El segundo juicio por trata de personas en Tucumán,en el que se juzgará a una organización que, encabezada por Mercedes “Doña” Medina y su pareja, “El Negro” Ernesto Robles, explotaba dos prostíbulos “históricos”: “Bar California”, en la zona de macrocentro -cerca de las vías del tren- y otro conocido como Night Club, frente a la vieja terminal de ómnibus, empezará hoy.
La investigación se inició en 2013, a partir de la denuncia de la Fundación María de los Ángeles. La organización que Susana Trimarco creó para buscar a su hija y asistir a otras víctimas de trata, por primera vez actuará como querellante ante la Justicia Federal, sin representar a una víctima -de manera directa- sino por su labor y experiencia en la persecución de este delito.
Como otros expedientes donde se investiga la explotación de mujeres, la causa avanzó apoyada en sus testimonios. Una de estas mujeres, identificada con letras y números para preservar su identidad, contó que “Mercedes les pegaba con un látigo” y les daba cachetadas o les pegaba “con una llave en la frente”. O mandaba a Iván Frías, uno de sus sobrinos, también imputado en la causa, a pegarles cuando tenía salidas transitorias del Penal de Villa Urquiza, donde cumplía una condena por otros delitos. Las escuchas corroboran sus dichos.
En la causa figuran escuchas de las comunicaciones en las que Medina le pedía que “haga cagar a mano limpia” a algunas de las mujeres que explotaba en el local y hacía vivir allí. Más de una vez Medina volvió a usar esa expresión. En una de esas oportunidades, le pidió a una de las mujeres que explotaba que, a cambio de dinero, sacara “de los pelos a Judith a la vereda. Y patéala como sapo a la Julieta”.
Los golpes eran moneda corriente, según la acusación. Pero también las amenazas con armas. En 2013, cuando allanaron la casa de Medina, en su habitación los investigadores encontraron una escopeta calibre 28, marca Iga Gaucha, y 16 cartuchos. Y en el taller mecánico de Robles otra escopeta calibre 16.
Una red interprovincial
Una de las testigos contó que en una oportunidad Robles la llevó a Catamarca, a un prostíbulo llamado Moroco, de donde “traían y llevaban mujeres”. Y también que los viajes incluían otros destinos: Salta y La Rioja. Mencionó entonces que en el taller Robles habría alojado a los explotadores de Marita Verón: José “El Chenga” Gómez, y su madre, Lidia “Mamá Lili” Medina (fallecida antes de conocer la sentencia por el secuestro de la joven desaparecida desde 2002).
Según el fiscal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) tucumana, Daniel Weisemberg, queda ahora en el debate determinar si había conexión entre estas redes y con otros prostíbulos en la región. Por lo pronto, según confirmaron fuentes a Infojus Noticias, tanto Robles como “Doña Medina” serán defendidos por el abogado Carlos Posse, el mismo que en el juicio por el secuestro de Marita representó a sus explotadores.
Posse también se encargará de la defensa de la sobrina política de Medina: Susana “Karina” Figueroa, imputada junto con su esposo, Eduardo Loto, por regentear el prostíbulo cerca de la vieja terminal tucumana. Ella, como las otras mujeres explotadas en el local, también realizaba “pases”. “Que tenga todo anotado, lo de la una, lo de la otra, la que falta lo mismo tiene que pagar, ella ya sabe todo eso”, se la escucha decir a Medina en una de sus comunicaciones telefónicas.
La ruta del dinero e investigaciones frustradas
Robles y Medina están señalados como la posible cabeza de una banda de esclavistas sexuales. Mientras que los otros cinco acusados figuran como partícipes necesarios de esta red delictiva dedicada a la trata y explotación sexual de persona: Loto, uno de los sobrinos de Medina, y su esposa Figueroa, ambos a cargo del prostíbulo de la ex terminal; Frías, el encargado de presionar a las mujeres y a los que pagaban por usar sus cuerpos, eventualmente; María Juárez, regente del “Bar California” y Juan Sarmiento, un docente de escuela primaria, encargado de hacer los recibos de pago en uno de los locales y de “llevar las cuentas”.
Los locales de Medina funcionan en la capital tucumana hace más de 15 años. Estuvo en la mira, primero de la justicia provincial por facilitación de la prostitución, y desde 2009 en la justicia federal por trata. Las víctimas debían realizar allí jornadas de 11 horas por día en condiciones insalubres y, tanto ellas como sus familias, sufrían violencia física, amenazas e intimidaciones, incluso con armas de fuego.
