Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) recomendaron el establecimiento de esas áreas especiales con el fin de que allí se reúnan sus guerrilleros, así como la realización de acciones de reparación a las víctimas y de transformación de la insurgencia en organización política abierta.
Como respaldo a tal iniciativa, la mayor guerrilla colombiana propuso la creación del Consejo Nacional de la normalización territorial.
Ese Consejo estaría integrado por representantes del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, de las FARC-EP transformadas en movimiento político abierto y de las comunidades asentadas en los territorios especiales.
Según la insurgencia, dicha instancia tendrá como funciones, entre otras, velar por la organización y puesta en marcha de los Terrepaz y la coordinación de las relaciones entre estas áreas y las diferentes instancias del Estado y de su organización político-administrativa.
Asimismo las FARC-EP solicitaron el acompañamiento permanente de representantes de la ONU y de bloques regionales sobre los referidos territorios especiales, como parte de iniciativas destinadas al fin del conflicto en Colombia.
Afirmaron que los Terrepaz deberán tener "acompañamiento internacional permanente de la Unión de Naciones Suramericanas, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de la Organización de Naciones Unidas y contarán con mecanismos de veeduría popular y ciudadana".
