Y se cuestionaron: "Tal vez debamos interpretar que existe preocupación del matutino por la continuidad de las causas vinculadas a la responsabilidad civil en los delitos de lesa humanidad entre los cuales se encuentra el propietario del diario La Nación".
En un extenso texto, los 118 diputados señalaron que "el proceso de Memoria, Verdad y Justicia es un proceso histórico de más de tres décadas que tiene entre sus orígenes la lucha del movimiento de derechos humanos de nuestro país".
"En el año 2003, la Cámara de Diputados declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y luego, en el año 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación proclamó la inconstitucionalidad de esas leyes, dando paso así a la reapertura de las causas judiciales por delitos de lesa humanidad", recordaron.
Para los legisladores, "uno de los resultados más destacables de esta política de derechos humanos es la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, el conocimiento de la verdad sobre la acción criminal del Estado, las acciones activas para la recuperación de la verdadera identidad de los cientos de niños y niñas apropiados durante la dictadura cívico militar, y la recuperación de sitios de la memoria y su señalización en el marco de acciones activas para que las nuevas generaciones sepan que sucedió, entre otras".
"Más de una década después de aquella decisión histórica del 2003, ya son más de 437 los genocidas condenados y 118 los jóvenes que recuperaron su identidad", precisaron.
Y agregaron: "Asimismo, desenmascarar el rol del Estado terrorista, como basamento del modelo de expoliación económica, destrucción del aparato productivo y endeudamiento externo para la dependencia, reflejada en la complicidad civil y los beneficios palpables que los grupos económicos concentrados y transnacionales recibieron durante ese periodo, desarticula la interpretación impulsada por la teoría de los dos demonios, su mirada ahistórica y descomprometida de ese periodo".
"Todo ello, ha significado que nuestro país se convierta en una experiencia única y un ejemplo mundial en materia de derechos humanos", aseveraron,
Pero consideraron que "sin embargo, a lo largo de todos estos años de avance se han encontrado obstáculos, reticencias y nuevas formas de eludir el accionar judicial: desde connivencias en la justicia federal en las provincias, amedrentamiento de víctimas, familiares y testigos, ayuda para la evasión de condenados, hasta situaciones que parecieran menores como falta de organización para los debates orales, pero que cumplen con el objetivo de que no se produzcan los juicios".
"Frente a ello, en la próxima sesión de la Cámara daremos tratamiento a un proyecto de declaración impulsado por el bloque del Frente para la Victoria y acompañado por diputados y diputadas de distintos bloques, entre ellos los de la UCR, el PRO, el Frente Renovador, el Socialismo, el FIT y el GEN", anticiparon.
Apuntaron que es ese proyecto "se reafirma la obligación del Estado de continuar con los juicios por delitos de lesa humanidad para conocer la verdad de los hechos y condenar a todos los responsables civiles y militares; (…) y el deber del Estado de mantener vivas las políticas de Memoria, Verdad y Justicia como garantía de no repetición en nuestra sociedad."
"En el convencimiento de que resulta necesario reafirmar nuevamente la obligación del Estado Argentino de continuar con los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar para condenar a todos sus responsables, y el deber del Estado de mantener vivas las políticas de Memoria, Verdad y Justicia como garantía de no repetición en nuestra sociedad.", fundamentaron.
Y enfatizaron: "Planteamos en este proyecto la preocupación frente a los intentos, ante cada elección presidencial, de dar por tierra con la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos por el terrorismo de estado".
