Comunicadores de la Argentina (COMUNA) expresa su preocupación y advierte a todas las organizaciones de comunicación y de periodistas por la amenaza gravísima contenida en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional referido al blanqueo de evasores impositivos, ya que en el artículo 85 prevé multas y encarcelamiento por la difusión de los nombres de los beneficiados por la medida y de los montos involucrados.
La iniciativa del gobierno macrista prevé dos años de prisión para quienes, sin pertenecer a ninguna de las jurisdicciones estatales involucradas en estas operaciones, publiquen información. Para ello, prevé la aplicación del artículo 157 del Código Penal.
Además, quienes difundan los datos –el proyecto de ley los llama “terceros”- deberán pagar una multa que será igual al monto que los evasores declaren ante el fisco para el blanqueo. Esto quiere decir que si un empresario blanquea diez millones de dólares, por ejemplo, el periodista –o el medio que responda por él- tendrá que pagar esa misma cifra, lo que como es fácil observar amenaza la existencia misma del medio involucrado.
El artículo 85 del proyecto de blanqueo, presentado al público por los medios oficialistas como una iniciativa destinada a favorecer a los jubilados, por los compromisos de pago que se expresan a raíd del dinero que supuestamente se recaudará, pretende así establecer un secreto absoluto sobre quienes se presenten al blanqueo.
La redacción completa del proyecto está disponible, entre otros espacios, en este link.
El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, trató el tema en su nota en el diario Página/12 del domingo 5 de junio.
Allí escribió que pretende imponer el “más absoluto secreto” de toda la información sobre los montos evadidos y el blanqueo “obtenida por la AFIP, la Unidad de Información Financiera, los jueces, funcionarios o empleados judiciales”.
Agrega que “el castigo en caso de filtración abarca también a los periodistas y las ONG’s” que puedan involucrarse, como las que se dediquen a la investigación de los movimientos de capitales, pues el proyecto habla de “los terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales” de quienes se acojan al beneficio previsto por el gobierno.
Verbitsky advierte que “no sólo se les aplicarán hasta dos años de prisión como marca el artículo 157 del Código Penal, sino también ‘una multa igual a una vez el valor de los bienes exteriorizados’. Sin duda, cuanto mayor sea el monto exteriorizado y más notoria la personalidad del blanqueador, mayor interés público tendrá la noticia. Pues mayor será el castigo”.
COMUNA exhorta a todas las organizaciones y entidades que participan de la comunicación, directa o indirectamente, a que multipliquen sus acciones para frenar esta amenaza. En especial, propone dirigirse a cada uno de los legisladores nacionales, como lo hará COMUNA, para reclamarles que preserven el derecho constitucional de libertad de expresión y rechacen las previsiones de este artículo o cualquier otro proyecto o norma que, ahora o en el futuro, pueda tener iguales fines.
*Por Comunicadores de la Argentina
