La decisión la tomó el juez Santiago Inchausti, quien hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal que solicitó que se conecten cinco causas que estaban tramitando en la Justicia Federal y otros cinco expedientes que tramitaban en Tribunales provinciales, relacionados con acciones de grupos neonazis.
El juez acusó a los procesados de haber actuado, en grupo o individualmente, en diversos episodios de violencia, que van desde pintadas, daños materiales, amenazas de muerte y fuertes golpizas.
Sus víctimas "no son elegidas al azar, ellos reivindican el nazismo y usan y difunden simbología nazi, cuestiones contempladas como actos discriminatorios en la legislación argentina".
Además, pertenecen a un "grupo organizado que actúa en relación a personas o grupos minoritarios, así como comercios que pertenecen a sujetos con militancia política o actividad social, lo que también es delito según el Código Penal".
Durante la investigación se realizaron intervenciones telefónicas y allanamientos simultáneos en distintos domicilios, con secuestro de elementos de interés para la causa.
Luego de las declaraciones indagatorias –a las que los acusados se negaron- y las rondas de reconocimientos, el procesamiento requerido por el Ministerio Público fue resuelto por el magistrado.
El juez fijó la suma de un millón de pesos por cada procesado, a fin de garantizar la pena pecuniaria, la responsabilidad civil y penal que pudiere caberles.
De esta manera, se los intimará a dar dinero o bienes a embargo, y en caso de carecer de los mismos se decretará la inhibición general de bienes.
Inchausti ordenó dar intervención al Inadi dado que “se observa del material fílmico y fotográfico reservado –sin perjuicio de la prueba que representa para estas actuaciones-, la presencia de varias personas (algunas probablemente menores de edad) para su análisis y tratamiento frente al peligro de propagación de conductas futuras”.
Según consta en la resolución, Olea, Paniagua, Caputo, los hermanos Spagnolo, Levchenko -alias “Rusito”-, Pozas y un menor de edad, son parte de la organización desde al menos el año 2013.
Desde allí "han articulado, en conjunto o individualmente de acuerdo al caso, amenazas y causado lesiones físicas, así como daños materiales, movidos en función de las proclamas del grupo nazi al que pertenecían".
El juez destacó que los jóvenes se identificaban con nombres afines como skinheads o “pelados”, se presentaban armados de palos, manoplas y armas blancas a amedrentar, amenazar y lesionar a personas que, siempre en inferioridad numérica, no podían defenderse.
También, en grupo pintaban, a modo de escrache o propaganda, cruces esvásticas, frases de contenido nazi o amenazas en los frentes de los domicilios de las víctimas o de sus organizaciones.
Inchausti mencionó que estos grupos "persiguen la ocupación del espacio público de dos maneras: físicamente con la disputas de plazas, por ejemplo, y a su vez, imponiendo por la fuerza la ideología, con la violencia como patrón, atacando a quien brega por la igualdad como base de un Estado democrático de Derecho".
Los fiscales de la causa son Laura Mazzaferri y Nicolás Czizik, parte de la comisión especial creada por la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
(fiscales.gob.ar)
