Son 65 internos que elevaron a las autoridades sus reclamos que desde ayer se declararon en huelga de hambre, después de muchas solicitudes, reclamos y huelgas a lo largo de estos meses manifiestan la mora del juzgado de ejecución pena de Rosario.
Piden que no se trasladen a los delegados como viene ocurriendo cuando los presos toman una medida para que se aceleren los trámites judiciales ya que muchos manifiestan y certifican el incumplimiento de la ley 24660, en cuanto a progresividad de la pena y los derechos que le competen.
Hay una clara violación a los derechos humanos, tratos crueles y degradantes que se expresan de manera taxativa.
Las condiciones en que la entran las visitas fueron una de las situaciones que generaron conflictos, Luego de la última huelga y por dos semanas se normalizó la entrada. Hoy se vuelve a la situación anterior con largas esperas y sin respetar los horarios de las mismas.
La comida es de baja calidad y muchas veces en mal estado, hemos visto gusanos, a esto se agrega que no dejan entrar la comida que con tanto esfuerzo traen sus familiares.
Falta de mantenimiento, Hay 5 piletas para lavar la ropa, funciona sólo una.
Desde la huelga anterior se viene pidiendo ventanas, cuando llueve se moja toda la ropa., las cloacas siguen tapadas, los baños pierden agua, hay celdas donde los presos viven sobre el agua.
No se han entregado colchones ni frazadas. La atención médica no existe. La enfermería atiende 14 a 16.
En esta situación algunos jueces niegan las salidas otorgadas. Una presión clara a las personas que no tienen otro modo de reclamo que la autoflagelación que significa la suturación de bocas y ojos, en huelga de hambre.
Atento a los derechos que les asisten, a vulnerabilidad de esta población y la medida que llevan con determinación. Solicitamos que desde el poder judicial, se tomen las medidas para resguardar los derechos de estas personas aisladas y depositadas en la cárcel.
Desde la coordinadora de trabajo carcelario, en diálogo con la personas privadas de la libertad, en prevención de la violencia institucional. Reclamamos que los jueces, defensores, miembros del poder ejecutivo de la Provincia de Santa Fe actúen en consecuencia para garantizar la vida y la seguridad.
La jueza que oficia que ante una medida de reclamo para que se quiten los derechos ya adquiridos, que corresponden por ley de salidas y acercamiento familiares (nuevo sistema) en la medida que su cargo la responsabiliza a reguardar los derechos contemplados en la legislación nacional e internacional e imponiendo arbitrariamente y de manera irresponsable, la posibilidad que una medida pacífica, se convierta en un conflicto.
(APL)
