La Sala Plena de la Corte sentenció el lunes que dicha asistencia se debe pagar, además, a los niños y adolescentes desvinculados de los grupos que se crearon en la etapa de posconflicto, así como los casos anteriores de las denominadas Bandas Criminales en los últimos años.
Es decir "la condición de víctima de reclutamiento ilícito" no depende más del tipo del grupo armado al que pertenecieron los menores; sea una guerrilla de izquierda, una milicia irregular de derecha o una "bacrim"(Bandas Criminales Emergentes al Servicio del Narcotráfico).
Todos los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento, tendrán derecho a la reparación integral en los términos de la presente ley. Los niños, niñas y adolescentes víctimas del delito de reclutamiento ilícito podrán reclamar la reparación del daño”, indicó la Corte Constitucional de Colombia.
“Todos los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento, tendrán derecho a la reparación integral en los términos de la presente ley. Los niños, niñas y adolescentes víctimas del delito de reclutamiento ilícito podrán reclamar la reparación del daño”, indicó la Corte.
Así lo ordenó el alto tribunal colombiano, después de haber estudiado la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la parte de la Defensoría del Pueblo – un ente estatal autónomo que vela por los derechos humanos en Colombia– quien calificaba de discriminatorio el pago de una reparación integral sólo a los menores de edad que habían sido reclutados anteriormente a la fuerza por la guerrilla y los paramilitares.
Asimismo basado en la ley expedida por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA), la corte aclaró que los menores de edad podrán ser beneficiados de una compensación económica y serán capaces de acceder a un proyecto de vida, siempre que entreguen una certificación que muestre su desvinculación de un grupo armado.
Esta decisión de la Corte viene días después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comprometieran a no reclutar a menores de edad en sus filas a fin de agilizar los diálogos de paz que mantienen con el Gobierno colombiano. Posteriormente una autoridad encargada de velar por la infancia en Colombia urgió a los líderes de dicha guerrilla a cumplir con sus promesas y entregar a los niños soldados que mantienen en sus filas.
Tal y como precisa el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, el 65 por ciento de los informes sobre los casos de incorporación forzada e ilícita de menores en Colombia está relacionado con las bacrim. Estos niños son aplicados para el microtráfico de drogas, extorsiones y homicidios, además de ser víctimas de violencia sexual, dice el ente estatal.
