"Las pesquisas no avanzan porque la fiscalía demora las diligencias de búsqueda y no ha permitido al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acceder a algunos lugares para entrevistar detenidos o funcionarios involucrados en el caso", dijo el abogado de los padres, Vidulfo Rosales.
El grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trabaja desde marzo de 2015 en el caso y en septiembre publicó un informe que desestimó la versión oficial de que los jóvenes habían sido masacrados y quemados en un basurero.
"La confianza sigue depositada en ellos (los expertos) (...) No podemos confiar en un gobierno como el que tenemos hoy", dijo Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de los jóvenes.
Un portavoz de la fiscalía dijo que no habrá comentarios a las acusaciones de los familiares y remitió un comunicado que señala una serie de acciones que se han realizado en el último mes para atender todas las líneas de investigación del caso.
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecieron tras sufrir una fuerte represión policial durante una protesta. Los agentes locales entregaron a los jóvenes a la banda criminal ‘Guerreros Unidos’. Hasta el momento solo se han recuperado los restos de dos.
