"Nosotros tenemos en manos documentos con lesiones patrimoniales por arriba de 300 millones de dólares que han sido entregados al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ)", declaró el miércoles el contralor general panameño, Federico Humbert.
El contralor, quien lamentó que durante la Administración de Martinelli "la ley de contratación pública fue prostituida", advirtió que la cantidad mencionada podría ser aun mayor, ya que todavía falta por concluir 150 auditorías en entidades del Gobierno central y de gobiernos municipales, mientras que otras 100 no se han podido iniciar por falta de recursos.
Humbert informó, además, que se realizan auditorías a las embajadas de Panamá en La India y República Dominicana, y a los consulados en Catar, Mumbay, Gran Canarias (España) y Guadalajara (México).
El ex presidente Martinelli (2009-2004), contra quien pesa una orden de detención provisional pendiente de ejecución, es acusado de un caso de escuchas ilegales a más de 105 empresarios, periodistas, dirigentes de la sociedad civil y políticos opositores durante su mandato, además de ser objeto de otros cinco procesos abiertos en la CSJ por presunta corrupción y uso ilegal de fondos públicos.
Cuatro ex ministros de Estado y el ex director de un ente estatal están detenidos y procesados por peculado, y varios empresarios, entre ellos el hermano del ex presidente, Mario Martinelli, que está bajo arresto domiciliario como medida cautelar. Asimismo, el año pasado, el magistrado de la CSJ Alejandro Moncada, nombrado por Martinelli, fue condenado a cinco años de prisión por enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica.
En octubre de 2015, la Fiscalía acusó a Martinelli de presuntos espionajes y solicitó a la Policía panameña emitir una alerta a través de la Interpol (siglas inglesas de la Organización Internacional de Policía Criminal) para dar con su paradero. El 4 de noviembre del mismo año, el exmandatario afirmó que regresaría a su país con el fin de rechazar las acusaciones de corrupción y espionaje en su contra.
Los panameños dicen sentirse decepcionados del sistema judicial de su país porque ha pasado un año desde que se recibiera la primera denuncia contra Martinelli y no ha habido ningún avance real en su caso, y creen que la corrupción no es un problema exclusivo de la Administración de Martinelli, sino también del Gobierno actual, que sigue dichas prácticas.
