El bloque del FpV solo validó el decreto que prórroga hasta el 30 de abril la eximición del impuesto al biodiesel. Salvo en este último, en el resto de los casos hubo dictámenes dividos.
Los decretos abordados fueron dos modificaciones a la Ley de Ministerios, la modificación del Presupuesto 2015, la transferencia del sistema de escuchas judiciales a la Corte Suprema y la demora del Código Procesal Penal. A su vez, también se expidieron respecto al decreto delegado en materia de biocombustibles.
El resto de las resoluciones serán discutidas el martes que viene a la 11 de la mañana.
Ley de Ministerios
El primer decreto de necesidad de la era PRO (13/2015) fue para estipular una nueva organización ministerial del Poder Ejecutivo. En la primera reunión del cuerpo, el 22 de diciembre, el FPV intentó dictaminar en contra pero el tratamiento fue dado por tierra debido a que no se trataba de un ítem del temario de trabajo.
Pablo Tonelli (PRO – CABA) defendió la medida de la Casa Rosada argumentando que es una necesidad de cualquier jefe de Estado reestructurar los ministerios en función de su estrategia de gestión.
En respuesta, el senador Mario Pais (FPV – Chubut) espetó recalcando que se trataba de una desnaturalización de la herramienta debido a que todos los bloques de la oposición en el Congreso exhortaban al Poder Ejecutivo para que convocara a sesiones extraordinarias.
Letras intransferibles del Tesoro Nacional
El 211/15 modificó el Presupuesto Nacional y derogó el artículo 52. De esta forma el Banco Central recibió una letra intransferible de parte del Tesoro.
Desde el Frente Para la Victoria, la senadora Graciela De La Rosa (Formosa) fundamentó el posicionamiento en contra por considerar fue una estrategia de canje “le cuesta mucho más cara” al Estado nacional que si hubieran utilizado el mecanismo habitual en la era kirchnerista, es decir pagar la deuda externa con reservas del banco central.
Estimó que este DNU está costando 10 mil millones de dólares en intereses.
Ojotas y Código Procesal Penal
Desde el oficialismo, Pablo Tonelli justificó la necesidad de modificar Ley de Inteligencia, para transferir a la Corte Suprema de Justicia la facultad de realizar escuchas judiciales. El argumento de Cambiemos se basa en que estando el sistema de interceptación de comunicaciones en manos del Ministerio Público Fiscal no se aseguraba el derecho a un juicio justo.
En tanto que respecto a la demora en la entrada en vigencia del Código Procesal, detalló que no estaban dadas las condiciones temporales para llevar adelante la adecuación del sistema judicial al nuevo paradigma procesal.
Por su parte, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (FPV – Mendoza) salió al cruce. Indicó que estas dos resoluciones del Ejecutivo “efectivamente violan” el eje del derecho penal, el sustancial y el orgánico.
A su vez, consideró que se trata de“materia vedada”, es decir que el presidente no estaría facultado a impulsar esta medida de necesidad y urgencia debido a que la Constitución establece que el presidente no puede decretar en materia penal bajo ninguna circunstancia.
Autoridades
La jornada comenzó con la designación de autoridades en forma unánime. Como presidente del cuerpo fue electo Luis Naidenoff (UCR – Formosa), Marcos Cleri (FPV – Córdoba) en la vicepresidencia.
Acordaron que en 2017, rotarían la titularidad del cuerpo y Cleri pasará a ser el presidente. Además, el senador Adolfo Rodríguez Saá (Compromiso Federal – San Luis) fue electo por sus compañeros como secretario.
