En el fallo se ordena a la Procuraduría indemnizar a la ex senadora por los daños causados, por lo que deberá responder por los pagos de salarios y prestaciones que dejó de recibir entre el 3 de noviembre del 2010, cuando fue separada de su curul, y el 19 de julio del 2014, día que finalizaba su periodo legislativo.
El alto tribunal consideró que “son ilegales” los elementos de prueba recaudados del computador del extinto jefe de las Farc ‘Raúl Reyes’, durante la operación Fénix, en Ecuador, con los que la Procuraduría destituyó a Córdoba.
“Son ilegales todas las pruebas recaudadas en dicha operación militar. En su práctica y recolección no se tuvieron en cuenta los requisitos legales esenciales que contemplan el reglamento jurídico colombiano y el acuerdo de cooperación de intercambio judicial suscrito entre Colombia y Ecuador”, señaló Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado.
El fallo agrega que la Procuraduría “vulneró el derecho fundamental al debido proceso al considerar como pruebas válidas las practicadas y recaudadas en desarrollo de la operación Fénix, las cuales se consideran inexistentes”.
Este martes, luego de conocer la decisión, la exsenadora aseguró que el Consejo de Estado reconoció “que el Procurador usó pruebas contra mí que la Corte Suprema ya había declarado inválidas. (…) A las más de 60.000 personas que votaron por mí en el 2010 les digo que, aunque inhabilitada, en mi lucha por la paz seguí representándolos”, dijo.
El principal argumento del magistrado ponente, William Hernández, quien pidió tumbar la destitución e inhabilidad, fue que la cadena de custodia del computador de ‘Reyes’ se había roto y no había garantía de que los archivos fueran verídicos. La votación quedó 17 votos a favor de la ponencia y seis en contra.
Los documentos, según la Procuraduría, confirmaban supuestos vínculos de la entonces senadora con grupos al margen de la ley. Sin embargo, el Consejo de Estado señaló que son noticias que solamente sirven para el registro de un hecho, pero no se les puede dar valor probatorio.
En la sentencia, el alto tribunal dice que fue un hecho notorio, y suficientemente conocido por el pais, que Piedad Córdoba ha sido una fuerte opositora de los ultimos gobiernos y además dirigente de Colombianos por la Paz.
También destaca su empeño en buscar mecanismos para liberar a las personas secuestradas por las Farc. En el 2009, Córdoba participó junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja para la liberación de 24 integrantes de la Fuerza Pública por las Farc, y en diciembre del 2010, el presidente Juan Manuel Santos la autorizó para participar activamente en liberaciones de más secuestrados.
Aunque el Consejo de Estado tumba una sanción clave contra Córdoba, la exsenadora aún tiene otra inhabilidad pendiente que la mantiene, por ahora, fuera de los cargos públicos. En ese alto tribunal cursa otra demanda por una inhabilidad de 14 años que le impuso la Procuraduría, en mayo del 2012, por supuestamente apoyar económicamente, mientras era senadora, al candidato Ricardo Antonio Montenegro para llegar a la Cámara de Representantes. Ese proceso todavía no ha tenido ningún avance.
Triunfo jurídico y político
Si bien esta decisión del Consejo de Estado no habilita a Piedad Córdoba para participar en escenarios electorales, sí la oxigena políticamente.
No obstante las dos sanciones (por 18 y 14 años) que la marginaron de los cargos públicos, Piedad siguió activa en política.
Las sanciones disciplinarias también empujaron a Córdoba, que había militado en el liberalismo, hacia las corrientes de izquierda.
Es precursora de la salida negociada al conflicto y será clave en el posconflicto.
Aunque aún tiene aún sanción de 14 años que le impide ostentar cargos públicos, tendrá un papel importante en la política.
