A Alvaro Garganta le llevó sólo unas pocas horas decidir solicitar la detención de los cuatro organizadores de la trágica fiesta donde murió ahogada Emilia Uscamayta Curi. Las abrumadoras pruebas contra Raúl “El Peque” García, Santiago Piedrabuena, Gastón Haramboure y Carlos Bellone, llevaron al fiscal a pedirle al juez de garantías, Fernando Mateos, que los encierre mientras sigue investigando y amplió la imputación a “homicidio culposo y desobediencia”.
Pero este sería sólo el primer paso, porque ahora vendrían las acusaciones contra los responsables municipales que no clausuraron el evento y se sospecha que recibieron coimas para “aflojar” los controles. Esta situación pone los pelos de punta a Julio Garro, más teniendo en cuenta que uno de los acusados, El Peque García, es ferviente militante del Pro y reconocido allegado del Intendente.
Garganta quiere presionar a los organizadores de la fiesta para que cuenten qué hay de cierto sobre el pago de una coima de 20 mil pesos a Control Urbano que Thiago Amati, otro de los involucrados que sería imputado en los próximos días, reconoció que se pagó en su muro de Facebook. Además, analiza la denuncia que hizo el juez César Melazo, quien acusó al Jefe de Gabinete municipal, Juan Martínez Garmendia, de haber cobrado también una coima.
Garganta supone que la cercanía de El Peque García al Intendente hace casi imposible que la fiesta se hiciera sin su consentimiento. Por eso, temen en el entorno municipal que finalmente Garro también sea imputado en la causa. Por ahora, el fiscal espera que los funcionarios respondan el escrito que presentó el martes en la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad, donde solicita detalles sobre los controles, el rol de Control Urbano que no suspendió el evento, y de la policía que no estaba en el lugar. Tienen tiempo hasta la semana que viene para responder y para armar una estrategia de defensa, pero la presunción de los funcionarios es que sería casi imposible evitar las imputaciones. “Tienen los globos en la garganta”, se escuchó decir en los pasillos de la Municipalidad en el momento de describir el clima que se vive en el círculo macrista del Intendente, frente a la presión del fiscal.
En el pedido de detención, Garganta sostiene que no se cumplieron las ordenanzas que exigen “permanencia de un médico durante todo el tiempo en las instalaciones, la contratación de un servicio de urgencias y la vigilancia de un guardavida en forma permanente”. Además, afirma tener elementos suficientes para acreditar que Emilia fue sacada a las 9.30 de la mañana de la pileta con síntomas de asfixia. “Ante esto, una participante comienza hacerle RCP, esta reacciona expulsando agua con mucosidad, hasta que un masculino la interpela diciendo que lo hacía mal, y se la lleva en brazos hacia la puerta y de ahí en un taxi hasta el Hospital de Melchor Romero, donde llega fallecida”, dice la fundamentación.
Los familiares de Emilia iniciaron una campaña para buscar testigos que aporten datos, que lleven a reconstruir con mayor precisión cómo cayó al agua y cómo se comportaron los organizadores ante el trágico suceso. Por ahora, el fiscal cuenta con testimonios del empleado contratado para cuidar el estacionamiento, de los patovicas que custodiaban el perímetro de la pileta, y de unos pocos concurrentes al evento. Pero para el abogado de la familia, Adrián Rodríguez, es “clave juntar más información que permita saber todo lo que pasó” y si es necesario pedir el cambio de carátula a una mucho más grave que el homicidio culposo.
