El juez federal Claudio Bonadio fue apartado de sus funciones en la causa Hotesur por mal desempeño, por decisión de la sala I de la Cámara Federal porteña, que consideró que el magistrado perdió "la imparcialidad y violó el derecho a defensa de los imputados", al tiempo que siguió sumando nuevas críticas el operativo encabezado el lunes por el magistrado en Río Gallegos, auxiliado por medio centenar de efectivos de la Policía Metropolitana.
Bonadio fue apartado por los votos de los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, con la disidencia de Eduardo Farah, y mañana será sorteado el nuevo juez del fuero que intervendrá en la investigación del caso, según lo indica una resolución de 18 carillas de extensión firmada este jueves
La decisión fue adoptada por la Cámara 72 horas después de un operativo encabezado por Bonadío en dependencia de la firma Hotesur en Río Gallegos, auxiliado por medio centenar de efectivos de la Policía Metropolitana -y no por fuerzas federales- enviados desde la Capital Federal y que actuaron a unos 2.500 kilómetros de su jurisdicción natural.
La sala I de la Cámara Federal porteña resolvió de esta manera dar lugar a un planteo de nulidad hecho por la defensa de una de las imputadas, Romina Mercado y la decisión recibió el voto favorable de los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, confirmaron fuentes tribunalicias.
Más temprano, diputados porteños del Frente para la Victoria habían presentado un pedido de informes al Ejecutivo de la ciudad, por el operativo ordenado por ese juez y efectuado por la Policía Metropolitana en las oficinas del hotel en Río Gallegos, y aseguraron que la medida refleja una “complicidad” entre el magistrado y Mauricio Macri para “desprestigiar” al gobierno nacional.
El pronunciamiento del interbloque kirchnerista en la Legislatura se dio tras la sesión ordinaria de este jueves, durante la cual la bancada opositora promovió un proyecto que contemplaba el pedido de informes, que no fue aceptado para su tratamiento a raíz del voto negativo del macrismo y un sector del frente ECO.
El candidato a jefe de gobierno porteño de ECO, Martín Lousteau, criticó el uso que el gobierno de Macri hace de la fuerza de seguridad de la ciudad, ya que aseguró que "el PRO usa a la Metropolitana para competir con la Policía Federal”.
Asimismo, acusó al PRO de ser "un ejemplo fenomenal del doble discurso. El PRO dice todo el tiempo que la seguridad no es responsabilidad del gobierno de la ciudad ¿Por qué? Porque confunde el rol de una fuerza de seguridad que es auxiliar de la justicia y prevención, con donde se termina radicando la denuncia dependiendo de qué tipo de delito sea".
"Tanto es así -dijo- que la policía metropolitana la podés usar para allanar un domicilio en Santa Cruz. Entonces quiere decir que para un montón de delitos de acá, también federales, también se la podría usar".
Por otra parte, desde el gobierno porteño, el ministro de Justicia de la Ciudad, Guillermo Montenegro, hizo hincapié en la "poca plata que gastaron" por agente, aunque tras los planteos del kirchnerismo dijo que empezó a "dudar de lo que había gastado".
Asimismo desde el gobierno nacional, el ministro de Economía, Axel Kicillof, aseguró estar “azorado” por el accionar del gobierno porteño, que “puso plata para financiar” la participación de la Policía Metropolitana en un operativo llevado adelante por el juez Bonadio.
"Como ellos cuentan con una cobertura mediática, todas las cuestiones escandalosas pierden volumen”, dijo Kicillof e indicó que, “cuando son cosas que son presuntamente institucionales sin precedentes, tampoco la sociedad las puede dejar pasar”.
En el mismo sentido, el titular de la cartera de Defensa, Agustín Rossi, expresó que el juez Bonadio debe explicar "la espectacularidad que le dio a algo que se resuelve con un simple oficio", y agregó "llevó Policía Metropolitana a Río Gallegos con todo el costo que eso significa".
Por otra parte, el senador nacional Juan Manuel Abal Medina (FpV) también cuestionó "que Mauricio Macri utilice los recursos de los ciudadanos porteños para montar un operativo electoral contra Máximo Kirchner" y calificó esa maniobra como "un evidente despropósito".
A su vez, se sumaron a los cuestionamientos el diputado nacional Carlos Kunkel (FpV), que sostuvo que con esa medida se buscó “afectar a la democracia” y la legisladora porteña del FpV, Paula Penacca, que consideró que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría incurrido en el delito de “malversación de fondos públicos”.
