La fiscal general guatemalteca, Thelma Aldena, informó el jueves de que Pérez y su ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión, lideraron una red de empresas que desde 2008 se involucró en el lavado de dinero con “fines de enriquecimiento ilícito” por medio del Partido Patriota (PP), fundado por los dos en 2001.
“Ambos recibieron diversos beneficios de todo tipo, desde el pago de servicios públicos, arrendamientos, gastos de tarjeta de crédito, compra de pasajes, ropa, joyas, aviones, helicópteros, vehículos, motocicletas, lanchas, terrenos, casas, fincas, bodegas, oficinas y hasta villas”, anunció Aldena durante una conferencia de prensa.
Ambos recibieron diversos beneficios de todo tipo, desde el pago de servicios públicos, arrendamientos, gastos de tarjeta de crédito, compra de pasajes, ropa, joyas, aviones, helicópteros, vehículos, motocicletas, lanchas, terrenos, casas, fincas, bodegas, oficinas y hasta villas”, afirmó la fiscal general guatemalteca, Thelma Aldena.
Al mismo tiempo, manifestó que los fondos procedían de financistas anónimos canalizados mediante las empresas ficticias, y que la práctica continuó “cooptando instituciones claves del Estado”.
De este modo, continuó la fiscal, el Gobierno de Peréz se convirtió en un “negocio” y en un lugar donde cualquier actividad tenía beneficio para los altos cargos que debían trabajar para los intereses de la nación.
La Policía de Guatemala arrestó el mismo jueves a al menos 23 sospechosos, entre ellos el ex ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación Edín Barrientos, además de personas de confianza de Pérez y Baldetti.
Pérez Molina y Baldetti están en prisión bajo supuestos cargos de cohecho y defraudación aduanera por el caso conocido como "La Línea".
