El patrón electoral refleja un total de posibles electores de 2,857,901 para este año, un aumento de 584,108 votantes sobre el 2012, cuando estaban habilitados 2,273,793. Estos números se han debatido incesantemente desde que el caso judicial Colón-Marrero v. García Vélez resuelto en el Tribunal de Distrito Federal para Puerto Rico en el 2015 resolvió que se añadieran a las listas electores y electoras que no habían votado en las elecciones anteriores, es decir las de 2008 o las de 2012.
Este hecho significa que aunque la población de Puerto Rico ha disminuido numéricamente durante los últimos cuatro años, el número de electores habilitados aumentó. Otra de las consecuencias del caso es que la tasa de participación, que en Puerto Rico es usualmente alta, disminuya porque se estarán contando electores que ya no residen en el país.
Es una realidad que el número de mujeres habilitadas para votar es mucho más alto que el de los hombres; y también de que más mujeres participan en el proceso electoral, lo que se refleja en las estadísticas de la CEE. Sin embargo, esa alta participación de mujeres en el proceso electoral no se traduce en una mayor representación de las mujeres en las cargos electivos. Es decir, en las legislaturas estatal y municipal; así como en los cargos para la dirección del ejecutivo. De hecho, en el proceso primarista, realizado en junio de este año, muchas de las mujeres candidatas no resultaron electas en la contienda.
Este año trae interesantes candidaturas de mujeres, la licenciada María de Lourdes Santiago aspira al cargo de gobernadora por el Partido Independentista Puertorriqueño y la licenciada Alexandra Lúgaro compite por el mismo cargo como candidata independiente. Ninguna de las dos es candidata de uno de los partidos grandes y tradicionales, lo que limita sus posibilidades de triunfo. Para el cargo de comisionado residente, aspiran también dos mujeres, la licenciada Jennifer González por el Partido Nuevo Progresista y la licenciada Mariana Nogales por el Partido del Pueblo Trabajador.
Ninguna de estas candidatas ha apelado al electorado femenino como lo ha hecho la demócrata Hillary Clinton en la contienda electoral de los Estados Unidos. Su campaña apela a las feministas, a la comunidad LGBTT, a las minorías, a la gente diferente, aun cuando ella también ha representado el poder económico de esa nación. En la convención de su partido, celebrada recientemente en Filadelfia, hubo énfasis en su vida personal e íntima, y tanto su esposo y su hija la apoyaron y añoñaron con sus discursos. Varias destacadas lideresas feministas hablaron por ella y encomiaron su agenda de trabajo por y para las mujeres, sus hijos e hijas y las personas menos privilegiadas.
¿Por qué no ha ocurrido esto en Puerto Rico? Podemos señalar que sí ha habido un esfuerzo de la candidata del PIP cuando habla de las necesidades de los niños de educación especial y otros proyectos. También otras candidatas y pre candidatas como Luisa Gándara (PPD), Mari Tere González (PPD), Amárilis Pagán (PPT) y Edda López (PIP), entre otras, han hecho declaraciones positivas hacia posiciones de las mujeres, pero no ha sido una consigna principal de sus partidos.
Cuando las mujeres en Puerto Rico participen este año en el proceso electoral, se cumplirán 84 años desde que en el 1932 votaron por primeras vez las mujeres letradas en el país, y 80 años desde que en el 1936 hubieran podido votar todas las mujeres en Puerto Rico, independientemente de si sabían o no leer y escribir. No es una efeméride baladí. La lucha por el sufragio femenino en el país ha sido históricamente fuerte. El movimiento feminista por el sufragio, que data de más de 120 años, es uno firme, decidido y que trascendió barreras de clase social y de ideales partidarios, desde Luisa Capetillo y Ana Roqué, pasando por Ángela Negrón Muñoz y Concha Torres, hasta Felisa Rincón, María Luisa Arcelay y María Libertad Gómez.
¿Qué hace falta para traducir la masiva participación electoral de las mujeres en Puerto Rico en una eficaz representación en las instituciones gubernamentales? Esta es la preocupación que debe ocupar a mujeres y hombres de avanzada con conciencia de igualdad política.
