La doctora Ana Barilaro -Jueza a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 20-, resolvió hacer lugar a una medida cautelar presentada por Valeria Casanovas y ordenó a las autoridades del organismo dar marcha atrás con los despidos.
A su vez en el mismo dictamen la magistrada establece que en caso de incumplimiento de esa medida dispuesta sancionará económicamente a través de multas por cada día de infracción.
Esta medida judicial se da en el contexto de la presentación que realizó ATE Capital al Ministerio de Trabajo solicitando la apertura de una mesa de negociación para que se respete el Convenio Colectivo de Trabajo del registro y de la entrega de un proyecto de ley ante el Bloque de Diputados del Frente para la Victoria que establece la continuidad de las funciones del organismo.
285b11b5-adb7-466d-aa1c-86ccc6f5e5f8La decisión de la jueza Barilaro significa un nuevo revés de la justicia hacia el gobierno nacional, en este caso representado por los hombres de Gerónimo “Momo” Venegas y su intento por achicar la planta de trabajadores públicos. En particular, ahora se trabó el intento por desmantelar el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATEA) y despedir a más de 600 trabajadores.
Este caso se suma al fallo que ordenó la reincorporación de una trabajadora en la Superintendencia de Seguros por considerar los despidos como un acto infrahumano y al del trabajador del ANSES en el cual el lineamiento establecido se basó en que echarlo sería privarlo del goce del 14º bis de la Constitución Nacional.
Asimismo, hace pocos días, la justicia volvió a jaquear los despidos tras ordenar la reincorporación de los trabajadores de la Secretaria de Agricultura Familiar ya que consideró que fueron víctimas de una persecución ideológica. De esta manera, todas las acciones judiciales iniciadas desde ATE han abierto nuevas puertas para las reincorporaciones de los trabajadores cesantes y establecen una jurisprudencia hasta el momento inédita.
En base a esto, Inés Arancibia, delegada de ATE Capital, manifestó que “la cautelar confirma lo que venimos pidiendo desde nuestro gremio, que es la suspensión del acuerdo inconstitucional e improcedente que fue firmado por UPCN y el RENATEA ya que este vulnera los derechos de los trabajadores, y por otra parte que se respete el Convenio Colectivo”.
El Convenio Colectivo de Trabajo -firmado en mayo del 2015 por las autoridades de RENATEA y el gremio UPCN- acordó que se aseguraran los derechos fundamentales de los trabajadores, entre ellos la estabilidad laboral, en caso de disolución del organismo. Tras el cambio de gobierno, las nuevas autoridades y UPCN suscribieron un Acta Acuerdo por el cual se derogó el Convenio Colectivo de Trabajo del personal del Registro. Como consecuencia, se procedió al despido de 600 personas que fueron contratados durante el período 2012/2015.
En ese sentido, Guido Mapik Godoy –integrante de la mesa federal de ATE RENATEA–, explicó que “el fallo le exige al Ministerio de Trabajo que se abstenga de homologar acuerdos de esa resolución y nos da el reconocimiento de que somos empleados públicos”. Luego agregó: “lo destacable es que mantiene vigente nuestro Convenio Colectivo. El cual nos garantizaba la estabilidad laboral y la opción de requerir la indemnización o solicitar la reubicación en cualquier ámbito de la administración pública en caso de disolución del organismo”.
Desde ATE Capital advirtieron que continuarán con las medidas judiciales para seguir defendiendo tanto a los trabajadores del RENATEA como a las políticas sociales que el registro lleva a cabo. Así lo expresó Inés Arancibia tras afirmar: “estamos contentos por esta decisión de la justicia pero seguimos convencidos en continuar con las tareas gremiales que estamos llevando a cabo porque entendemos que con el fallo solo no alcanza ya que este puede generar un revés”.
