el domingo último como primera ministra interina mientras se decide el nombramiento del sustituto de Lamothe. Enex Jean Charles, secretario general del consejo de ministros, comunicó que Duperval-Guillaume podrá permanecer en el cargo un máximo de 30 días, como lo establece la Constitución.
Mientras tanto la población del país, considerado el más pobre del planeta, sigue emigrando y datos oficiales confirmaron que este año cuatro mil 868 haitianos murieron tratando de llegar a otros países.
Paralelamente otros seis mil 650 fueron repatriados desde esas naciones en el mismo periodo, según cifras de Adelson Lorgeat, director técnico y de investigaciones de la Oficina Nacional de Migración (ONM).
*Por Rolando de la Ribera, Prensa Latina
