La iniciativa de la legisladora oficialista establece que “toda persona” tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información de cualquier órgano perteneciente al sector público nacional. A su vez, dispone que también alcanzará a las organizaciones que hayan recibido aportes del sector público o subsidios.
Por otra parte, el articulado presentado esta mañana libera de esa obligación cuando se trate de información clasificada como reservada a través de un decreto presidencial por una ley nacional por “razones de seguridad, defensa o política exterior”.
Asimismo, aclara que esa reserva “en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores”.
El proyecto estipula que el pedido de información deberá ser resuelto en un plazo de diez días hábiles (prorrogables por el mismo tiempo).
