indemnizar a las víctimas del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita de la Argentina (AMIA) en 1994. La iniciativa había sido enviada por el Poder Ejecutivo y establece el derecho a percibir “por única vez un beneficio extraordinario” a las víctimas del ataque a la mutual o a sus herederos. El texto fue girado a la Cámara de Diputados.
El Senado ya había discutido esta propuesta hace tres años, pero como Diputados no le dio tratamiento el texto perdió estado parlamentario. Este nuevo proyecto tiene una única modificación que es en el artículo 2 donde se mencionaba al viejo Código Civil.
Ahora se adaptó el texto al nuevo Código Civil y Comercial, que entrará en vigencia en agosto.
Un día antes que el proyecto obtuviera dictamen favorable en el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, la Corte Suprema emitió un fallo por un reclamo de un familiar de una víctima.
En esa reunión el subsecretario de Políticas Criminales, Luciano Hazan explicó la iniciativa además contempla la compensación para las víctimas si en caso de haber ganado un juicio hubieran percibido un monto menor al que prevé la iniciativa, aunque aclaró que quienes opten por la vía administrativa deben renunciar a la vía judicial, la hayan iniciado o no.
Proyecto recuperado
Hazan aclaró entonces que el fallo de la Corte Suprema avala el proyecto que “viene a plantear la decisión de una vía de reparación expedita”. Y aunque aclaró que "es imposible una reparación completa cuando se perdieron vidas humanas”, dijo que el dictamen tiene una dimensión histórica, porque “reconoce el compromiso explícito del Poder Ejecutivo con las víctimas al reconocer la responsabilidad del Estado por el incumplimiento del deber de prevención, por un lado, y por el encubrimiento del atentado ante la falta de investigación, por el otro”.
La cifra que percibirán los herederos de los fallecidos será de alrededor de 1,5 millones de pesos, de acuerdo con un cálculo hecho por el proyecto en base a lo que cobran los agentes Nivel A, Grado 0 del Escalafón del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público multiplicado por el coeficiente 100.
Además, quienes hayan sufrido lesiones gravísimas percibirán el 70 por ciento de ese monto y los heridos graves, un 60 por ciento de la cifra mencionada. El costo fiscal para el gobierno sería de alrededor de 350 millones de pesos que se pagarían mediante bonos.
La iniciativa recuperó un proyecto aprobado en la Cámara alta hace más de tres años, que al no ser tratado en Diputados terminó por perder estado parlamentario. En 2007, el Frente para la Victoria presentó el primer proyecto destinado a resarcir a las víctimas del ataque que dejó 85 muertos y cientos de personas heridas. Esa presentación se realizó luego de que el Estado argentino, por reclamo de los familiares y durante la presidencia de Néstor Kirchner, reconociera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “no haber adoptado medidas idóneas y eficaces para prevenir el atentado”.
Esa propuesta no llegó a convertirse en ley por falta de tratamiento. Y cuatro años después fue reiterada por otros bloques, obteniendo la media sanción en la Cámara Alta. Aunque la falta de tratamiento en Diputados hizo que nuevamente perdiera estado parlamentario.
De acuerdo al nuevo texto que recibió dictamen en comisiones del Senado, la reparación será distribuida entre los herederos de las víctimas de acuerdo al orden establecido en el Código Civil.
